El PP fuerza tres comparecencias de Sánchez en el último pleno de la legislatura

La XII Legislatura se precipita hacia su final por el adelanto electoral al 28 de abril.  En las apenas dos semanas de actividad que le quedan al Parlamento se acumulan los asuntos. La Junta de Portavoces acordó este martes, a propuesta del PP y, en algún caso, con el apoyo de ERC y Ciudadanos, hasta tres comparecencias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la situación en Venezuela, el Brexit y las sociedades instrumentales de algunos de sus ministros.

Las dos últimas semanas activas y de plenos regulares de esta legislatura serán muy intensas. El Gobierno y su grupo parlamentario están dispuestos a gobernar hasta el último minuto, incluso con la aprobación de reales decretos que incluyan reformas que no han tenido tiempo de presentar en su proceso parlamentario normal. Por su parte, la oposición, especialmente el PP, pretende forzar que el Ejecutivo, y particularmente su presidente, queden lo más retratados posible de cara a la inminente campaña electoral.

El PP, en esa línea estratégica, ha presentado este martes, en la penúltima Junta de Portavoces del Congreso, nuevas peticiones de comparecencia del presidente Sánchez sumadas a las que ya había registrado en las últimas semanas. Algunas prosperaron, pero otras continuaron bloqueadas. Los populares ya habían pedido que Sánchez acudiese al Congreso para abordar el asunto del Brexit y la salida de Reino Unido de la Unión Europea. También para que explicara las razones de por qué algunos de sus ministros han utilizado sociedades mercantiles para la compra de sus viviendas y otros inmuebles. La Junta ha fijado este martes la fecha de esas explicaciones para el miércoles 27 de febrero, el último pleno de control al Ejecutivo de esta legislatura.

La portavoz del PP, Dolors Montserrat, ha incluido este martes otra petición para que el presidente Sánchez se presente ante la Cámara baja: la crisis política y social que vive Venezuela. El asunto ha sido aceptado por ERC y Ciudadanos. Los populares intentaron que el jefe de Gobierno también acudiese para indagar sobre la reunión que mantuvo el 21 de diciembre en Barcelona con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y sobre las presuntas cesiones que se pudieron abordar en esa cita, según el documento que posteriormente filtró el Ejecutivo autónomo catalán, pero la Junta ha rechazado esa pretensión.

Con ese mismo objetivo, lograr que el presidente acuda a las Cortes para saber de sus pasados intentos de negociar con los partidos independentistas catalanes, el PP planteará preguntas de control. Además, este mismo martes los populares han presentado una proposición no de ley para modificar el Código Penal que contemple el delito de rebelión para el caso de que autoridades convoquen referendos ilegales. El PP sostiene formalmente que su meta con este tipo de iniciativas es reforzar el Estado de derecho y las instituciones democráticas del Estado. Montserrat ha añadido que, aunque su formación considera que la legislatura está acabada y que el Gobierno no debería ni intentar legislar ni presentar nuevos reales decretos, el PP sí puede presentar esa proposición para reafirmar que fueron ellos los que en su día incluyeron ese delito de rebelión en el Código Penal que, posteriormente, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero eliminó.

El Congreso, en esta situación de evidente precampaña, se ha dividido este martes y así será hasta el final de la legislatura: por un lado, los partidos que comparten con el Ejecutivo, y con el PSOE, que aún se puede intentar gobernar y aprobar propuestas, incluso por decreto, hasta el final; por otro, los que rechazan esa vía excepcional. El PNV, Podemos, ERC, Compromís y PDeCAT han mostrado algún recelo ante el abuso en condiciones normales de ese tipo de medidas extraordinarias, pero Joan Baldoví, de Compromís, lo ha justificado y hasta ha usado una metáfora muy gráfica: "No me gusta esa vía pero la legislatura no termina hasta el 5 de marzo y hasta entonces hay partido y podemos marcar dos o tres goles en los últimos minutos".

Carles Campuzano, del PDeCAT, ha subrayado, en esa misma línea, que el Gobierno del PSOE no debía haber precipitado la legislatura y haberla aprovechado un poco más. El diputado catalán ha afirmado que su formación estaría a favor de que el Consejo de Ministros apruebe un real decreto con la prórroga del impuesto eléctrico para ayudar a las familias con más problemas económicos para pagar la luz.

Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos, también respaldó la utilización de los reales decretos en esta fase terminal de la legislatura, incluso tras el final de las sesiones normales y durante la vigencia de la Diputación Permanente, aunque expresó algunos reparos a su abuso: "Es un mecanismo parlamentario legítimo de cuestionable rigor parlamentario y podrán usarlo, pero en lo que hay que concentrarse es en construir un futuro Gobierno sólido y estable".

La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, ratificó en este sentido que el Gobierno de Sánchez tiene la intención de gobernar "hasta el último día con reales decretos". Según Lastra, son proyectos fundamentales para la ciudadanía que no han podido sacar adelante por el bloqueo de la mayoría de derechas en la Mesa del Congreso. El PP y Ciudadanos tienen cinco de los nueve miembros de esa Mesa que dirige los debates de la Cámara baja.