Los pleitos del Gobierno contra la transparencia

En los primeros ocho meses de Gobierno de Pedro Sánchez los ministerios y las empresas públicas han ido a juicio para evitar divulgar información en 25 ocasiones. En un periodo similar, los últimos ocho meses de su mandato, el Gobierno de Mariano Rajoy presentó en los tribunales 19 recursos contra decisiones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que le obligaban a hacer públicos datos o informes. Así se desprende del análisis de los recursos contencioso-administrativos que ha presentado la Administración contra resoluciones del órgano independiente que vela por la transparencia en España.

Se da la paradoja de que en materia de transparencia la Administración pleitea contra sí misma, porque el Consejo de Transparencia es un organismo público en teoría independiente pero que depende orgánicamente de un ministerio (ahora, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública; con el anterior Gobierno, del Ministerio de Hacienda). El CTBG funciona como una especie de juez que dirime si una solicitud de información debe ser pública o no. Actúa cuando los ciudadanos no están de acuerdo si un ministerio o una empresa pública como RTVE o Renfe les deniega información. En apenas tres años y medio la Administración del Estado ha ido a los tribunales en 88 ocasiones para oponerse a lo que decide su propio experto en transparencia.

"La litigiosidad va en aumento por una razón muy sencilla: la Administración busca ganar tiempo", señala el jurista Miguel Ángel Blanes. "Desde que se solicita la información hasta que finalmente le llega al ciudadano, transcurren casi dos años y medio. Una auténtica barbaridad. Luego se preguntan algunos: ¿por qué los periodistas no hacen más uso de la ley de transparencia? Si el interés público de la noticia se tiene que mantener dos años, estamos perdidos", añade. En su opinión, este es el mejor ejemplo de cómo los Gobiernos se toman poco en serio la transparencia y la "falta de respeto" que tienen a las resoluciones del Consejo de Transparencia.

Además, estos litigios, previstos en la ley de transparencia de finales de 2013, consumen recursos públicos. Al Gobierno y a las empresas públicas las defienden los abogados del Estado, pero como estos no pueden enfrentarse a sí mismos, el Consejo de Transparencia se ve obligado a contratar abogados externos. Hasta ahora el gasto en representación jurídica asciende a 287.000 euros. El absurdo de que la propia Administración pelee en los tribunales contra sí misma se aprecia gráficamente en la documentación judicial, donde en muchos casos el recurrente y el demandado son el mismo.

En el Consejo de Transparencia ven este aumento de la litigiosidad "con preocupación", asegura Esperanza Zambrano, subdirectora general de Reclamaciones de este organismo. "Supone un desembolso de dinero público por ambas partes, además del bloqueo y el colapso organizativo para atender estos recursos", añade. En su departamento trabajan solo seis personas. A Zambrano le preocupa también el hecho de que los recursos que plantea la Administración no sean para obtener una interpretación de la ley de transparencia por parte de los jueces, sino que en muchos casos versan sobre "cuestiones para las que ya hay un criterio establecido". 

Un portavoz del Ministerio de Política Territorial y Función Pública aseguró sobre el aumento de la litigiosidad que "debe tenerse en cuenta el breve recorrido de la ley de transparencia y la importancia, por tanto, de avanzar en la conformación de criterios conjuntamente con otras instancias, en este caso las judiciales". "Cuestionar no es malo", añadió, y puede ser incluso "positivo si el resultado es una mayor seguridad jurídica". También afirmó que los casos que llegan a esta instancia son muy pocos con respecto a las solicitudes de información pública que presentan los ciudadanos (menos del 0,5%).

RTVE, la que más pleitea

El caso de RTVE es especialmente llamativo. Es el organismo público que más veces ha llevado a los tribunales una resolución de transparencia para evitar dar la información que se le requiere. La Corporación RTVE ha presentado 15 recursos en los juzgados de lo Contencioso-administrativo para evitar informar sobre cuestiones como los gastos del festival de Eurovisión, la cobertura de los Juegos Olímpicos, el sueldo de sus directivos o el programa Masterchef.

Samuel Parra, abogado especializado en protección de datos y transparencia y socio del despacho 451.legal, lleva una decena de pleitos con RTVE. Cinco de sus solicitudes de información a la radiotelevisión pública han llegado a los tribunales. Los ha ganado todos. Uno de ellos, el que pedía conocer el gasto de Eurovisión 2015, ha llegado hasta el Tribunal Supremo, creando jurisprudencia sobre qué información debe ser pública. Pese a que el fallo del Supremo es de 2017, RTVE ha seguido presentando recursos. El último, en 2019.

El caso de RTVE es “un auténtico despropósito porque en varios asuntos está pleiteando por no dar información que la propia ley dice que debería publicar directamente”, asegura Parra. Se refiere al deber de publicidad activa que recoge la Ley 9/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Los datos “de naturaleza económica, presupuestaria y estadística” deberían ser públicos por defecto en todas las Administraciones y entidades públicas; no tendría que hacer falta que alguien los solicitara. Pero RTVE sigue sin publicarlos y continúa negándose a hacer caso al Consejo. En cuanto a que la Administración pleitee contra sí misma, Parra lo califica de “despilfarro de dinero público". RTVE no respondió a las preguntas de EL PAÍS.

Que la Administración recurra a los tribunales para ocultar información ha dejado de ser algo excepcional como los especialistas en transparencia creyeron que sucedería cuando se aprobó la ley. El Ministerio de Sanidad ha recurrido en 10 ocasiones, la mitad de ellas durante el Gobierno de Pedro Sánchez. Pese a que el Consejo de Transparencia cree que debería hacerlos públicos, se niega a facilitar informes sobre medicamentos, publicidad institucional o sobre los efectos de un producto llamado Ala Octa, que dejó ciegas a decenas de personas en 2015. En este último caso, la solicitud que inició el pleito la presentó EL PAÍS.

Gastos de los viajes del presidente

Entre los ministerios destaca también el de Fomento, que acumula 15 procedimientos en los tribunales. Tres de ellos en nombre de Renfe (sobre retribuciones de los directivos y expedientes de contratación), uno de Adif (sobre las condiciones laborales de los directivos de la empresa pública) y varios más presentados por autoridades portuarias (Barcelona, Gijón, Baleares…), que se niegan, entre otras cosas, a hacer públicas las actas de sus consejos. Información que debería ser pública por defecto. En este caso también se han presentado recursos durante el Gobierno de Pedro Sánchez.

El Ministerio del Interior (ocho pleitos), el de Defensa (4 contenciosos) y la Agencia Tributaria (también 4) son otros organismos públicos que también están peleando en los tribunales para no dar la información que el Consejo de Transparencia les instó a que hicieran pública. Las resoluciones del Consejo no son vinculantes y tampoco tiene capacidad sancionadora. De ahí que haya casos en los que el Gobierno haya decidido ignorarlas sin más, sin siquiera pelearlos en los tribunales. Así ha ocurrido, por ejemplo, con los gastos de los viajes del presidente.