El concejal de Cádiz que robó 16 toneladas de leña a su Ayuntamiento

Cortada a trozos pequeños para que “entrasen en su chimenea” y en portes privados pagados con dinero público. Así es como el concejal del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera Francisco Muñoz supuestamente se apropió de entre 16 toneladas y 30 toneladas de leña municipal, según la Fiscalía Anticorrupción de Cádiz. Por la sustracción de tal volumen de madera, el Ministerio Público pide para Muñoz una pena de prisión de 27 meses de prisión y ocho años y medio más de inhabilitación para cualquier cargo electo.

El concejal, ahora en la oposición del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, se enfrenta a los cargos de malversación de caudales públicos y la Fiscalía le considera inductor de delitos de falsedad continuada en documento mercantil y prevaricación. Los hechos se remontan a 2013, cuando el edil -del partido local Alternativa Independiente Progresistas, AI-Pro- era delegado de Medio Ambiente en el Ayuntamiento, como recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de la localidad al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Muñoz aprovechó unas obras de remodelación del camping municipal de la Hacienda El Santiscal en la que era necesario suprimir 500 cipreses. La madera resultante de esta tala debía ir a dependencias municipales, con el fin de ser usada para hogueras en distintos eventos del pueblo. Pero el titular de Medio Ambiente decidió darle otros “fines particulares”, tal y como considera el fiscal Manuel Luis Arjona en su escrito.

“Utilizó empleados municipales para que cortasen la leña en trozos más pequeños de lo habitual para que entrasen en su chimenea”, llega a exponer el fiscal en un escrito remitido al juzgado el pasado julio de 2018 pero no adelantado hasta ahora por el medio local Diario de Cádiz. En total, Muñoz se apropió entre 16.000 y 30.000 kilos de madera que envió a una finca privada propiedad de su padre que se encontraba a algo más de tres kilómetros del camping.

Para el porte contó con la ayuda de J.M.S.M. y A.J.R., dos trabajadores externos al Ayuntamiento, contratados para el traslado de los escombros y restos a instalaciones municipales. Ambos también figuran como acusados por la Fiscalía ya que considera que se pusieron de acuerdo con el edil para que dichos portes fueran “abonados camuflándolos entre la numerosa facturación que se estaba realizando por los servicios para los que fueron contratados”.

Con este enjuague, el Ministerio Público cree que Muñoz cargó al erario municipal de ocho a diez viajes con cubas repletas de “entre 2.000 y 3.000 kilos de leña”. En total, entre 16.000 y 30.000 kilos de madera municipal, según ha podido corroborar Anticorrupción. Sin embargo, Segundo Orellana, entonces trabajador de la delegación de Parques y Jardines del pueblo, recuerda esos días de trasiego y cree que pudieron ser más: “Fueron dos o tres portes diarios”.

Orellana fue quien, al descubrir lo ocurrido, decidió poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía. “Mi puesto estaba en otro sitio, pero mis compañeros me contaban que menuda pechá de trabajar se estaban dando de cortar leña para este hombre, cuando tenía otro uso”, recuerda el arcense. En total, Muñoz supuestamente se apropió de 2.240 euros, según la tasación pericial recogida en el escrito de acusación.

A ese montante, hay que sumar los 480 euros de los portes que “se abonaron indebidamente” con dinero público. Para ello, los dos transportistas también investigados camuflaron estos cargos en facturas y albaranes “falsos” que se hicieron pasar “como viajes por el traslado de escombros,

ramas de arboles, farolas…”, como también detalla Anticorrupción. Entre septiembre y octubre de 2014, ambos trabajadores cobraron el dinero, gracias a la emisión “arbitraria” de órdenes de pago. Ni el delegado de Hacienda ni el interventor municipal se percataron de los pagos ilegales al estar “camuflados”, como añade el escrito.

En el juicio oral que se celebrará en una fecha aún por determinar, la Fiscalía considera a Muñoz artífice de delitos de malversación de caudales públicos, de falsedad de documento mercantil y de prevaricación (en estos dos como inductor). Por su parte, los transportistas están acusados de falsedad documental y cooperadores en los de malversación y prevaricación.

En suma, para el edil todos estos delitos podrían suponer una pena de 27 meses de prisión, ocho años y medio de inhabilitación para cualquier cargo electo. Para los dos trabajadores, el Ministerio Público pide 25 meses de prisión y la inhabilitación para cargo electo por seis años. Por último, los tres acusados también tienen que hacer frente a una posible indemnización de 2.270 euros para el Ayuntamiento por el material sustraído y los portes privados cobrados.

No es el único caso que al que se enfrentan algunos ediles del anterior mandato municipal de Arcos, ostentado por el PP y por AI-Pro. El Juzgado Número 2 de Arcos investiga también a concejales de ambos partidos por el supuesto enchufismo en la contratación a 25 personas, familiares y afines a ambas fuerzas. Además, Orellana denunció a Anticorrupción dos causas más, una por cobros indebidos de vales de gasoil y otro modificar informes a cambio de dar trabajo a un familiar de un empleado municipal.