El Gobierno ultima un plan económico para cambiar la agenda política

Las encuestas marcan un cambio radical en el panorama político desde las elecciones andaluzas. El PSOE sigue siendo el primer partido en todos los sondeos, pero surge con fuerza la posibilidad de que el bloque de derechas que está a punto de gobernar en Andalucía pueda hacerlo en el resto de España, algo que parecía muy difícil hace unas pocas semanas. El debate sobre Cataluña y la polarización alrededor de las banderas ocupa prácticamente todo el espacio político y perjudica las expectativas del Gobierno. A partir de septiembre, mucho antes de las andaluzas y con la máxima discreción, Sánchez empezó a pedir a todos los ministerios que propusieran medidas económicas de medio y largo plazo: un paquete de reformas estructurales para presentar ahora en enero un gran plan económico y tratar con ello de cambiar la agenda política.

El documento, que engloba decenas de medidas, incluye un diagnóstico de la situación, cuantificación y plazo posible de aprobación. Ha sido coordinado por la ministra de Economía, Nadia Calviño. Y está listo, a falta del retoque final del equipo del presidente. No se trata solo de un intento de cambiar la agenda política, dentro de la pelea de narrativas con el bloque de derechas. También es un intento de agrupar iniciativas y responder a las críticas, tanto externas como internas, de que Sánchez carece de estrategia más allá de vivir al día con sus 84 diputados. “Es un proyecto de país”, insisten las fuentes consultadas en La Moncloa y en varios ministerios involucrados.

El Gobierno quiere centrar el debate en las reformas y en la economía, que pese a la desaceleración —que nadie niega— está resistiendo mejor que las de otros socios europeos. Ahí el Ejecutivo se mueve con más comodidad que en debates como el de la unidad de España, donde hay enormes tensiones internas en el PSOE, con barones que quieren romper con los independentistas porque temen seguir la misma suerte que Susana Díaz y otros que están convencidos de que la línea de desescalada de Sánchez es la única posible para resolver el principal problema político de España.

El PSOE ve con estupor cómo se ha levantado una España silenciosa hasta ahora, la de la derecha radical, una marea que marca estos días el debate y es capaz de poner en cuestión un consenso básico como el de la lucha contra la violencia de género. El Gobierno confía en que otra España silenciosa, la que aplaude la subida del salario mínimo, la subida del sueldo de funcionarios o la subida de las pensiones, y sobre todo la que apuesta por proyectos progresistas, se reactive con el debate de los Presupuestos y con un plan como el de la agenda del cambio para frenar la ola de derechas.

El Ejecutivo ha ideado un proyecto pensado para captar al votante moderado, incluso quitando votos a Ciudadanos, al que intenta colocar más a la derecha. Pero sobre todo para recuperar la centralidad del PSOE y marcar el perfil progresista del Ejecutivo. Con el riesgo de adelanto electoral siempre presente, el texto, que incluye propuestas para desarrollar en varios años, se puede convertir en la base de la oferta electoral sean cuando sean los comicios.

El documento se basa en tres ejes, centrados sobre todo en la lucha contra las desigualdades, no solo de rentas, sino urbano-rurales —ante la despoblación y el envejecimiento—, hombre-mujer e intergeneracionales. Y tiene seis bloques de propuestas de todo tipo y para todos los sectores. El texto parte de un diagnóstico claro: España tiene fortalezas, sobre todo por sus infraestructuras, el éxito de algunas empresas y un entorno jurídico estable, pero a la vez tiene retos complicados como una deuda pública muy alta —en torno al 100% del PIB— y una posición fiscal vulnerable, un paro estructural elevado y enormes desigualdades. El problema fundamental es que el crecimiento potencial de la economía, en plena desaceleración, se está colocando por debajo del 2%. Y que los vientos de cola que durante el último lustro han permitido crecer con rapidez van camino de desaparecer. Para contrarrestar esos riesgos, la apuesta es consensuar medidas estructurales de todo tipo.

Si el PP basó su gran proyecto en mejorar la competitividad con una fuerte bajada de salarios para recuperar empleo —la llamada devaluación interna—, el Gobierno del PSOE plantea centrarse en mejorar la baja productividad del capital humano y tecnológico. Por eso se apuesta por grandes reformas educativas, sobre todo en la universidad y la formación profesional. Los tres grandes pilares del proyecto son la estabilidad financiera y fiscal —para agradar a Bruselas—, la reducción de la desigualdad y la mejora de la productividad.

Las medidas van desde proyectos más básicos sobre mejora de la eficiencia energética y lucha contra el cambio climático con nuevos impuestos verdes o incentivos fiscales hasta cuestiones mucho más ambiciosas. La Moncloa tiene entre ceja y ceja una gran reforma laboral que supone revertir parcialmente la del PP. Otra de pensiones. Y una reindustrialización de la economía, además de fórmulas para pinchar la burbuja de la vivienda.

Y así hasta seis bloques: reforma educativa o de mejora de capital humano; transición ecológica; mejora del capital tecnológico y revolución digital; reforma del mercado laboral; reformas para consolidar el Estado del bienestar y combatir la desigualdad (incluidas las pensiones) y reforma de la Administración y otros cambios institucionales, donde se esperan grandes novedades. Una nueva agenda económica, en fin, para paliar las acusadas debilidades de la economía española, capaz de crecer con fuerza en tiempos de vacas gordas y a la vez seria candidata al contagio cuando llegan las vacas flacas, con esa costumbre por destruir miles y miles de empleos cuando vienen mal dadas.