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El juez del ‘caso Cursach’ anula el auto que requisaba el móvil a periodistas

El magistrado balear Florit dice que los teléfonos no fueron abiertos ni volcados

Lucía Bohórquez
El juez Miguel Florit en Palma de Mallorca.
El juez Miguel Florit en Palma de Mallorca. B. RAMÓN

El juez de Palma que instruye el caso Cursach, Miquel Florit, anuló el pasado 21 de diciembre la resolución que él mismo dictó diez días antes para requisar los teléfonos móviles, ordenadores y documentación de los periodistas de la agencia Europa Press y del Diario de Mallorca, Blanca Pou y Kiko Mestre, con el objetivo de averiguar el origen de una filtración. El magistrado anuló el auto en el que ordenaba la incautación de los móviles ocho días después de que la agencia de noticias y el periódico mallorquín presentaran una querella contra él por presuntos delitos de prevaricación judicial, inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional.

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El juez investiga desde el pasado mes de julio en una pieza secreta la filtración de un informe elaborado por el grupo de blanqueo de la Policía Nacional sobre las sociedades del mayor empresario del ocio nocturno de las islas, Bartolomé Cursach, principal investigado en una macrocausa que indaga sobre sus lazos y tratos preferenciales con estamentos políticos y policiales. En una resolución fechada el 2 de enero, el juez deniega la personación de Diario de Mallorca, Europa Press y los dos periodistas afectados en esta pieza secreta y desvela que el auto por el que ordenó requisar los móviles ha quedado sin efecto tras ser anulado por una resolución posterior.

Florit, que no desgrana los motivos que le llevaron a ordenar la incautación de los teléfonos de los informadores, afirma en este auto que “no se ha producido ningún decomiso” e insiste en que lo que tuvo lugar fue “una intervención de efectos relacionados con el delito de revelación de secretos, efectos que se hallaban en el poder de terceros (los periodistas) que no son investigados en la causa”. De hecho, el magistrado subraya que los dos periodistas tenían la posibilidad de recurrir la medida adoptada y no solo no lo hicieron, sino que acordaron “la entrega voluntaria de los dispositivos de almacenamiento de información, sin manifestar protesta alguna”.

Insiste el juez en que el periodista de Diario de Mallorca ofreció su voluntad de “entregar todo el material que guardaba en la oficina” y recuerda que los dos informadores han sido citados para recoger sus móviles este viernes, con la certificación de que no han sido “ni volcados, ni examinados”. El magistrado rechaza la personación de los dos periodistas y sus medios en la pieza al considerar que no son perjudicados por el delito de revelación de secretos que se investiga.

Tanto Europa Press como Diario de Mallorca han negado rotundamente que la entrega de los teléfonos fuera voluntaria y han insistido en que los dos periodistas expresaron su rechazo a la medida y su deseo de recibir asistencia jurídica. Una petición desatendida por parte de los agentes de policía que el 11 de diciembre acudieron a la oficina de la agencia de noticias, que desoyeron las apelaciones de la periodista a su derecho a no revelar sus fuentes. El periodista Kiko Mestre fue citado en una sala de los juzgados donde los agentes le exhibieron una orden y le obligaron a entregar el teléfono, según explicó él mismo. El pasado 18 de diciembre el exjefe del grupo de blanqueo de la Policía Nacional y un agente fueron imputados en esta pieza secreta por un delito de revelación de secretos.

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Sobre la firma

Lucía Bohórquez
Colaboradora de EL PAÍS en las Islas Baleares. Periodista de la Cadena SER en Mallorca desde el año 2008, donde se ha especializado en temas de tribunales. Estudió Periodismo en la Universidad del País Vasco.

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