El CGPJ desconfía de la investigación de los Mossos sobre los ataques a juzgados y pide al fiscal que actúe

El Consejo General del Poder Judicial desconfía de que los Mossos d’Esquadra estén investigando con diligencia los acosos a magistrados y los ataques a las sedes judiciales de Cataluña, llevadas a cabo por los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR). “No se percibe efectividad alguna en la investigación y persecución de muchos de estos actos”, que impiden que “jueces y magistrados destinados en Cataluña puedan desarrollar sus funciones jurisdiccionales con el debido clima de sosiego y tranquilidad”, denuncia el órgano de gobierno de los jueces.

El organismo constitucional encargado de velar por la independencia judicial reclama a la Fiscalía General del Estado que investigue estos actos de acoso. También pide al ministerio público que supervise “las actuaciones de investigación y persecución de esos ataques” que están llevando a cabo “las fuerzas policiales con competencia en la materia”, en referencia a la policía autonómica catalana. El CGPJ solicita esta supervisión de la fiscalía para “asegurar” la “suficiencia y corrección” de las investigaciones de los Mossos y “descartar que se puedan producir omisiones que den lugar a la exigencia de responsabilidades”.

En las últimas semanas, diversos juzgados de Cataluña han sido objeto de ataques por los CDR, que han depositado montañas de estiércol ante las puertas de las sedes judiciales. Los piquetes independentistas también rociaron con cubos de pintura amarilla el domicilio en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa por rebelión, sedición y malversación por el que están encarcelados nueve líderes políticos y sociales secesionistas.

La Comisión Permanente del CGPJ reitera su petición al Ministerio del Interior y a la Generalitat de Cataluña de un “plan integral de protección” tanto de los jueces y magistrados que ejercen en esa comunidad como de las oficinas judiciales. Y lanzan un reproche al poder político. “No se percibe por este Consejo que se estén adoptando las medidas exigibles para proporcionar la garantía de seguridad e integridad de las personas de los jueces y magistrados, las de sus familias y sus bienes, ni la de las personas que colaboran con ellos, así como las de los lugares donde prestan servicio”, señala el acuerdo.

El acuerdo del órgano de gobierno judicial recuerda que la seguridad y la integridad de jueces y magistrados “no es un privilegio personal” sino “una garantía de los ciudadanos que aspiran a vivir en una sociedad democrática real”. El CGPJ expresa su “preocupación intensa y creciente” por “cómo en Cataluña se reproducen y multiplican los ataques a jueces, a sus familias, a sus bienes y a las instalaciones judiciales”.

Estas acciones, recuerda, se iniciaron hace ya algunos años, “inicialmente alentadas por miembros de las instituciones autonómicas catalanas que promovieron manifestaciones ante sedes judiciales como fórmula de rechazo al cumplimiento de sus obligaciones por parte de jueces y tribunales”. El consejo evoca, sin citarlo, la manifestación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cuando acudió a declarar como imputado el expresidente de la Generalitat Artur Mas por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Estas manifestaciones, según el Consejo, “ofendieron gravemente las condiciones constitucionales en las que debe desenvolverse la división de poderes”.

"Conductas criminales"

“Posteriormente, esas actitudes han degenerado en conductas criminales y se han multiplicado, al tiempo que se exponen como “acciones” de grupos que se identifican bajo nombres o siglas conocidas”, señala el Consejo en referencia a los CDR. “Mayor preocupación produce el hecho de que algunas de esas “acciones” sean jaleadas por algún alto representante de las instituciones catalanas”, afirma el órgano presidido por Carlos Lesmes para referirse al presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Estas acciones de acoso, ya repetidas, y la falta de resultados en las investigaciones sobre ellas, han reavivado la desconfianza de los jueces hacia los Mossos, que brotó a raíz de la pasividad mostrada por el cuerpo policial en la preparación y la celebración del referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre de 2016. Estos recelos se vieron mitigados en parte tras la intervención de la autonomía catalana con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y han vuelto con el Govern de Quim Torra. Los Mossos se ven entre dos presiones de signo distinto después de que Torra haya reclamado este viernes a su consejero de Interior que depure la cúpula del cuerpo tras las cargas contra grupos autodenominados antifascistas que trataban de reventar manifestaciones del partido de extrema derecha Vox en el día de la Constitución.