Feijóo: “Lo más urgente para reformar la Constitución es recuperar el clima de consenso”
El presidente de la Xunta aboga por eliminar los aforamientos, reforzar la participación autonómica en la “voluntad estatal” y darle un “plus” en las Cortes a la lista más votada
El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, defiende que lo más urgente alrededor de la Constitución Española es “recuperar el clima de consenso” de hace 40 años para poder reformarla. Feijóo aboga por “reforzar los mecanismos de participación de las comunidades autónomas en la conformación de la voluntad estatal”, convirtiendo el Senado en una Cámara de representación territorial e “institucionalizando” la Conferencia de Presidentes. Pero eso sí, sin que a ningún territorio se le reconozcan “hechos diferenciales” distintos de los actuales, en alusión a Cataluña.
El presidente gallego respalda suprimir los aforamientos, aunque para ello pide que se acelere la investigación y el enjuiciamiento de los representantes públicos. Y cree que la actual fragmentación política debe abordarse otorgando a la lista más votada un “plus” en las Cortes que le facilite gobernar.
Pregunta. ¿Aguanta la Constitución otros 40 años sin reformas o son necesarias y urgentes? ¿Qué cambios considera urgentes?
Respuesta. La Constitución de 1978 es lo suficientemente flexible como para continuar sirviendo al objetivo para el que fue aprobada y que ha cumplido en los últimos 40 años: garantizar la convivencia democrática y el progreso en libertad de la sociedad española. Los profundos cambios que nuestra sociedad ha experimentado en todos los ámbitos durante este tiempo así lo certifican.
Dicho esto, es evidente que, como toda obra humana, es posible reformarla para mejorarla. No obstante, lo más urgente para acometer una reforma de la Constitución Española de 1978, y con carácter previo a cualquier otra consideración, es recuperar el clima de consenso que propició, hace 40 años, que por primera vez en nuestra historia la Constitución fuese de todos, y no solo de una parte de la sociedad española que se la imponía a la otra.
P. ¿El modelo territorial que establece la Ley Fundamental es mejorable? ¿Cómo?
R. El proceso de descentralización política que propició la Constitución fue muy profundo e incomparable en el ámbito internacional, permitiendo que España pasase de ser uno de los Estados más centralizados del mundo a uno de los más descentralizados, y creo que ese fue uno de los mayores éxitos de la Constitución.
Con todo, con la experiencia acumulada en los últimos años, el Partido Popular de Galicia ha planteado desde hace tiempo la conveniencia de reforzar los mecanismos de cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. En el ámbito legislativo, mediante una reforma del Senado que avance en su configuración como la Cámara de representación territorial que la Constitución prevé. Y en el ámbito ejecutivo, mediante una institucionalización de la Conferencia de Presidentes, aún poco operativa pese a que en ella se han alcanzado importantes acuerdos. Asimismo, y en la línea de lo propuesto por el Consejo de Estado en 2006, de acometerse la reforma consensuada de nuestra Norma Fundamental, se podría considerar la clarificación de los ámbitos competenciales de las comunidades autónomas.
Adicionalmente, aunque ello no implique una reforma constitucional, el modelo de financiación de las comunidades desarrollado a partir de las previsiones constitucionales debería reformarse para garantizar, precisamente, que se cumplen los principios constitucionales de igualdad y solidaridad personal y territorial.
"La lista más votada debe contar con un plus que asegure la estabilidad y la gobernabilidad"
P. Hay una propuesta de catedráticos de Derecho Constitucional para una reforma federal que pasa por concretar mejor el reparto de competencias, blindar algunas competencias autonómicas que tienen que ver con sus singularidades e incluso incluir las singularidades de Cataluña en una disposición adicional de la Constitución. ¿Es usted partidario?
R. El sistema político español es, disquisiciones nominalistas al margen, un sistema federal. Es cierto que perfectible, en mi opinión reforzando los mecanismos de participación de las comunidades autónomas en la conformación de la voluntad estatal. Pero estoy convencido de que soluciones “asimétricas”, que impliquen el reconocimiento de hechos diferenciales distintos de los que la propia Constitución ya reconoce (la foralidad, los idiomas cooficiales, la insularidad), o los que derivan del ejercicio de las propias competencias por las autonomías, no serán aceptados por la sociedad española. Especialmente si de ello se deriva algún tipo de privilegio político o económico.
P. ¿Cambiaría la ley electoral?
R. Es cierto que la vigente ley ha cumplido, a lo largo de estas cuatro décadas y en el ámbito nacional, los objetivos que se le piden a cualquier sistema electoral: ha garantizado la gobernabilidad de España, con la única excepción de la XI Legislatura. Sin embargo, la gran fragmentación política existente tanto en España como en Europa debería llevarnos a analizar un cambio de la normativa en los próximos años. La lista más votada debe contar con un plus encaminado a asegurar la estabilidad en las Cortes y también la gobernabilidad en los Ejecutivos, tanto en la nación como en las autonomías.
A mayores, y como he defendido desde hace tiempo, también soy partidario de modificar la ley electoral a nivel municipal, de tal modo que se garantice que gobierne la lista más votada, tal y como sucede en países como Portugal.
Finalmente, y en coherencia con lo afirmado respecto de la reforma del Senado, creo que de convertirse en la Cámara de representación territorial debería reformarse su composición y sistema de elección para reforzar la presencia de senadores autonómicos.
P. ¿Eliminaría los aforamientos del Gobierno, altos cargos y diputados y senadores que contempla la Constitución?
R. El Parlamento de Galicia ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley en ese sentido. Eso sí, considero que la eliminación del aforamiento debe ir acompañada en paralelo de dos compromisos políticos e institucionales, para evitar el uso partidista y demagógico de los tribunales con el único fin de desprestigiar en lo personal al rival político. Un compromiso de respeto por la presunción de inocencia y un compromiso por la rapidez de los tribunales en la investigación y enjuiciamiento de aquellos procedimientos que afecten a un representante público. Lo primero, para evitar las injustísimas “penas de telediario”. Lo segundo, para evitar la indeseable interferencia de unos poderes del Estado sobre los otros; interferencia que, en el peor de los casos, podría llegar a alterar la voluntad popular expresada en elecciones libres.
P ¿Incluiría la sanidad y los servicios sociales dentro del Capítulo II del Título Primero de la Constitución referido a los derechos fundamentales, como ya está incluida la educación?
R. La Constitución de 1978 es, sin lugar a dudas, una de las más avanzadas de Europa en el reconocimiento y protección de los derechos y libertades fundamentales. No solo por su expreso reconocimiento de los derechos humanos, sino porque también incorpora los recogidos en los tratados internacionales. Lo que la Constitución establece es distintas formas de tutela o protección jurisdiccional; y en este sentido algunos derechos son directamente tutelados por los tribunales (como el derecho a la educación del artículo 27) y otros solo de acuerdo con las leyes que los desarrollan (como el derecho a la sanidad del artículo 43 o a las “prestaciones sociales suficientes” del 41).
Coincido con aquellos expertos en derechos humanos que consideran que la diferenciación entre “derechos” y “principios rectores de la política social y económica”, que implica una diferente protección jurisdiccional, está superada por la realidad social y la práctica jurídica; por lo que carece de sentido mantenerla. Por ello, sería más ambiciosa la integración de todos ellos en un único título o capítulo de la Constitución; eliminando su jerarquización; y concretando sus garantías de protección.
De hecho, en la frustrada reforma del Estatuto de Autonomía de Galicia que impulsó el Gobierno bipartito socialista y nacionalista hace más de 10 años esta fue la postura que defendió mi grupo parlamentario; sin que suscitase el acuerdo de los entonces partidos en el Gobierno.
