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Susana Díaz: “El límite de la reforma es la unidad de España y la igualdad”

La presidenta andaluza defiende ante todo el consenso, la coherencia y el equilibrio a la hora de abordar los cambios, alejando la toma de decisiones de los intereses partidistas

Susana Diaz
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

La presidenta de la Junta de Andalucía en funciones, Susana Díaz, se muestra favorable a una reforma de la Constitución que permita reforzar el blindaje del Estado del bienestar, sin bien considera que, sin consenso, pese a la necesidad y urgencia de introducir cambios, no es posible una modificación de la Ley Fundamental. Díaz se decanta por un desarrollo del actual modelo territorial que sirva para contrarrestar la amenaza del nacionalismo y no para alentarla. En cuanto al reparto de competencias dentro de ese modelo, la dirigente socialista defiende un sistema de vocación federalista que garantice la unidad de España y la igualdad de los ciudadanos.

En línea con su defensa del fortalecimiento del Estado del bienestar, que debe primar en la reforma constitucional, Díaz se muestra partidaria de que dentro del texto se articule el desarrollo de asuntos como la dependencia o la igualdad que vayan en consonancia con la ampliación de derechos que ya se han recogido en las modificaciones de los Estatutos de Autonomía. En cuanto a la reforma de la ley electoral o la eliminación de los aforamientos, la presidenta andaluza defiende ante todo el consenso, la coherencia y el equilibrio a la hora de abordar los cambios, alejando la toma de decisiones de los intereses partidistas.

Pregunta.¿La Constitución aguanta otros 40 años sin reformas? ¿O son necesarias y urgentes? ¿Qué cambios considera más urgentes?

Respuesta. Es evidente que necesita reformas. Cuando se aprobó no estábamos en Europa, no había euro, ni globalización. Estrenábamos libertades y empezábamos a construir nuestro Estado de las autonomías y el Estado del bienestar. Apenas se planteaban demandas que hoy están generalizadas, como la atención a la dependencia o la igualdad entre hombres y mujeres. La actualización del texto constitucional es una tarea pendiente y creo que vamos con retraso. Piense que ya hace una década algunas comunidades, entre ellas Andalucía, renovaron sus Estatutos precisamente para responder a estos retos. Tal vez lo más coherente hubiera sido primero la Constitución y después los Estatutos. Pero no se han dado las condiciones para un gran consenso, y ni la necesidad ni la urgencia pueden entenderse desvinculadas del consenso. El tema hay que abordarlo con el mismo espíritu del 78, con la misma generosidad de aquella generación de Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo, que supo llegar a acuerdos de Estado. En cuanto a los cambios, pienso que habría que poner el foco en los intereses y demandas de la ciudadanía, en solucionar sus problemas. La crisis y ciertas respuestas políticas a la crisis han erosionado el Estado del bienestar en los últimos años. Hay que reforzar su blindaje en la Constitución; esta debe ser la máxima prioridad. 

P. ¿El modelo territorial que establece la Constitución es mejorable? ¿Cómo?

R. Más que el modelo territorial establecido, yo diría que lo mejorable es su desarrollo. En el referéndum de 1980, Andalucía lo recondujo en clave de solidaridad e igualdad y creo que, si se plantean reformas del modelo, lo más sensato sería profundizar en esta línea que reconoce la pluralidad y asegura la cohesión social. Para Andalucía la cuestión territorial es inseparable de estos dos principios. La gran cuestión territorial, andaluza, española o europea, es si se garantizan o no los derechos civiles y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Una de las grandes amenazas del mundo de hoy es el avance del nacionalismo, el supremacismo, la desigualdad, la xenofobia, el identitarismo que pretende pasar por encima de los derechos civiles. La mejora del modelo territorial debe servir para contrarrestar esta amenaza, no para alentarla.

P. Hay una propuesta de catedráticos de Derecho Constitucional para una reforma federal que pasa por concretar mejor el reparto de competencias, blindar algunas competencias autonómicas que tienen que ver con sus singularidades e incluso incluir las singularidades de Cataluña en una disposición adicional de la Constitución. ¿Es usted partidaria?

R. Cohesión territorial y reconocimiento de las singularidades son principios federales y todo lo que sea avanzar en este sentido me parece bien. Milito en un partido con una histórica vocación federalista. Y aunque no lo llamemos así, nuestro Estado de las autonomías también tiene también esa inspiración. Basta fijarse en países estrictamente federales de nuestro entorno, como Alemania, para entender que el federalismo es sinónimo de mayor unidad y de mayor solidaridad, no al contrario. Por otro lado, la Constitución ya incluye el blindaje de singularidades, desde las relacionadas con las lenguas oficiales a los regímenes especiales de carácter foral. Nada de ello supone una amenaza, pero el límite está claro: la garantía de la unidad de España y la igualdad de los ciudadanos.

"Una de las amenazas es el avance del nacionalismo que pretende pasar por encima de los derechos civiles"

P. ¿Cambiaría la ley electoral?

R. Al igual que ocurre con los anteriores asuntos, lo principal es ponernos de acuerdo en la conveniencia o no de una reforma y hacerlo con un enfoque nacional, que facilite la coherencia de entre los distintos sistemas electorales. Y por supuesto, dejando de lado el partidismo. Como socialista, yo podría quejarme de la sobrerrepresentación de la derecha que el sistema electoral propicia en el Senado o en circunscripciones de la España interior. Y seguramente todos y cada uno de los partidos también encontrarán no pocos motivos para sentirse perjudicados. ¿Pero a qué conduciría un debate así planteado? Buscar el acuerdo es buscar el equilibrio, no exhibir agravios. Pueden mejorarse muchas cosas y yo priorizaría los cambios dirigidos a favorecer la estabilidad, que es condición para que los poderes públicos cumplan con el mandato de la ciudadanía. Ahora bien; esto no debe plantearse como valor absoluto, ajeno a los necesarios equilibrios. Con el actual sistema electoral, y con un escenario parlamentario cada vez más complejo, Andalucía ha mantenido la estabilidad política durante las dos últimas legislaturas. Precisamente a base de acuerdos. La voluntad, la decisión política, es a veces tan determinante o más que las normas.

P. ¿Eliminaría usted los aforamientos del Gobierno, altos cargos y diputados y senadores que contempla la Constitución?

R. Sobre los aforamientos, yo estoy totalmente de acuerdo en que este país no puede tener miles de aforados y, en este sentido, he recibido de manera positiva la noticia de que el Ministerio de Justicia va a llevar a cabo su revisión para toda España. Es la fórmula. Lo importante es buscar el equilibrio a través de un acuerdo de alcance nacional, que se pueda aplicar con coherencia en todos los poderes y territorios. Y no hará falta subrayar que, muy especialmente en este tema, los intereses partidistas deben quedar al margen.

P. ¿Incluiría usted la sanidad y los servicios sociales dentro del Título Primero de la Constitución referido a los derechos fundamentales, como ya está incluida la educación?

R. Independientemente de cómo se articule, el fortalecimiento del Estado del bienestar debe ser el eje de las posibles reformas que se planteen. Hay que blindarlo, especialmente en lo relativo a la sanidad, sin duda nuestra gran joya de la corona. Y hay que adaptarlo a la ampliación que el propio desarrollo constitucional ha propiciado en materia de servicios sociales. Como he señalado anteriormente, asuntos como la dependencia o la igualdad de género deben tener un tratamiento acorde con los avances que se han producido y con las demandas de la sociedad. Hace diez años, el Estatuto andaluz ya se adecuó a estas nuevas realidades en su marco competencial. Amplió e incorporó derechos que, con el posterior desarrollo normativo, obligan a la Administración y pueden ser exigidos por la ciudadanía ante los tribunales. Es una vía que debe ser explorada para reformas constitucionales de alcance práctico, que coloquen a las personas en el centro de las políticas públicas.

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