El día en que murieron los Presupuestos

No es fácil rendirse para un resistente inagotable como Pedro Sánchez. Hasta sus ministros se han quedado sorprendidos al ver que renunciaba desde Guatemala incluso a presentar los Presupuestos de 2019, su gran proyecto, pactado con Unidos Podemos y escenificado con una pompa que anticipaba un futuro gobierno de coalición por el que trabaja Pablo Iglesias, líder de Podemos, que se ve ya como vicepresidente de ese Ejecutivo inédito. Sánchez ya prepara a su equipo para gobernar por decreto mientras pueda. Los independentistas no le apoyarán los Presupuestos, pero sí reformas puntuales, así que él cree que puede aguantar un tiempo y llevar adelante algunas de sus medidas progresistas de mayor calado.

Algunos de esos ministros, además de sorprendidos, se confiesan aliviados. Porque el coste que había que pagar para sacar adelante esas cuentas, analizan, era demasiado alto. Suponía intentar darle la vuelta al juicio del procés, algo que el Ejecutivo siempre vio inviable jurídica y políticamente.

La Moncloa entra ya en modo electoral, del que nunca salió del todo. Primero llegan las andaluzas, donde están convencidos de que el PP sufrirá un golpe durísimo que centrará la actualidad en su crisis y dará aire al PSOE. Después las municipales, autonómicas y europeas. Y en algún momento de 2019 –Iglesias insinúa que podría ser marzo, en el Gobierno apuestan más por otoño- llegarán las generales.

Para ese modo electoral, sostienen los ministros aliviados, es mucho mejor que no haya acuerdo con los independentistas catalanes. “Todo el mundo sabe que lo hemos intentado, pero llegados a este punto y dado que ellos insisten en pedir un imposible, que es torcer la mano a la fiscalía, es casi mejor que no salgan porque así va a quedar mucho más claro que no cedemos ante los independentistas”, resume un miembro del Gobierno.

El proceso hasta llegar a esta rendición de Sánchez, que de nuevo intenta así sacar partido de una situación desfavorable, tiene una fecha clave: el 2 de noviembre, cuando la fiscalía pidió 25 años por rebelión para Oriol Junqueras mientras la Abogacía del Estado pedía 12 por malversación y sedición. Ese día quedó muy claro de nuevo que entre Madrid y Barcelona hay mucho más que dos horas y media de AVE. Todo lo que sucede se ve en las dos grandes capitales españolas de forma muy diferente.

El Gobierno presentó su escrito de la Abogacía del Estado en el juicio del procés convencido de haber dado un gran paso. De haber arriesgado. Durante semanas, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y la abogada del Estado, Consuelo Castro, habían estudiado la solución y llegaron a la conclusión, con el apoyo del presidente y el núcleo duro del Gobierno, de que debían acusar de sedición y no de rebelión a los líderes independentistas.

El Gobierno creyó que estaba haciendo un gesto importante porque ir por sedición, y no solo por malversación, implica chocar abiertamente con la posición de la fiscalía. Supone discutirle jurídicamente la rebelión, mostrar que el Gobierno no la ve y cree que el juicio debería moverse en la sedición.

El Ejecutivo renunció a intentar influir directamente en la fiscalía, como le pedían los independentistas, porque lo veía contraproducente. Por eso eligió la Abogacía para lanzar su mensaje político y jurídico. Y apostó por la sedición y no solo por malversación, algo que algunos independentistas interpretaron como un endurecimiento cuando pretendía ser lo contrario. “Ir solo por malversación era ponerse de perfil, dejar que la fiscalía ocupase todo el espacio con su apuesta por la rebelión. Nosotros queríamos dar la batalla jurídica”, explican desde el Gobierno, convencidos de que los independentistas no han sido capaces de analizar con calma su gesto. Mientras, a dos horas y media de AVE, todo se veía diferente, en un clima recalentado por los 25 años de la fiscalía. Ese día murieron definitivamente unos Presupuestos que habían nacido muy tocados.

Desde el otro lado, el de los independentistas, no entienden cómo el Gobierno puede pensar que pedir 12 años de cárcel puede ser entendido como un gesto positivo. “Ahora también dicen que la salida de Manuel Marchena [que será el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial] de la Sala de lo Penal puede ser positiva. Nosotros no queremos ni entrar en este marco mental que dice bueno, son solo 12 años que al final pueden ser 8, y luego vendrá el indulto… Nosotros no vamos a aceptar nunca una condena de cárcel”, insisten desde el independentismo.

Uno de los dirigentes con interlocución habitual con el Gobierno está muy preocupado por los fallos de comunicación que mostró esta crisis por la posición de la Abogacía del Estado. “Se habla mucho, hay conversaciones constantemente al máximo nivel, para hablar de gestión pero también del juicio, y sin embargo, parece que las cosas no quedan claras porque todos estábamos sorprendidos de los dos lados por la reacción del otro”, resume.

En el trasfondo del fracaso está la posición de la fiscalía. En el Gobierno y en el PSOE, donde casi unánimemente se ha visto la petición de 25 años como un exceso, se está instalando un creciente malestar con la fiscal general, María José Segarra. “¿De qué sirve poner a una fiscal muy progresista ahí si no la respetan los fiscales del Supremo y esto acaba con una petición de 25 años que es una locura?”, se pregunta un dirigente.

Desde ese día los Presupuestos estaban muertos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantuvo las reuniones con el PNV para seguir presionando a los independentistas catalanes, siempre pendientes de lo que hacen los vascos, pero ya sin mucha fe. Una prueba de su desistimiento es que cuando aún parecía que podían salir, hace tres semanas, le dijo a Joan Baldoví, de Compromís, que iba a llamarle para buscar su apoyo. Pero después llegó la petición de la fiscalía y nunca lo hizo.

Gobernar por decreto

Desde el independentismo plantean ahora la posibilidad de dejar los Presupuestos para después del juicio del procés. Pero el Gobierno ya ha pasado página. Está convencido de que el juicio, que ve clave para buscar una solución al problema político en Cataluña, irá mejor de lo esperado. Pero busca que la política española deje de estar centrada en un asunto que no puede controlar y que supone un enorme desgaste de imagen porque le desvía de las medidas progresistas en las que realmente quiere centrar el debate.

Ahora se prepara para gobernar por decreto mientras pueda con medidas positivas –como el aumento del salario mínimo- que ni siquiera van a depender en exclusiva del voto catalán, porque el PP y Ciudadanos tendrán muy difícil votar en contra. El Gobierno está preparado para esa resistencia que es la base del éxito de Sánchez. “La obligación de cualquier Gobierno es mantenerse”, resumió la portavoz, Isabel Celaá.

Pese a su aparente debilidad, Sánchez cree tener una posición de privilegio. Nadie, salvo Ciudadanos, parece muy interesado en las elecciones, lo que le deja algo más de margen para decidir el momento adecuado para convocarlas. Y cuando lleguen, pese a la gran tensión personal que tiene con Albert Rivera después del episodio de la tesis doctoral del presidente, él tendrá, según las encuestas, algo de lo que los demás carecen: puede elegir, como Felipe González en 1993, entre gobernar con la izquierda o con el centro derecha, dependiendo de los números.

González entonces optó por Jordi Pujol frente a Julio Anguita. Las cosas han cambiado mucho y ahora Sánchez, pese a las resistencias de los veteranos del PSOE, ha elegido a Unidos Podemos como socio preferente y tiene una buena relación con Iglesias. Ambos creen que pueden sumar fuerzas en las municipales y autonómicas, ocupar casi todo el poder y encarar las generales con la derecha debilitada y dividida en tres. Ese es el plan a. Pero con una situación tan volátil los planes políticos duran tanto como unos Presupuestos que han muerto incluso antes de nacer.