La inestable alianza del PSOE con los nacionalistas en el Congreso

La acusación del PP y Ciudadanos, de Pablo Casado y de Albert Rivera, es recurrente; a veces, diaria: Pedro Sánchez hará lo que sea por continuar en La Moncloa, lo que implica seguir hipotecado con los nacionalistas catalanes. Se refieren, sobre todo, a gestos e hipotéticas medidas de gracia política para los líderes del proceso independentista encarcelados.

Sin embargo, esa alianza con los independentistas ya funciona en el Congreso, donde el PSOE, ERC y el PDeCAT han sacado adelante desde junio una treintena de proyectos legislativos, sobre todo reales decretos, “sin demasiados problemas, aunque con mucho diálogo diario”, afirman los portavoces consultados. Faltan dos guindas: para el Gobierno, los Presupuestos; y para los independentistas, mejorar la situación de sus presos.

Joan Tardá, el portavoz parlamentario de ERC en Madrid, lo repite cada semana ante la Junta de Portavoces en el Congreso. El republicano se lamenta de que el Ejecutivo de Sánchez no se mueva para revertir la situación de los presos nacionalistas y se beneficie del apoyo de su formación en la Cámara prácticamente a cambio de nada. Y, acto seguido, siempre amenaza con que ese apoyo se va a acabar. La actuación se repite en casi todos los órganos de la Cámara, en las mesas y comisiones, en las votaciones en el pleno del Congreso y en cada negociación bilateral. Luego, los nueve votos de Esquerra suelen sumarse a los 84 del PSOE en el Gobierno.

Carles Campuzano, el portavoz del PDeCAT, con lustros de experiencia también en el Congreso, retrata así su visión de esa realidad: “Sí, hay un contexto fundamental que fuerza una actividad legislativa muy escasa desde la moción de censura y un Gobierno de extrema debilidad en el Parlamento, que no tiene una mayoría estable, y que lo suple con gestualidad más que con realidades”.

Sin embargo, Campuzano agradece que, aunque en estos meses “hayan pasado pocas cosas” en la Cámara, su partido y ERC hayan podido respaldar muchos reales decretos de contenido político y trasposiciones europeas que han sido buenos también “para los intereses económicos y sociales de Cataluña”. Y apunta algunos ejemplos: un compromiso para retirar el recurso contra la ley de sanidad catalana; que la ministra de Energía haya asumido la actual discriminación territorial del suministro; que además de la exhumación del dictador Francisco Franco, se plantee la nulidad de los juicios franquistas, o también el blindaje de algunas competencias.

Durante los cinco meses del Gobierno de Sánchez se han convalidado o derogado 18 reales decretos leyes, siete tomas en consideración de proposiciones de ley, tres no de ley y otra de comunidades o ciudades autónomas.

El PSOE no se engaña sobre el trasfondo de esas alianzas que tanto le cuesta alimentar con llamadas, mensajes y reuniones diarias en el Congreso hasta bien entrada la noche. “Es verdad que hay dificultades derivadas de la aritmética parlamentaria, y del bloqueo que ejercen el PP y Ciudadanos en la Mesa jugando con los plazos. Pero, a pesar de eso, el Gobierno está sacando adelante los 14 reales decretos leyes y las leyes que propone, ocho de ellas muy importantes en las dos últimas semanas, como las pensiones de orfandad para las víctimas de violencia de género”, sostiene con vehemencia Rafael Simancas, secretario general del Grupo Socialista.

Simancas bromea con que muchos días habla más con Campuzano, e incluso con los partidos más minoritarios, que con su mujer. Y lo hace para reconocer que en el puzle de cada votación es necesario “pulir mucho” la relación con todos los socios: con los nacionalistas catalanes, pero también con los cuatro diputados de Compromís o los dos de los partidos canarios.

El PSOE y los nacionalistas catalanes se quejan insistentemente de la capacidad de bloqueo en este periodo de la Mesa del Congreso (con cinco miembros del PP y Ciudadanos frente a dos socialistas y otros dos de Podemos). Simancas subraya, además, que tienen que concentrarse mucho en impulsar sus proyectos, pero también en frenar los que intentan colar los partidos de centroderecha, como por ejemplo la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones.

El PP observa otro escenario. Sigue sin entender la virtud de la “moción instrumental” que les apartó del poder en junio y rechaza que ahora sea necesario derogar todo lo que ellos piensan que funcionaba bien. El secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, echa la culpa de la posible inactividad del Congreso al nuevo Ejecutivo: “No hay dirección, no hay criterio político, dan bandazos y solo aciertan cuando rectifican porque no se puede gobernar España con solo 84 diputados y con los que quieren destruirla”.

El portavoz del PP niega que estén abusando del bloqueo de propuestas en el Congreso y devuelve esa misma andanada contra el PSOE y su imposibilidad para cuadrar muchos pactos. “Hay 26 iniciativas legislativas ya en el BOE (Boletín Oficial del Estado) aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, seis ahora en el Senado, 37 en ampliación de enmiendas (en teoría paralizadas por la derecha) y 42 en fase de informe para ponerse a andar aún en las ponencias”, argumenta Bermúdez de Castro. Y saca su conclusión: “No existe una mayoría para gobernar y sacar adelante sus iniciativas porque no se puede gobernar por decreto sin una mayoría que te respalde”. En el PP sostienen incluso que el PSOE usa más que ellos ese instrumento legal del bloqueo al pedir ampliaciones de enmiendas sobre otros temas casi cada semana.

Simancas, del PSOE, valora en cualquier caso y pese a los inconvenientes en la gestión la disposición de casi todos los socios de la moción para apoyar las que llama “iniciativas respaldables, de contenido social y que demanda la ciudadanía”. Pero el dirigente socialista admite un problema que se debe solventar para poner fecha al final de esta peculiar legislatura: “Faltan los Presupuestos para dar cuerpo a esta mayoría en un aspecto altamente emblemático, y en el proyecto pactado con Podemos hay elementos potentes para sumar al resto”.