El juez del ‘caso Lezo’ investiga si Ignacio González blanqueó en cajeros

El juez del caso Lezo, Manuel García-Castellón, dictó el lunes un auto para solicitar a las tres mayores emisoras de tarjetas bancarias —MasterCard, Visa Internacional y American Express Company— información sobre medios de pago “nacionales o internacionales” emitidos a nombre del expresidente madrileño Ignacio González y otros tres imputados por la trama de corrupción con epicentro en la empresa pública Canal de Isabel II. El magistrado sospecha que utilizaron cajeros en España para recuperar comisiones ilegales cobradas en otros países. 

El magistrado hace la solicitud tras recibir dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recogen las últimas investigaciones sobre uno de los implicados, el exdelegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro —una de las personas de confianza de González— y el supuesto mecanismo que utilizó para repatriar fondos desde una cuenta en la República Dominicana. El informe apunta que lo hizo mediante 54 extracciones de dinero en un único cajero automático situado en Madrid. La última vez, el pasado 22 de abril, más de un año después de las primeras detenciones del caso Lezo.

Para confirmar estas sospechas, el juez ha solicitado también a la empresa Redsys Servicios de Procesamiento, responsable de la gestión de estos dispositivos bancarios, información sobre todas las extracciones realizadas por esta vía en la oficina que el Banco Santander tiene en el número 12 de la calle Francisco Sancha, de Madrid, y así cruzarlos con los datos que las autoridades dominicanas han enviado a la Audiencia Nacional con los movimientos bancarios de la cuenta de Moro en este país.

Según detalla el juez García-Castellón en sus autos, las sospechas sobre la utilización de tarjetas de crédito y débito para blanquear comisiones surgió tras tomar declaración como imputado en Colombia a Diego García Arias, director de Negocios y Expansión de Inassa, la filial sudamericana del Canal de Isabel II. García Arias, que colabora con la justicia, detalló en noviembre de 2017 al juez cómo se repartió la comisión ilegal de 5,85 millones de dólares (5,1 millones de euros) por la compra irregular en 2013 de la sociedad brasileña Emissao entre Ignacio González, Luis Vicente Moro; el presidente de Inassa y testaferro confeso de González Edmundo Rodríguez Sobrino; Ramón Navarro, ex director general de una filial de Inassa, y él mismo.

El arrepentido aseguró que, salvo Moro y González, todos abrieron cuentas en una entidad bancaria panameña para recibir sus comisiones. García Arias afirmó que él llevó en mano a Moro a la República Dominicana 400.000 euros de los 900.000 que presuntamente le correspondían, y que este los ingresó en una cuenta del banco BHD. La entidad le expidió una tarjeta para que pudiera tener acceso a los fondos a través de disposiciones en efectivo en cajeros automáticos de España. El juez busca ahora el rastro de este dinero.

Una operativa similar realizó Edmundo Rodríguez, quien declaró que se encargaba de gestionar la parte del soborno correspondiente al expresidente madrileño. El arrepentido declaró que Edmundo Rodríguez le pidió que figurase junto a él como autorizado en la cuenta que había abierto en el banco dominicano y que, además, fuera García Arias quien apareciera como titular de una tarjeta de débito con cargo a dicho depósito, aunque fuera Rodríguez quien la utilizase en España.

En el auto, el juez concluye que con esta maniobra, el que fuera hombre de confianza de González quería evitar que la Agencia Tributaria detectase el dinero. Ignacio González siempre ha negado haber recibido ninguna comisión ilegal y achaca las acusaciones del directivo colombiano y su presunto testaferro al intento de ambos de pactar con la fiscalía rebajas en las peticiones de pena.