Villarejo pagaba 1.000 euros al mes para rastrear llamadas

“Ahí la única solución, que no veo fácil, es hacer un rastreo [de llamadas], intentar con alguien de Telefónica”. El entonces comisario en activo José Villarejo desvelaba el 21 de septiembre de 2009 a Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, parte de sus métodos ilegales para acceder a información confidencial de las víctimas de sus espionajes. En esta conversación, revelada este lunes por Moncloa.com, el policía encarcelado como cabecilla de la trama policial desmantelada en la Operación Tándem aseguraba que con el tráfico de llamadas y mensajes SMS entre el hermano de Alfredo Pérez Rubalcaba y la empresaria Marita Fernández Lado, dueña de la agencia de detectives Método 3, se podía saber si ambos estaban “enrollados mucho o poco” y así usar esa información para cargar contra el entonces ministro de Interior en pleno caso Gürtel.

La investigación de la Audiencia Nacional aporta numerosos indicios sobre cómo Villarejo recababa estos datos telefónicos y su disposición a pagar por ellos. En la pieza separada Pintor —en la que se investigan los trabajos realizados por el policía jubilado al empresario Juan Muñoz, marido de la periodista Ana Rosa Quintana—, las pesquisas han revelado que Villarejo se valió de un agente de la lucha antiterrorista para consultar en la base de datos policial Sidenpol y conseguir la identidad de los titulares de una decena de teléfonos, primer paso para llegar a saber con quién se relacionaban sus titulares.

Otro alto mando investigado, el también comisario Enrique García-Castaño, El Gordo, admitió en su declaración como imputado ante el juez que él facilitó a su compañero esta información sin mandamiento judicial porque así se lo había ordenado el superior de ambos: “El DAO [director adjunto operativo, en referencia al comisario Eugenio Pino, número dos de la Policía Nacional en la etapa del ministro Jorge Fernández Díaz] me decía, ‘tú los datos que te pida se los vas dando”.

Es, precisamente, una grabación realizada por Villarejo de una conversación con García-Castaño la que ha revelado los supuestos intentos de ambos policías para conseguir la colaboración de nuevos empleados de las compañías telefónicas para rastrear llamadas. García-Castaño le asegura en la misma que está intentando contactar con uno para ofrecerle 1.000 euros al mes a cambio de esa información. “A mil euritos, sí, coño, vale la pena y tal, y no nos pone límite... o si no, tanto por cada canuto [teléfono] que le pidamos, como tú veas”, se escucha a Villarejo. El comisario jubilado esgrimía posteriormente este coste económico ante sus clientes para justificar sus elevadas tarifas: “Los rastreos que estamos haciendo de tráfico de llamadas y las cosas delicadas, tío, la gente se la juega y, a cambio, hay que untarlas [...]. Todo esto vale pasta”.

Un informe de la fiscalía destaca que Villarejo presumía ante sus clientes de poseer un “programa” informático capaz de cruzar los datos de las llamadas que habían obtenido y obtener nueva información. De hecho, los informes que el comisario elaboró sobre varias de sus víctimas recogían este tipo de análisis. En una grabación muestra también su celo en la custodia de estos datos: “Yo cojo, meto, desencripto, encripto el listado de los canutos [teléfonos] y lo destruyo si no es necesario [...] cada mes o mes y pico hago una copia de seguridad en un CD [...]. Ese es mi método que llevo muchos años haciéndolo porque es mi vida”.

Otra conversación revela también el supuesto interés de Villarejo por ir más allá y, además de lograr los tráficos de llamadas, interceptar de manera ilegal conversaciones telefónicas. En esta grabación, el comisario García-Castaño admitía su “obsesión” por hacerse con una “puta máquina de pinchar teléfonos”.