María Martínez Allegue: “Demandamos al Ministerio de Vivienda una escucha activa de las comunidades autónomas”

María Martínez Allegue (Pontevedra, 47 años) fue directora general de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística de Galicia, jefa de área provincial del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo (IGVS) y jefa territorial de Infraestructuras y Movilidad en Pontevedra antes de convertirse, el pasado abril, en consejera de Vivienda y Planificación de Infraestructuras de la Xunta de Galicia. Martínez Allegue, que reside en una vivienda en propiedad en su localidad natal, tiene claro que la hoja de ruta de su departamento pasa por promover y rehabilitar más casas. “Hay que escuchar al sector”, repite en varias ocasiones durante la entrevista, en la que se muestra muy combativa con el Gobierno central. Rechaza, como todo el PP, los límites de alquiler que contempla la ley de vivienda estatal en las zonas tensionadas, pero está dispuesta a aplicarlos si algún ayuntamiento se lo solicita.

Pregunta. Acaban de crear la Sociedad de Vivienda Pública de Galicia. ¿Con qué objetivos?

Respuesta. Tenemos dos claras líneas. Por un lado, tenemos unas 4.000 viviendas de promoción pública y las vamos a duplicar en esta legislatura. Es decir, construiremos cerca de 4.000 nuevas viviendas. De hecho, en estos siete meses de legislatura llevamos ya más de 1.600. Y esta Sociedad de Vivienda Pública de Galicia construirá 2.350 viviendas de promoción pública hasta 2028. Por otro lado, tenemos una estrategia de desarrollo de suelo residencial para la construcción de 25.000 viviendas, 20.000 de ellas serán protegidas y 5.000 libres. Queremos garantizar la cohesión social y territorial. Ya hemos consensuado con las ciudades que entran en esa estrategia, que son básicamente A Coruña, Pontevedra, Lugo, Ourense, Santiago, Ferrol, Vilagarcía y Arteixo.

P. ¿Esas 20.000 viviendas públicas serán en venta o en alquiler?

R. En venta y en alquiler. Somos muy conscientes de que nuestras viviendas de promoción pública no solo tienen que ser en alquiler. Damos siempre preferencia al promotor o al constructor que adquiera el suelo en derecho de superficie, de modo que luego vaya a revertir de nuevo a la Administración. Por otro lado, una de las medidas que hemos adoptado en las modificaciones normativas de nuestra ley de vivienda es la calificación permanente de las viviendas de promoción pública y también de las viviendas de protección autonómica.

P. Pero la promoción requiere plazos largos. De manera inmediata, ¿qué medidas contemplan?

R. Por un lado, facilitar la puesta en el mercado de las viviendas vacías. En ese sentido, la comunidad autónoma gallega ha recurrido la ley de vivienda, que consideramos inconstitucional y creemos que genera una inseguridad jurídica muy grande en el propietario que no está destinando esa vivienda a un uso residencial o directamente no la pone en el alquiler. Como contraprestación llevamos una apuesta muy grande por la rehabilitación. De hecho, Galicia tiene un programa específico por el cual hemos adquirido una serie de inmuebles abandonados en centros históricos y los vamos a rehabilitar y calificar como vivienda de promoción pública para destinarlos al alquiler asequible a través de nuestro registro de demandantes.

Hay una clara apuesta por los jóvenes. Tenemos el Aval Mozo, que llevamos ya dos anualidades convocándolo para menores de 36 años. Ese 20% que no avala la entidad financiera, lo avalamos desde la Xunta. Tenemos ayudas a la adquisición de vivienda, tanto con carácter general como para menores de 36 años, ayudas que pueden llegar, si es una vivienda protegida, hasta los 20.000 euros. Y para facilitar la emancipación, regulamos los alojamientos compartidos temporales para menores de 36 años y por un tiempo máximo de tres años.

P. ¿Puede concretar cómo quieren rescatar esas viviendas vacías?

R. Hemos establecido deducciones de hasta 500 euros en la cuota autonómica que tenemos del IRPF a aquellos propietarios que pongan sus viviendas vacías en alquiler y también ayudamos a los que, además, quieran hacer alguna reforma con una deducción de 15% hasta un máximo de 3.000 euros.

P. El Gobierno gallego rechaza el tope de precios de alquiler. ¿Si algún ayuntamiento lo solicita declararán áreas tensionadas?

R. No estamos para nada conformes con esa regulación, con ese intervencionismo en el mercado que se ha demostrado que tiene los efectos contrarios a los deseados. Nosotros siempre hemos dicho, y así lo vamos a hacer, que estamos en un Estado de derecho y la normativa está para cumplirla, por eso la hemos recurrido. Es cierto que la alcaldesa de A Coruña manifestó que iba a solicitar la declaración de zona tensionada, pero a día de hoy no hay ningún ayuntamiento gallego que haya hecho esa solicitud.

P. ¿Y si alguno la hace?

R. Si cumple los parámetros objetivos que se marcan, que se establecen normativamente, tenemos que tramitar la declaración de zona tensionada, está claro.

P. La ley estatal de vivienda no obliga a hacer esa declaración a la comunidad autónoma...

R. Valoraremos los parámetros objetivos y, si se dan, iniciaremos el procedimiento para la tramitación de zona tensionada.

P. ¿Con controles de precios?

R. Con las consecuencias que tiene la ley, que no es solo la limitación de precio.

P. El Ministerio de Vivienda habló de dar menos fondos a comunidades que no cumplan la ley de vivienda. ¿Les preocupa?

R. Con amenazas no se consigue ningún objetivo, esos órdagos al aire creo que son contraproducentes. Galicia es una comunidad cumplidora al 100%. De hecho, hemos agotado ya los fondos que nos han sido transferidos de Europa. Siendo una comunidad cumplidora no puede haber ahora amenazas de incumplimiento.

P. ¿Cuáles van a ser sus planteamientos de cara al próximo plan estatal de vivienda?

R. Lo que demandamos al Ministerio de Vivienda es una escucha activa de las comunidades autónomas teniendo en cuenta que somos las que tenemos competencias en materia de vivienda y que somos muy distintas unas de otras. Espero de verdad que nos tenga en cuenta, pero por ahora no han sido atendidas nuestras solicitudes.

P. ¿Cuáles son esas solicitudes?

R. Apostamos por incrementar medidas como la ayuda a la rehabilitación, no solo vinculada a la eficiencia energética. Pedimos también que se vuelvan a dar ayudas a los promotores para la construcción de vivienda y de vivienda protegida, y no solo en régimen de alquiler sino también de venta, que es algo que nos están demandando desde el sector de la promoción y las cooperativas. Y, por supuesto, continuar con la línea de ayudas y evitar duplicidades. También más incremento presupuestario. En el bono joven, el reparto para nuestra comunidad es de 11 millones de euros, que es la mitad de lo concedido anteriormente y al ser bianual supone una rebaja que no llega a alcanzar ni siquiera el 1% de los futuros beneficiarios.

P. ¿Ustedes complementan con fondos propios esos bonos o las ayudas a promotores que reclaman?

R. Siempre. De hecho, en la última convocatoria que hemos hecho de ayuda a promotores hemos establecido una vinculada a los fondos europeos y hemos hecho también nuestra aportación con la ayuda de alquiler. El esfuerzo que estamos haciendo desde la comunidad autónoma es inmenso.

P. ¿Sería deseable un pacto de Estado por la vivienda?

R. Nosotros estamos pidiendo escucha activa, pero la escucha tiene que ser recíproca y consensuada, no unilateral. De nada sirven las conferencias sectoriales o multilaterales si luego solo hay una decisión que tomar. Tienen que escuchar a las comunidades, que es lo que estamos demandando.

P. Pero si hay consenso en que la vivienda es un gran problema, ¿dónde ve el impedimento para materializar un pacto de Estado?

R. Pues partiendo, por ejemplo, de que la ley estatal de vivienda no la consideramos adecuada. Creemos que invade competencias. Le estamos pidiendo al ministerio desde 14 comunidades que se modifique o se deroguen determinados artículos y no se hace… Un diálogo puede haber, pero si luego solo decide una parte, eso no se llama pacto.

P. ¿Qué se ha hecho mal hasta ahora para llegar a esta situación con la vivienda?

R. Partimos de una crisis clara: del bum inmobiliario se pasó a todo lo contrario. Y también está claro que dejó de haber esas ayudas a promotores para la construcción de vivienda protegida. Entonces dejó de hacerse vivienda protegida. La demanda a día de hoy es muy superior a la oferta y es algo que tenemos paulatinamente que ir mejorando. No creo tampoco que se haya hecho nada malo.

P. ¿No cree que las Administraciones podrían haber detectado antes que se estaba gestando un problema?

R. Yo creo que otro de los grandes retos que tenemos que cumplir es que no solo la Administración autonómica tiene competencias para hacer vivienda pública, sino también las entidades locales. Por la Ley reguladora del régimen local, tienen competencias también para hacer bien la promoción pública y en ese sentido, desde nuestra comunidad también ayudamos a los ayuntamientos. Tenemos una línea de ayudas para la rehabilitación de los inmuebles de titularidad municipal que realmente está siendo muy efectiva. Y luego, por supuesto, hay que ayudar al sector de la promoción y al sector de las cooperativas, que son los que pueden hacer vivienda protegida.