El Constitucional recibe un total de ocho recursos contra la ley de vivienda

El Tribunal Constitucional ha admitido este martes a trámite los dos últimos recursos de inconstitucionalidad contra la ley de vivienda, correspondientes a la Generalitat catalana y a la Xunta de Galicia. En ambos casos, lo sustancial de las impugnaciones se refiere a la supuesta invasión de competencias autonómicas por parte del Estado. Los recursos precedentes fueron presentados por el grupo parlamentario del PP y por el Parlamento catalán, a los que siguieron los de los Consejos de Gobierno de Andalucía, Baleares y Madrid; y finalmente el del Ejecutivo vasco, cuya impugnación fue admitida a trámite el pasado mes de marzo. Las nuevas admisiones dejan definitivamente en ocho los recursos que el Constitucional va a analizar separadamente, si bien eligiendo en primer lugar el que le permita agrupar los motivos de impugnación alegados para formular lo que en el ámbito del tribunal de garantías se conoce como “sentencia de cabecera”, cuya doctrina se extiende luego a los fallos restantes.

En el caso de Cataluña, la elaboración de la ley de vivienda y los posteriores recursos derivaron en un choque entre las fuerzas independentistas, por el distinto papel que desempeñaron en el Congreso, aunque luego acabaron coincidiendo en recurrir la nueva normativa. ERC, que gobierna en la Generalitat, apoyó primero en el Parlamento el citado proyecto, e incluso lo presentó junto a Bildu como un avance de especial relevancia en materia de políticas sociales. Junts, en cambio, estuvo en contra del proyecto desde sus inicios.

El texto aprobado fue objeto de un informe por parte del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, lo que influyó en el cambio de actitud de ERC. El Consejo de Garantías Estatutarias concluyó que la ley de vivienda contenía ocho artículos y tres disposiciones que invaden competencias de la Generalitat, aunque contó con dos votos particulares. Así, el Gobierno de la Generalitat presentó un recurso de inconstitucionalidad después de que los parlamentarios republicanos hubiesen votado a favor de la ley en el Congreso.

En esencia, la impugnación se apoya en dicho dictamen. Mónica Sales, portavoz de Junts, dijo al presentarse el recurso de la Generalitat que la ley “tiene artículos que van en contra del Estatut, que otorga competencias plenas al Govern en materia de vivienda”. Y añadió un “bienvenidos a bordo”, dirigiéndose a ERC, para ironizar con que primero votase la ley y luego la recurriera.

Uno de los puntos más controvertidos de la nueva legislación es el establecimiento de un tope a los precios de los alquileres en las zonas tensionadas, aspecto discutido desde el primer momento por la Comunidad de Madrid. La Xunta de Galicia, a su vez, explicó al presentar el recurso que su decisión se producía tras haber advertido en diversas ocasiones sobre la posibilidad de acudir al Constitucional si no se llegaba a un acuerdo con el Gobierno sobre aspectos que suponían una invasión de las competencias autonómicas.

Tensiones territoriales

Un argumento similar utilizó el Ejecutivo vasco, que alegó al presentar su recurso en febrero que la impugnación llegaba tras “agotar todas las posibilidades de negociación” y tratar de alcanzar con la Administración central “un acuerdo interpretativo para que reconocieran las competencias vascas en esta materia”, con el fin de garantizar que la norma estatal no prevalece sobre la negociación autonómica.

La repetición de este tipo de argumentos ha hecho cierta mella en el Constitucional. De ahí que su resolución de admitir a trámite todos los recursos presentados se mezcle con el criterio de que el volumen de las impugnaciones presentadas es en parte producto de las dificultades insalvables encontradas por las fuerzas políticas para articular una normativa de vivienda que supere tensiones territoriales y diferencias ideológicas, problemática para la que el tribunal tendrá que encontrar ahora remedio con sus sentencias.

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