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El juez busca al ‘topo’ de Villarejo en Hacienda

El magistrado reclama a la Agencia Tributaria la identidad del funcionario que accedió a datos confidenciales para facilitarselos al comisario

José Manuel Villarejo, tras prestar declaración en un juzgado.
José Manuel Villarejo, tras prestar declaración en un juzgado.

Diego de Egea, juez de la Audiencia Nacional, ha reclamado recientemente a la Agencia Tributaria que identifique al funcionario que entró en las bases de datos fiscales para extraer información confidencial que acabó en poder del comisario jubilado José Villarejo, encarcelado desde el pasado noviembre tras su detención en la Operación Tándem. Según informan fuentes cercanas a la investigación, el magistrado trata de averiguar qué trabajador del Ministerio de Hacienda consultó la información tributaria de 2013 de un bufete, que apareció después recogida en un dosier que le encargó un despacho rival y por el que quería cobrar más de 600.000 euros.

Cuando se produjo aquella injerencia, Villarejo estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, foco de la polémica brigada política surgida en la etapa de Gobierno del PP. En su última declaración en la Audiencia Nacional, el comisario jubilado —acusado de los delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales— alegó que sacaba esa información de Internet.

En concreto, el juez De Egea pide a Hacienda que le facilite la identidad de los funcionarios que, desde cualquiera de sus oficinas, hubieran accedido al modelo 347 —la declaración de operaciones con terceras personas— del bufete especializado en patentes y marcas que fue espiado por Villarejo presuntamente por encargo de otro de la competencia, Herrero y Asociados. De este segundo despacho, varios de sus socios ya han sido imputados por la Audiencia Nacional. Según fuentes cercanas a la investigación, querían saber si sus rivales se habían llevado clientes cuando decidieron desligarse de la firma y montar su propio negocio.

Villarejo bautizó aquel dosier como Proyecto Iron y pidió 625.000 euros por conseguir información a través de diversos informadores que, según aseguraba, le permitían acceder a bases de datos confidenciales de todo tipo. La pieza separada también se ha bautizado en la Audiencia como caso Iron [Hierro, en inglés], en referencia al bufete Herrero.

El hoy comisario jubilado alardeaba de contar con colaborados "dentro" de organismos públicos y privados a los que supuestamente pagaba por la información que le hacían llegar. De hecho, en el estudio económico que entregaba a sus clientes con sus honorarios, Villarejo incluía una partida de hasta 50.000 euros para presuntamente este tipo de sobornos. A la vista de los datos que contenían los dosier intervenidos, los investigadores sospechan que entre estos informadores hay policías, empleados bancarios y un inspector de Hacienda.

Las facturas

En el caso del Proyecto Iron, Villarejo quería cobrar 625.000 euros, aunque hasta ahora los investigadores solo han podido encontrar indicios del pago de cerca de 300.000 euros. El comisario exigía que, dado el carácter confidencial del trabajo, las entregas de dinero por sus servicios fuesen lo más opacas posibles. Para ello utilizó, al menos, cuatro de sus empresas, que facturaron al bufete Herrero & Asociados los trabajos bajo la pantalla de conceptos como "consultoría informática" o "servicios jurídicos", según las propias facturas que este despacho de abogados entregó en la Audiencia Nacional recientemente.

Herrero facturó, al menos, 36.300 euros al despacho Stuart & Mackenzie, del que era socio VIllarejo; 42.350 euros a Cenyt Data; 54.450 a Cenyt Consultancy; y 48.400 a Cenyt Media; según informan fuentes cercanas a la investigación. El Grupo Cenyt, propiedad del comisario jubilado, se erige como una de las claves del presunto entramado corrupto que investiga la Audiencia Nacional en la Operación Tandem. De esta instrucción derivarán la pieza separada del caso Iron y otra que acabó el pasado mayo con la detención de Francisco Lorenzo Peñalver y a Susana García Cereceda, consejeros de la lujosa urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Supuestamente, ambos encargaron informes a Villarejo.

La Fiscalía recibió en abril del pasado año una denuncia anónima sobre las supuestas actividades ilegales de Villarejo y Carlos Salamanca, entonces comisario en activo. Este escrito afirmaba que en 2012 un alto cargo de Guinea Ecuatorial encargó a Villarejo un informe sobre uno de los hijos del presidente Obiang, Gabriel Mbaga Obiang Lima. Se trataba de buscar trapos sucios del hijo y difundirlos a través de la red de medios cómplices del excomisario para desacreditarle y anularle en las luchas familiares. El contrato para elaborar ese informe se cerró, precisamente, con el Grupo Cenyt, dedicada a la investigación y a la gestión de crisis. Operaban desde la Torre Picasso de Madrid.

La Audiencia Nacional comenzó entonces a tirar de ese hilo, que se ha traducido ya en más de una decena de imputados. Y De Egea sigue. El pasado jueves y viernes hubo más interrogatorios. Entre otros, a la esposa de Villarejo.