El Constitucional decidirá sobre la suspensión de Puigdemont de su cargo de diputado

El Tribunal Constitucional tendrá la última palabra sobre la decisión de suspender de sus cargos de diputados al huido Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, y a otros cinco líderes del procés que se encuentran en prisión —Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Sànchez—. Los magistrados han decidido admitir a trámite los recursos presentados contra el acuerdo de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo que confirmaba el auto del juez Pablo Llarena del 9 de julio de 2018, en el que suspendía temporalmente a los seis parlamentarios procesados por rebelión. Un dictamen que provocó un auténtico seísmo en el seno del nacionalismo catalán, que acabó con la ruptura del bloque independentista en el Parlament el pasado 9 de octubre.

Según consta en el escrito del pleno del Constitucional, fechado el 30 de octubre, el tribunal aprecia que concurre "una especial trascendencia constitucional porque plantea un problema, o afecta a una faceta de un derecho fundamental, sobre el que no hay doctrina de este tribunal". Los recurrentes alegaron que se estaba vulnerando su derecho a participar en los asuntos públicos a través de los representantes elegidos en unos comicios.

El auto de procesamiento de Llarena suspendía a los seis diputados de sus funciones. Sin embargo, con el objetivo de no alterar las mayorías parlamentarias, el juez permitió a los parlamentarios que designasen a un sustituto. Junqueras y Romeva así lo hicieron, pero los cuatro dirigentes de Junts per Catalunya se han negado reiteradamente a delegar el voto. Eso provocó que el bloque independentista se quedase en minoría el 9 de octubre.

Sigue adelante el recurso del PSC

Aunque, antes de perder la mayoría en la Cámara autonómica, los secesionistas ya habían hecho un movimiento previo en la Mesa del Parlament. Este órgano acordó no suspender de sus funciones a los cuatro diputados de Junts per Catalunya: Puigdemont, Sànchez, Turull y Rull. El PSC decidió entonces recurrir también dicha decisión al Constitucional, que acaba de admitirla a trámite. Los socialistas consideraron que se ha podido lesionar el derecho a ejercer el cargo público en condiciones de igualdad, sin perturbaciones ilegítimas y conforme a lo que dispongan las leyes.