El Gobierno dice que no hay gesto político sino solo discrepancias entre la fiscalía y la Abogacía

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, han negado que el Gobierno haya cambiado de criterio en la causa contra los líderes del procès o que haya habido alguna imposición a la Abogacía General del Estado para que no les acuse del delito de rebelión después de que se conociera el escrito de acusación del organismo dependiente del Ministerio de Justicia y de la fiscalía. Ambas han insistido en que la posición de la Abogacía "no es un gesto político" sino fruto de una discrepancia jurídica entre la fiscalía, que sí ve el delito de rebelión, y el defensor del Estado, que solo ve sedición.

Sin embargo, y pese a que en todo momento trataron de desligar la política de la decisión de la abogacía, ante la insistencia de los periodistas la vicepresidenta sí admitió la dimensión política de la cuestión. "Hemos heredado una crisis enorme en Cataluña y estamos dispuestos a resolverla dentro de los cauces de la Constitución. No es una cuestión de cálculo. Hemos recibido esta herencia de un Gobierno que decidió que todo lo resolvieran los tribunales y que pensaba que no había nada que hacer desde el ámbito de la política. Nosotros somos lo contrario de eso".

Delgado desmintió en varias ocasiones que haya existido imposición del Gobierno a la Abogacía o discrepancias en su seno. Ni siquiera admite el Gobierno que los defensores del Estado hayan cambiado de opinión desde agosto, cuando se sumaron a la posición de la Fiscalía en la que se hablaba de rebelión. Las ministras insistieron en que esta era la primera vez que la abogacía calificaba realmente los hechos.

Para Delgado, no se ha producido una rectificación porque, “hasta este momento”, la abogacía “no se había pronunciado oficialmente”. La oposición discrepa y apela a un escrito del pasado 6 de agosto enviado al Tribunal Supremo en el que la Abogacía del Estado “interesa” la apertura del juicio oral “por la presunta comisión de delitos de rebelión, desobediencia y malversación de caudales públicos”. La interpretación de este escrito se ha convertido en parte del debate. ¿Ha cambiado de criterio la abogacía?

“El momento de decidir los delitos es en el escrito de calificaciones preliminares, no antes, y es ahí es donde se fija la posición en la acusación”, opina Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). En la misma línea se expresa Vicente Gimeno, catedrático de Derecho Procesal de la UNED y exmagistrado del Tribunal Constitucional: “Cuando se llega a la fase intermedia se solicita a las partes que pidan la apertura de juicio oral o el sobreseimiento por los delitos imputados. El momento de determinación de la pretensión penal es ahora, en el escrito de calificaciones provisionales”. Otros juristas opinan que el escrito es ambiguo, que la Abogacía podía haberse pronunciado en otro sentido y que no se puede saber a ciencia cierta si se escribió así como mero trámite o para adherirse a la calificación.

La ministra tampoco considera significativo que el escrito esté firmado únicamente por Consuelo Castro, la jefa de la Abogacía, y no otros abogados de los servicios jurídicos que han trabajado en este procedimiento. Delgado explicó que esta decisión es razonable por la "extraordinaria relevancia" de esta causa.

El Ejecutivo trata de llevar todo el asunto a un debate jurídico entre expertos sobre la posibilidad de que haya o no rebelión, aunque entre líneas admite que la abogacía y la fiscalía son muy diferentes, porque la primera depende exclusivamente del Gobierno mientras la segunda es autónoma. La realidad es que la posición de la abogacía deriva de una decisión política que se tomó el lunes en el núcleo duro del Gobierno, pero el Ejecutivo trata de llevar el debate al campo jurídico. Las líneas de la fiscalía y Abogacía, que se separan por primera vez, "son dos posiciones perfectamente defendibles de unos y otros", señala el Gobierno.

¿Delito de rebelión?

En su afán por tratar de suavizar la polémica que ha causado la decisión, la vicepresidenta llegó a hacer un extraño giro para no contestar a una pregunta sencilla: ¿por qué el presidente del Gobierno ahora no ve el delito de rebelión cuando sí lo veía con claridad en mayo, cuando fue preguntado en una entrevista en Antena 3? Con tal de no contestar, Calvo cayó en un absurdo dialéctico. "El presidente del Gobierno nunca ha negado la rebelión", dijo en la primera respuesta ante la sorpresa de los periodistas, que habían escuchado esas palabras. Cuando otro colega le repreguntó, ella dijo "es que hablan de mayo, y me han preguntado por el presidente del Gobierno", que entonces era líder de la oposición. "Pero es la misma persona", le espetaron.

En medio de la confusión, el periodista ajustó la pregunta: "Bueno ¿por qué ha cambiado Pedro Sánchez de opinión?". Calvo la esquivó. "Nosotros somos Gobierno ahora, respondemos de la posición del Gobierno", se limitó a contestar. No es la primera vez que el Ejecutivo renuncia a explicar su cambio de posición desde que era oposición, y por ejemplo Sánchez llamaba a Quim Torra "el Le Pen español", a su línea mucho más moderada en el Gobierno. El argumento suele ser que las circunstancias políticas han cambiado mucho desde entonces.

Rodeado de críticas de los dos lados, de la oposición por no acusar de rebelión y de los independentistas por acusar de sedición, el Gobierno trata ahora de calmar las aguas y esperar a ver qué sucede en el proceso. El Ejecutivo asegura que mantendrá un "escrupuloso respeto" a la justicia durante todo el juicio. La posición política ya ha sido fijada esta semana con las declaraciones del presidente y la vicepresidenta que ponían en duda el delito de rebelión y ahora con el escrito de la fiscalía. Ahora al Ejecutivo le queda esperar el desarrollo del proceso y confiar en que la fiscalía, a la que no se ha animado a presionar porque pensaba que podía ser contraproducente, rebaje su acusación durante el juicio. Calvo criticó que otros partidos como PP y Cs se hayan atrevido incluso a "calificar delitos" y remitir la "imaginación" a "espacios lejanos en el tiempo", algo que ella sí ve como presiones a la Justicia.

Calvo también se ha referido a la proposición no de ley que ha presentado Ciudadanos para evitar que el Gobierno pueda indultar a los presos del procès. Ha recordado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que el indulto es una figura constitucional que no implica perdón del delito y que si se pretende reformar la Constitución en ese punto "no es cosa menor" y habrá que hacerlo abordando un debate serio más allá del que plantea el partido naranja, sobre todo en este momento político.