El Vaticano rectifica la versión del Gobierno sobre el destino de los restos de Franco

La decisión del Gobierno de impedir que los restos del dictador Francisco Franco acaben en la catedral de La Almudena ha provocado una tensión inesperada con el Vaticano. La vicepresidenta, Carmen Calvo, anunció en el Congreso que el Ejecutivo usará la ley de memoria histórica para impedir el deseo de la familia Franco de que el dictador sea enterrado en La Almudena cuando salga del Valle de los Caídos, y aseguró que el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, con el que se reunió el lunes, estaba de acuerdo en buscar una alternativa. "El cardenal entendió que debíamos buscar una salida para que los restos de Franco estén en un lugar con dignidad pero que no puedan ser objeto de homenaje de ningún tipo. Acordamos [con el Vaticano] trabajar de manera conjunta para encontrar una salida que obviamente no puede ser La Almudena", sentenció Calvo.

Pero poco después, el Vaticano, poco dado a matizar las declaraciones de gobiernos o a aportar datos sobre las reuniones que mantiene con los políticos de otros países, reaccionó con un comunicado oficial en el que rectificaba las palabras de Calvo y mostraba con nitidez la voluntad de la Santa Sede de no ser instrumentalizada políticamente en este conflicto. “A propósito de la reunión que mantuvieron este lunes el secretario de Estado de la Santa Sede y la vicepresidenta del Gobierno de España quiero precisar lo siguiente: el cardenal Pietro Parolin no se opone a la exhumación de Francisco Franco, si así lo han decidido las autoridades competentes, pero en ningún momento se pronunció sobre el lugar de la inhumación”.

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El Gobierno, según la vicepresidencia, no está inquieto por este comunicado del Vaticano. Al contrario, está decidido a seguir adelante con la exhumación y sobre todo con la decisión de usar la ley de memoria histórica para impedir que Franco sea inhumado en La Almudena. Hasta ahora decía que no había manera legal de hacerlo, pero cree haberla encontrado en esta norma, que en su preámbulo habla de la necesidad de "evitar toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura". Aunque esa norma hasta ahora se ha usado para cambiar nombres de calles y retirar símbolos, el Gobierno cree que también se puede usar para impedir el entierro de Franco en un lugar tan importante como la catedral madrileña.

El Ejecutivo, que asegura que el Vaticano fue informado el lunes del comunicado que iba a distribuir desde La Moncloa y no puso objeción, prefiere concentrarse en la parte más positiva del comunicado de la Santa Sede. Primero, que ya queda por escrito que la Iglesia apoya la exhumación. Y segundo, la última línea del texto, donde se admite que sí se habló de la inhumación y se subraya que Calvo planteó la idea de dialogar con la familia Franco para lograr el acuerdo que permitiese evitar la inhumación en el centro de Madrid. "Es cierto que la señora Carmen Calvo expresó su preocupación por la posible sepultura en la catedral de La Almudena y su deseo de explorar otras alternativas, también a través del diálogo con la familia. Al cardenal secretario de Estado le pareció oportuna esta solución". No alude, sin embargo, a la aplicación de la ley de memoria histórica, tal y como ha hecho este martes la vicepresidenta, y sí a un acuerdo con la familia, que es lo que siempre ha reclamado la Iglesia española. Pero el Gobierno se queda con la idea de que a Parolin le parece oportuna la idea de Calvo de buscar alternativas.

Pese a la tensión que muestra este inusual comunicado del Vaticano, el Gobierno está decidido a seguir adelante y terminar el proceso de la exhumación del dictador antes de fin de año. Y ahora, pese a este cruce de mensajes, está convencido además de que cuenta con el apoyo de la Iglesia para seguir adelante. En realidad, a ninguno de los dos, ni al Gobierno ni a la Santa Sede, les interesa que Franco vaya a La Almudena, pero la discusión de fondo pasa por saber quién asume el coste de tomar la decisión.

Llevar la iniciativa

El Ejecutivo acaba, pues, de dar un giro de 180 grados y ha demostrado que está dispuesto a llevar la iniciativa. Hasta ahora, tanto el presidente como la vicepresidenta habían asegurado que el Gobierno no iba a decirle a la Iglesia dónde se podía enterrar o no. "No podemos más que respetar la voluntad de la familia", dijo la vicepresidenta el 12 de octubre. "La inhumación no nos corresponde", añadió la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa, la semana pasada. La realidad es que el Gobierno estaba entonces sondeando al Vaticano y negociando para buscar una salida.

El Ejecutivo sostiene que los restos de Franco, una vez que sean exhumados del Valle de los Caídos, deben inhumarse "en condiciones de dignidad, pero en ningún lugar en que puedan ser objeto de ningún tipo de homenaje o posición pública", como a su juicio sería el panteón familiar de la cripta de la catedral de La Almudena, donde también está enterrada la hija del dictador. A este respecto, Calvo ha recalcado que La Almudena "no es de titularidad privada" y que es responsabilidad de la Iglesia católica y del Estado, a través del poder ejecutivo, "garantizar en todo el territorio español que no se enaltece a Franco en ningún sitio ni en ningún punto del territorio". Tras recordar que "todos" están sometidos al cumplimiento de la ley, ha advertido de que el Ejecutivo tiene instrumentos —como la ley de memoria histórica— para garantizar que así sea.

El Vaticano llevaba días avisando sutilmente de que no piensa ser la parte activa de un conflicto político abierto por el Gobierno. La Santa Sede, que probablemente hubiera preferido tratar esta cuestión de forma mucho más reservada y no encontrarse con un extenso comunicado de la vicepresidencia donde se detallaba el contenido de la reunión del lunes, no se opone a la exhumación del dictador y sería partidaria de evitar que terminase en La Almudena. Sin embargo, no tiene intención de liderar una campaña provocada por la dudosa gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez en este asunto. De ahí, en parte, la respuesta emitida por su oficina de Comunicación pocos minutos después de las declaraciones de Calvo.

Además del importante matiz del Vaticano, el Arzobispado de Madrid asegura que no se ha producido ningún contacto con el Gobierno en relación a la inhumación de Franco y la voluntad de la familia de enterrarlo en la cripta de la catedral de La Almudena si sus restos son exhumados del Valle de los Caídos. Fuentes del arzobispado señalan a EL PAÍS que su posición no ha variado, y se mantienen en la idea de que son el Gobierno y la familia, y no la Iglesia, como dice el comunicado del Vaticano, los que deben encontrar una solución.