La Eurocámara pide ilegalizar las organizaciones que exaltan el fascismo

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Los eurodiputados aprobaron el texto por 355 votos a favor, 90 en contra y 39 abstenciones. Y sacarlo adelante requirió cierto juego de equilibrios. Populares y liberales exigieron que no se especificaran los nombres de las asociaciones que deben ser ilegalizadas para no abrir un debate que podría haber generado discrepancias sobre cuáles debían formar parte del listado. El objetivo final era escenificar una respuesta unitaria frente a la violencia neofascista, en la que los parlamentarios incluyeron a modo de recordatorio ataques como el del noruego Anders Breivik en la isla de Utoya, —que causó 77 víctimas en 2011—, el asesinato de la diputada laborista Jo Cox en 2016, o la más reciente agresión a la eurodiputada italiana Eleonora Forenza y su asistente en una manifestación antifascista.

Pese a que en la resolución aprobada se evitó cualquier referencia a la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, las enmiendas sí hicieron menciones explícitas a España. Tras la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, una de las enmiendas aprobadas invita a España a profundizar en esa vía y eliminar por completo los distintivos franquistas. “Se debe proceder a la retirada efectiva de todos los demás símbolos o monumentos que exalten el alzamiento militar, la Guerra Civil y la dictadura de Franco”, afirma. Dicha enmienda fue validada por 223 votos a favor, 206 en contra y 65 abstenciones. Y dividió a los partidos españoles. PSOE, Podemos, IU, PNV, PDeCAT, Verdes y BNG se mostraron favorables. Mientras que PP y Ciudadanos se abstuvieron. En su contenido también se hace referencia al proceso abierto por la familia Franco a 19 activistas que ocuparon el Pazo de Meirás, contra los que piden 13 años de prisión por delitos de odio, contra el honor, daños y violación de morada.

Un equilibrio de fuerzas similar se produjo entre los partidos españoles en el voto de otra de las enmiendas donde se aludía a España. Finalmente, se aprobó un texto en el que se cita la investigación abierta contra 12 miembros de la organización neonazi Hogar Social Madrid por incitación al odio, la condena a miembros de Falange, Alianza Nacional y Democracia Nacional por el ataque al Centro Cultural Blanquerna en 2013, y las amenazas de muerte contra el presidente de SOS Racismo Madrid, Moha Gerehou, como ejemplos de violencia neofascista en Europa.

En un momento en que la extrema derecha se sienta en los Parlamentos de media Europa con una simbología que en la mayoría de casos huye de la estética previa a la Segunda Guerra Mundial, pero comparte una parte importante de su mensaje, la resolución es una llamada a las autoridades a extremar la vigilancia. Poco más. La última palabra sobre la continuidad de las actividades de las entidades neofascistas la sigue teniendo cada país. Lo mismo que sucede con la pervivencia de los símbolos. Y no todos los intentos por esa vía han tenido éxito. En 2017 el Constitucional alemán rechazó por segunda vez ilegalizar el partido neonazi NPD al estimar que, por su escaso número de votos, no representaba un peligro para la democracia.

Los parlamentarios sugieren a los Gobiernos medidas para ser más eficientes en la respuesta a la violencia ultra. Abogan por crear dentro de los cuerpos de policía unidades especializadas en delitos de odio, y reclaman a los Estados miembros y las federaciones deportivas nacionales, especialmente a los clubes de fútbol, que luchen contra el racismo, el fascismo y la xenofobia en los estadios.