Un grupo de 40 marroquíes solicita asilo en España alegando persecución por las protestas del Rif

Un grupo de alrededor de 40 migrantes marroquíes llegados al puerto de Motril el lunes han solicitado asilo en España. Fuentes de la Policía Nacional confirman que han basado su petición en el hecho de sentirse perseguidos por su actividad en las protestas que tienen lugar en la región marroquí de Rif, al norte del país. Allí, especialmente en la localidad de Alhucemas y desde octubre de 2016, los rifeños mantienen una protesta continua contra el gobierno marroquí y solicitan mejoras sociales.

La consecuencia inmediata de esa petición es que el retorno casi automático de los marroquíes a su país ha quedado paralizado y se les ha concedido hasta un mes de permanencia en el país hasta que completen los trámites iniciales de su solicitud. José Carlos Cabrera, del Comité Español de Ayuda al Refugiado en Andalucía, confirma que están recibiendo citaciones para entrevistar a los peticionarios de asilo para mediados del año próximo.

Generalmente, los marroquíes —y los argelinos— que llegan ilegalmente a España son devueltos de modo inmediato a sus países, en virtud de los acuerdos bilaterales con Marruecos y Argelia. No ocurre lo mismo con los migrantes de países subsaharianos, a los que se les inicia un trámite de devolución de difícil cumplimiento y que  acaban dejando en libertad.

Con la petición de asilo en el puerto de llegada el proceso apenas comienza. Ahora, los cuarenta marroquíes han recibido un documento que indica que son peticionarios de asilo y que tienen un mes para que continuar con su solicitud en cualquier comisaría del país. Siguiendo ese procedimiento, los cuarenta magrebíes han abandonado Motril y son libres de ir donde quieran.

La respuesta que finalmente recibirán estas peticiones de asilo parece clara a juzgar por las declaraciones de Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Migraciones hace apenas unos días. Sus palabras ya indican que todos van a recibir un rotundo no a su petición. El pasado 3 de octubre, Rumí viajó a Marruecos y se reunió con tres ministros, uno de ellos Mohamed Yatim, ministro delegado de Emigración. En esa visita, Rumí confirmó la recepción creciente de peticiones de asilo en España por parte de ciudadanos marroquíes en las últimas semanas para a continuación añadir que “Marruecos no es un país a cuyos habitantes se concede asilo o refugio. Sabemos que la mayoría hacen esas solicitudes para demorar sus expulsiones. Pero las vamos a resolver de forma exprés, con todas las garantías, pero de forma exprés”.

Fuentes del Ministerio de Interior han confirmado a este diario que frente a las 531 peticiones de asilo recibidas por parte de ciudadanos marroquíes en 2017, este año y hasta el 31 de agosto, esa cifra ya es de 765 solicitudes. Esto supone ocho meses con un incremento de 44% de solicitudes respecto a todo el año anterior.

En este momento, solo un activista de las protestas del Rif ha conseguido el estatuto de refugiado político. Según informó Europa Press en julio de este año, la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior reconocía en los primeros días de ese mes la condición de refugiado y concedía el derecho de asilo a un activista rifeño de 33 años que huyó de Alhucemas y llegó a Ceuta hace ahora un año. Según el activista, huyó a Ceuta una vez que las Fuerzas de Seguridad marroquíes le instaron a personarse en dependencias policiales como uno de los cabecillas de las protestas.

Desde el Sindicato Unificado de Policía ponen en duda que todos sean perseguidos políticos. Fuentes del sindicato policial explican que “este es un procedimiento que se está utilizando mucho, o bastante más que antes, en Motril durante este verano. Los inmigrantes vienen mejor informados por sus abogados, por quienes les ayudan a cruzar el mar de Alborán o por quien sea. Saben que así paralizan su regreso inmediato y que quedan en la calle”.

Razones para la petición

Desde el Ministerio de Interior indican que no pueden detallar los motivos alegados para la solicitud de asilo ni los datos de sus resoluciones. No obstante, según el informe anual de 2017 del Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR) en 2017 las solicitudes se basaban únicamente en dos motivos: considerarse perseguidos como consecuencia de su actividad en las revueltas en demanda de mejoras sociales en el Rif y pertenecer al colectivo LGTB. En Marruecos están penada con cárcel lo que el código penal define como “actos indecentes y antinaturales con individuos del mismo sexo”.