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España pide a Bruselas que dé más fondos a Marruecos para la migración

Los contactos entre las partes se han sucedido estos días para acelerar una solución

Madrid / Bruselas

España alza la voz en Europa para defender a un socio cada vez más incómodo: Marruecos. El Gobierno de Pedro Sánchez presiona con fuerza a Bruselas para lograr un desembolso sustancial —y sobre todo rápido— a Rabat que ayude a contener los flujos migratorios. La sensación de urgencia se agudiza, por lo que Bruselas prepara una respuesta inminente. Aunque las cifras son aún modestas, España se ha convertido en el principal foco de entradas irregulares por el Mediterráneo. La necesidad de buscar la complicidad de Marruecos en este terreno explica la tibieza española ante los crecientes conflictos abiertos con el país vecino.

Llegada el pasado sábado al puerto de Motril (Granada) de inmigrantes subsaharianos rescatados junto a la isla de Alborán. En vídeo, más de treinta pateras rescatadas durante este fin de semana frente a las costas andaluzas.

Las demandas españolas empiezan a adquirir el tono de queja, una actitud poco habitual para un país en general alineado con la postura oficial de la UE. Pero la paciencia se agota, en Madrid y en Rabat. Marruecos reclama desde hace más de un año la entrega de dinero y medios que juzga imprescindibles para la gestión de los flujos migratorios irregulares en la ruta occidental del Mediterráneo. Este fin de semana ha habido contactos telefónicos entre autoridades españolas y comunitarias para acelerar los trámites. Fuentes diplomáticas rehúsan concretar a EL PAÍS las cantidades que reclaman para Marruecos, pero aventuran que superan los casi 30 millones comprometidos con la monarquía de Rabat para las necesidades más inmediatas de material.

El respaldo de España a su socio marroquí es rotundo. “Marruecos hace valer su condición de socio responsable, pero considera que la respuesta al fenómeno migratorio debe basarse en el principio de responsabilidad compartida”, sostienen fuentes oficiales del Gobierno. El Ejecutivo exige así que Europa, muy volcada en retribuir los esfuerzos de Turquía —y en menor medida de Libia— en atención a refugiados y contención de migrantes económicos, atienda a Marruecos, su principal aliado en este terreno. El Ejecutivo alega que España “experimenta una presión sin precedentes”, con 42.000 llegadas en lo que va de año, el doble de las registradas por la ruta libia, que desemboca en Italia.

En este contexto, los contactos a tres bandas (Comisión, Marruecos y España) se han vuelto incesantes. Y el Gobierno de Sánchez confía en que haya gestos en las próximas semanas. Fuentes comunitarias parecen asumir la urgencia y aseguran que en los próximos meses habrá nuevas partidas, tanto a través del Fondo Fiduciario para el Norte de África, muy centrado en atajar las causas que provocan las migraciones, como en la política de vecindad. Y adelantan a este diario la próxima celebración de una reunión de alto nivel en Bruselas, pendiente de confirmación por parte de las autoridades marroquíes.

Esa cita en la capital comunitaria enlaza con la reciente visita (el 14 de septiembre) a Marruecos del comisario europeo de Política de Vecindad, el austriaco Johannes Hahn. En septiembre también llegó a ese país una misión técnica de la Comisión, con vistas a preparar el terreno para el desembolso de ayudas. Y a finales de ese mes desembarcó en España un equipo de Frontex, la agencia europea de fronteras, para dar más medios europeos. Hahn estará hoy lunes en Barcelona, en la inauguración del foro de la Unión por el Mediterráneo, que reúne precisamente a responsables de los países de la UE con sus vecinos al sur del Mediterráneo (entre ellos Marruecos).

Malestar en Rabat

Pese a los avances, el malestar por la lentitud de la Comisión resulta evidente, sobre todo, entre las autoridades marroquíes. España teme que cualquier malentendido diplomático desemboque en un descontrol de las llegadas. Ese temor —un clásico en la relación hispano-marroquí, ahora acrecentado— explica el silencio español ante las afrentas marroquíes más recientes. La principal, el cierre de la frontera de Melilla que decretó Marruecos a mediados de julio. También la opacidad que rodea al incidente ocurrido a finales de septiembre con una patera tripulada por dos españoles. La Marina Real marroquí abrió fuego y acabó muriendo una joven marroquí. El Gobierno ha evitado pedir explicaciones a Rabat.

Otro ámbito en el que España se ha movido con discreción ha sido el nuevo acuerdo pesquero entre Bruselas y Rabat, que los Estados de la UE ya han desbloqueado, pero que ahora debe ratificar el Parlamento Europeo. Este marco, que permite a 128 barcos comunitarios —92 españoles— faenar en aguas marroquíes, debía actualizarse para incorporar una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que impedía a Marruecos explotar los recursos obtenidos en aguas del Sáhara occidental, de donde provienen más del 90% de las capturas. La Eurocámara recibe mañana a representantes del Gobierno marroquí y del Sáhara Occidental para tratar de acercar posturas.

Más allá de la voluntad de acercamiento al vecino del sur, fuentes comunitarias y diplomáticas reconocen dificultades administrativas en la aplicación de los programas de ayudas, con el más reciente (55 millones de euros para Marruecos y Túnez) prácticamente estancado desde su aprobación el pasado julio. El presidente del Gobierno ya reclamó por escrito a la Comisión mayor cooperación con Marruecos. Frente a la respuesta enlatada de que los recursos son limitados, España alega que la Comisión “tiene muchos instrumentos y dispone de flexibilidad para cambiar el destino de importantes partidas”.

Rabat gasta 200 millones anuales en desplegar a 13.000 agentes en la costa

Lucía Abellán / Bernardo de Miguel

España tiene muy presente el rosario de cifras que atestiguan el compromiso marroquí con el control de la migración. Aunque la agencia europea para el control de fronteras (Frontex) ha detectado recientemente cierta laxitud en esa labor de vigilancia, el Gobierno español argumenta que Marruecos, a su vez, también sufre una fuerte presión de llegadas desde otros puntos de África.

Como pista de cuánta ayuda necesita el país mediterráneo, el Gobierno destaca el “importante esfuerzo” que realizan sus responsables para combatir las llegadas irregulares. En la costa de este país hay desplegados 13.000 agentes, con un coste anual de 200 millones de euros. Pese a lo abultado de las cifras, fuentes de Frontex destacan que esas fuerzas marroquíes están concentradas en ciertas zonas y que las salidas se desplazan ahora hacia nuevos territorios, más cercanos a Argelia.

El año pasado, las autoridades marroquíes interceptaron a 65.000 personas que trataban de abandonar el país, más del doble que el año anterior. Y en lo que va de 2018 se han desmantelado 80 redes de tráfico de personas, según datos que las autoridades de Rabat han proporcionado a las españolas.

Junto a esa labor, Madrid y Rabat “mantienen una cooperación excelente”, según fuentes oficiales españolas. Las comisarías y las patrullas conjuntas constituyen una muestra.

Aun así, el fenómeno desborda a las autoridades. La Moncloa lleva intentando cerrar, sin éxito, un viaje del presidente del Gobierno a Marruecos para visibilizar la importancia que le otorga a esa relación. Más allá de que las continuas ausencias del rey Mohamed VI dificultan cuadrar las agendas, algunos de los primeros gestos del Gobierno de Sánchez incomodaron a Rabat. Las intenciones de acabar con las llamadas devoluciones en caliente de migrantes que logran pasar de Marruecos a Ceuta y Melilla o el anuncio de retirar las alambradas de cuchillas en esas vallas fueron dos de esos gestos.

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