El Supremo enviará el acuerdo del Parlament al fiscal si no acata la suspensión

El Tribunal Supremo analizará el acuerdo sobre la suspensión de los seis diputados procesados por rebelión votado este martes por el Parlament para analizar si cumple o no con lo decretado por el juez Pablo Llarena. El alto tribunal quiere actuar con “prudencia” y no adelantar lo que puede ocurrir, pero las fuentes consultadas señalan que si existen dudas sobre el cumplimiento de la orden del juez se remitirá el acuerdo a la Fiscalía para que sea el Ministerio Público el que decida las posibles implicaciones penales. Si las hubiera se trataría de un delito de desobediencia y habría que determinar si se le atribuye a todos los diputados que ayer votaron en contra de la suspensión o solo a los miembros de la Mesa por tramitar la iniciativa.

El tribunal no tiene todavía constancia oficial del acuerdo y, según las fuentes consultadas, esperará a que la Cámara le notifique la solución aprobada y, si no lo hace de oficio, se le requerirá en los próximos días. Después, analizará el texto para determinar si cumple con lo que Llarena ordenó en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por lo que ha trascendido de la votación, las fuentes consultadas consideran que hay sospechas de que no se ha cumplido plenamente con la obligación de suspender a los procesados por rebelión de sus cargos y funciones. La clave, sobre todo, está en la delegación de voto, ya que al permitirse se está reconociendo a los procesados el derecho a votar, lo que, sobre el papel, choca con la suspensión plena decretada por el juez. “Habría que ver si se puede delegar aquello que no se tiene”, señalan fuentes del tribunal.

Ciudadanos ya ha avanzado que presentará una querella, por lo que es probable que la Fiscalía estudie el asunto al margen de lo que decida el alto tribunal. La fiscal general, María José Segarra, señaló ayer que actuará si la Cámara “quebranta el orden constitucional y estatutario”.

Lo que sí tiene claro el Supremo es que si la votación de ayer acaba ante la justicia, la investigación no se unirá a la causa del Supremo contra los líderes independentistas. Ese sumario, recuerdan las fuentes consultadas, está cerrado y no se va a ampliar para esto. Aunque el origen sea el incumplimiento de una orden del Supremo, lo previsible es que sean la Fiscalía de Cataluña y el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad los que se hagan cargo del caso si este llega a abrirse.