Unipost no cobró un millón de la Generalitat por las cartas del 1-O

La empresa Unipost no llegó a cobrar de la Generalitat ni un euro por el reparto de correspondencia para el referéndum del 1-O. Así lo ha comunicado la administradora concursal de la compañía al juez de Barcelona que investiga los preparativos de la consulta. Las cinco facturas giradas al Gobierno catalán por valor de 979.661 euros se anularon de inmediato, por lo que "no figuran como cobradas, ni compensadas ni tampoco se han incluido en la relación de créditos de dudoso cobro ni serán objeto de reclamación", según su informe.

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La información de la administradora plantea ahora nuevas dudas sobre una de las patas sobre las que se asienta el delito de malversación. La Guardia Civil cifra en 3,2 millones de euros el coste para el erario público del referéndum independentista. Un tercio de esa cantidad corresponde, supuestamente, al reparto de cartas certificadas a los miembros de las mesas electorales. La Generalitat contrató para ese cometido a Unipost, que ya tuvo un papel clave en la consulta del 9-N de 2014 y que ahora está en concurso de acreedores con una deuda cercana a los 50 millones.

El juez sospecha que, para "simular" la operación, se dividió el pago en cinco facturas giradas a los departamentos de Presidencia, Vicepresidencia, Economía, Trabajo y Cultura. La administradora concursal, sin embargo, ha informado de que esas facturas fueron remitidas a la Generalitat el 7 de septiembre, pero fueron anuladas ese mismo día. En su declaración ante el juez, los empleados y trabajadores de Unipost ya negaron que la empresa hubiera cobrado de la Generalitat.

Además del envío de correspondencia de Unipost, la investigación sobre malversación se sustenta en otros indicios, como la campaña de publicidad sobre la consulta (un millón de euros) o la contratación de observadores internacionales para el 1-O.