La fiscalía rechaza que se investigue al vicepresidente catalán por desobediencia

La Fiscalía Superior de Cataluña no ve indicios suficientes para investigar al vicepresidente del Gobierno catalán, Pere Aragonès, por un delito de desobediencia en relación con el referéndum del 1-O. La fiscalía ha respondido a la petición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre la posibilidad de abrir una investigación contra Aragonès y contra dos diputados de Esquerra, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.

El juez de Barcelona que investiga el referéndum -y que mantiene investigadas a unas 40 personas- había elevado una exposición razonada pidiendo que se abriera investigación contra los tres cargos de Esquerra por su participación en el referéndum de independencia del 1-O. Antes de tomar una decisión, sin embargo, el TSJC dio traslado a la Fiscalía, que ahora se ha posicionado a favor de investigar a Jové pero no a Aragonès.

El magistrado argumentó que a Aragonès -que en la fecha del referéndum ejercía de Secretario de Economía- le fue notificada la sentencia del Tribunal Constitucional y la advertencia de que debía impedir la celebración del referéndum. La fiscalía critica que la petición del juez es "excesivamente parca" a la hora de indicar "los concretos indicios incriminatorios" que, "más allá de su mera pasividad", justifiquen la apertura de una causa penal contra él.

La Fiscalía Superior concluye que "no se desprenden indicios bastantes que permitan, al menos por el momento, atribuir al investigado Pere Aragonès" un delito de desobediencia. La fiscalía, sin embargo, sí se muestra favorable a que la Sala Civil y Penal del TSJC abra una investigación contra Jové por su condición de diputado en el Parlament y, como tal, aforado.