Dos millones de euros en B por los archivos de Villarejo
Un hombre al que los servicios de información identifican como "el informático de Villarejo" puso en el mercado 20 años de grabaciones
Hace más de un año que la vida del comisario José Manuel Villarejo, comprimida en 20 años de grabaciones con policías, jueces, abogados, empresarios, periodistas y políticos, tiene un precio en el mercado. Un hombre, supuestamente vinculado a la policía y al comisario, pedía en 2017 hasta dos millones de euros en dinero negro por esa mercancía, consistente en incontables archivos de audio y documentos con la apariencia de contener información sensible sobre cuestiones que han marcado la vida política y económica de España en los últimos años.
Los servicios de información sostienen que quien va ofreciendo ese material es “el informático de Villarejo”, la persona que supuestamente ordenó, archivó y encriptó todas las grabaciones que hizo el comisario a lo largo de su vida profesional.
El contenido de lo que se ofrece incluye conversaciones grabadas por Villarejo desde comienzos de la pasada década. Las grabaciones incluyen desde charlas de barra de bar con sus compañeros comisarios sobre ascensos en la policía y otras cuestiones laborales hasta intercambios de información con diversos periodistas o comidas políticas y judiciales. Entre el material que ofrece la persona a la que identifican los servicios de información como “el informático de Villarejo” se incluyen algunas citas con influyentes dirigentes del PP que se produjeron en momentos delicados para esta formación política.
Una de estas grabaciones liquidó al expresidente madrileño Ignacio González. El audio llegó a los periodistas el 8 de marzo de 2015 de la mano de Villarejo, cuatro años después de que se produjera el encuentro (noviembre de 2011) y solo tres meses antes de unas elecciones autonómicas.
En esa cinta, el entonces vicepresidente habla con Villarejo y otro comisario para intentar tapar el escándalo de su ático alquilado en Estepona y que supuestamente era el fruto de un cohecho, aunque nadie ha podido demostrarlo aún. “Yo no quiero que salga”, le dice González a Villarejo. Y el comisario contesta: “Eso es lo que hay que evitar”. Esa empatía de Villarejo con el político del PP contrasta con las notas internas que escribía sobre el caso sólo unos meses antes, donde elucubraba con la posibilidad de que González hubiera cobrado dos millones de euros y, además, hubiera recibido el ático como compensación por una recalificación de terrenos en el municipio madrileño de Arganda del Rey.
González, que aspiraba a ser el candidato del PP para continuar como presidente de la Comunidad de Madrid, no fue en las listas. El día de la cita con los dos policías, escribió en su diario: “Pepe Villarejo y el Gordo, café en la Mallorquina en Sol: Villarejo me dice que él es comisario en activo pero que tiene una empresa propia con la que hace investigaciones que no puede hacer la policía”. Aquella fue una confesión clave de Villarejo a González sobre su condición de agente doble: un policía en activo para el Ministerio del Interior y un detective privado especializado en resolver problemas para clientes dispuestos a pagar.
Villarejo también recopiló documentos sobre empresas con datos confidenciales a los que solo se puede tener acceso de manera ilegal. La investigación abierta en la Audiencia Nacional ha acreditado que el comisario ofrecía sus servicios privados a empresas que necesitaban conocer debilidades de sus adversarios o conseguir herramientas con las que vencer a sus enemigos. Les proponía soluciones a sus problemas sin reparar en cuestiones legales; pagando sobornos a cambio de información confidencial de bancos, compañías de telecomunicaciones o de otras empresas; colocando cámaras o micrófonos para grabar a determinadas personas y utilizar ese material para extorsionar.
Los archivos secretos que se pusieron a la venta hace más de un año sin que el comisario, dueño y autor de ese material, supuestamente lo conociera, tienen la misma información que desde hace un tiempo analizan los agentes de Asuntos Internos de la Policía Nacional por orden del juez. Tras la detención de Villarejo, en noviembre de 2017, el juez ordenó el registro de su casa, donde la policía halló los discos duros con el historial, grabado y escrito, de los negocios más sucios y de los encuentros más privados del comisario jubilado.
Villarejo se enreda en el ‘caso Nicolás’
La mañana del 14 de octubre de 2014, un equipo de policías del Departamento de Asuntos Internos concluye una investigación encargada por la Vicepresidencia del Gobierno con la detención de Francisco Nicolás, conocido como el Pequeño Nicolás. Por la tarde, los agentes registran su domicilio, donde encuentran evidencias que conducen a otra investigación en torno a la propiedad de una finca sobre la que se pretendía hacer negocio. El comisario José Manuel Villarejo, al que nadie había encargado esa investigación, trabaja intensamente en el caso. El diario digital Información Sensible, de su propiedad, publica la exclusiva de la detención.
La tarde de la detención, el comisario tiene un tráfico de llamadas que meses después despertará las sospechas de los investigadores. Además de sus conversaciones con el número dos del Ministerio del Interior (véase ilustración que acompaña esta página), Villarejo habla con su amigo Adrián de la Joya, un empresario al que se ha involucrado como testaferro de políticos en casos de corrupción de la Comunidad de Madrid. Asuntos Internos también sitúa a De la Joya en la operación inmobiliaria sospechosa sobre una finca vinculada a los movimientos del Pequeño Nicolás. La policía destaca además los contactos de Villarejo con Mauricio Casals, presidente del diario La Razón y que, según los investigadores, está muy vinculado a De la Joya y al propio comisario. Tras analizar las llamadas, los investigadores de Asuntos Internos llegaron a la conclusión de que Villarejo maniobró para intentar que se anulase la investigación y de esa manera evitar que su amigo De la Joya se viera implicado en el asunto.
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