Las educadoras de alumnos con trastornos denuncian que son tratadas como “trabajadoras de segunda”

Jornadas laborales pequeñas y mal pagadas. Combinar varias escuelas si se que quiere completar la jornada. Contratos como monitoras de ocio. Inseguridad sobre si el curso siguiente tendrán contrato. Son algunas de las situaciones y condiciones laborales con las que lidian las conocidas como vetlladores, que son el personal de apoyo educativo que atiende a los alumnos con necesidades educativas relacionadas con alguna discapacidad o trastorno de comportamiento. Las quejas de este sector son recurrentes porque su situación no mejora y este martes han protagonizado una protesta en el Vallès Occidental (que quieren extender a otros territorios en las próximas semanas) para denunciar que se sienten “discriminadas” y “trabajadoras de segunda”, y reclamar la que creen que sería la solución definitiva: la internalización del servicio.

El colectivo de les vetlladores habían formado, hace años, parte de la plantilla de Educación, hasta que el Departamento decidió externalizar el servicio. Así, periódicamente licita el contrato. El último se adjudicó en junio de 2022 -prorrogable hasta 2026- a cuatro empresas, por valor de 25 millones y 46.388 horas para centros públicos, exceptuando la ciudad de Barcelona. Pero en total, actualmente se están ofreciendo 78.554 horas semanales en el curso pasado (incluyendo Barcelona y la concertada), una cifra que se ha mantenido, debido a la prórroga presupuestaria, según Educación, pero muy superior a la del curso 2020-21 cuando fueron 52.635. De estas horas, se benefician unos 14.000 alumnos que cuentan con un dictamen de l’EAP, los equipos de asesoramiento psicopedagógico, que realiza una valoración de los alumnos y determina qué recursos necesita.

A principios del curso pasado ya saltaron las quejas por parte de centros y familias asegurando que se habían recortado las horas de atención, aunque Educación lo achacó a un cambio en la redistribución de las horas y a que un 20% del tiempo debía reservarse para el espacio del comedor. Ya entonces el Departamento admitió que no podía aumentar la dotación de personal, a pesar del aumento de las necesidades, porque había agotado todo el presupuesto.

Desde el sindicato CC OO denuncian que hay centros que todavía esperan una vetlladora porque se ofrecen jornadas muy pequeñas. “Si te ofrecen dos horas a la semana, te pagan 20 horas y a lo mejor tienes una hora en el traslado, es normal que nadie coja la oferta”, explica Jessica Estepa, delegada sindical. Estepa también se queja que en algunos casos las empresas no cuentan con una bolsa de personal, de modo que cuando se produce una baja, cuesta cubrirla y en ocasiones no se encuentra sustituta.

El sindicato critica la precariedad de este tipo de trabajadores, que suelen tener contrato de fijo discontinuo y del sector del ocio educativo. Y que por 10 horas semanas pueden cobrar 300 euros. “No somos monitoras de ocio, somos educadoras, somos personal educativo y una figura clave para atender a los alumnos con necesidades”, reclama Estepa. Por este motivo, el sindicato se ha reunido este martes con los responsables de los Servicios Territoriales del Vallès Occidental (que son los que gestionan los contratos y las horas de este personal) para reclamar que Educación vuelva a internalizar el servicio.

Corte de Via Augusta

Horas antes, los sindicatos educativos han protagonizado otra protesta, en esta ocasión en la Via Augusta de Barcelona, justo ante la sede del Departamento de Educación. En esta ocasión, los representantes sindicales han colocado decenas de sillas en la calzada para reclamar que ninguna plaza de funcionario quede vacía y que el departamento convoque hasta 35.000 plazas en el próximo concurso de traslados que debe celebrarse el próximo año.

El concurso de traslados es un mecanismo de carácter estatal que se convoca cada dos años y que sirve para que los docentes que recientemente se han convertido en funcionarios puedan elegir su destinación definitiva. El Gobierno ya prepara la nueva edición, que saldrá la próxima primavera para que los profesores empiecen el curso en su nuevo destino.

En esta convocatoria podrán participar los 31.000 nuevos funcionarios que han logrado estabilizarse en los dos últimos años a raíz del macroproceso para reducir el personal interino en la administración, aunque Educación eleva hasta 45.000 docentes que pueden llegar a apuntarse. Los sindicatos piden que se convoquen unas 35.000 plazas, para cubrir aquellos casos en que no lograron una adjudicación (se pueden convocar menos plazas que aspirantes), además de añadir las jubilaciones de los últimos años.

Mientras los sindicatos cortaban Via Augusta se celebraba una mesa sectorial entre el Departamento y los representantes de los trabajadores en que Educación no ha dado cifras, pero sí se ha comprometido a convocar “el máximo de número de plazas posibles”, según los sindicatos y a realizar un concurso de traslados autonómico el año que viene, algo que no sucedía desde hace muchos años.

Los sindicatos reivindican que es posible engrosar el número de plazas que se convoquen eliminando aquellas que se conocen como “perfiladas”, es decir, que son las que bloquean los equipos directivos y deciden qué tipo de profesional quiere que la ocupe para que se adapte a las necesidades de su proyecto educativo, como por ejemplo, un profesor que imparta las Matemáticas en inglés. Los sindicatos siempre han reclamado la eliminación de esta posibilidad porque consideran que abre la puerta al amiguismo.