La falta de recursos y la covid lastran la escuela inclusiva en Cataluña

La escuela inclusiva no acaba de arrancar. Muchos son los escollos que impiden el avance que marcaba el Decreto 150, aprobado por la Generalitat hace cinco años: la falta de recursos, la irrupción de la covid, la falta de formación del profesorado, los cambios sucesivos de sus responsables políticos... Entidades y familias de alumnos con discapacidad piden un plan de choque y un cambio de calado en el sistema para que un aula pueda acoger sin problema alumnos de todo tipo de perfil. “Si un niño puede ser atendido en un centro de educación especial también puede hacerlo un centro ordinario, cambiando muchas cosas”, resume Noemí Santiveri, portavoz de la plataforma Escuela inclusiva.

Después de años de lucha de familias y entidades vinculadas a los alumnos con necesidades especiales, veía la luz el decreto de la escuela inclusiva en 2017. Se trata de un modelo basado en dos pilares: cualquier tipo de alumno debe ser escolarizado preferentemente en un centro ordinario, y que la matriculación en centros de educación especial será “excepcional”, solo para alumnos con discapacidades graves previo acuerdo de la familia. Al decreto lo acompañaba una memoria económica que preveía 142 millones en cuatro años para contratar 450 docentes y 400 maestros de educación especial, 210 logopedas, 80 trabajadores e integradores sociales y 27 fisioterapeutas.

“Después de casi cinco años desde la aprobación del decreto no se ha implementado casi nada. No hay una creencia en el departamento de que el camino es la inclusiva, no hay liderazgo. No hay suficientes recursos, solo hay champiñones, se van tapando agujeros”, valora Santiveri.

En cambio, el Departamento defiende que se ha ejecutado el 82% de la inversión (117,5 millones), a los que hay que sumar 122 millones en personal vinculado a la inclusiva, pero no previsto en el decreto. Con todo, la directora general de Educación inclusiva, Laia Asso, admite que la prórroga presupuestaria durante dos años y la pandemia, que ha succionado mucho gasto, han afectado. “En temas de inclusión se han hecho pequeños avances, pero no al ritmo previsto inicialmente”.

Pero la lista de déficits en la aplicación del decreto de inclusión es larga. El Síndic de Greuges se encargó de recopilarla en el informe La educación inclusiva en Cataluña, de 2021, empezando por la falta de recursos. Cierto que es que estos han aumentado notablemente en este tiempo. Así, los grupos de atención intensiva que tienen los centros, conocidos como SIEI, llegaron a 895 en el curso 2020-21, el doble que un lustro atrás. El departamento también ha anunciado 290 dotaciones de docentes y 78 profesionales de apoyo educativo más para el próximo curso vinculado a la inclusión. Y las horas de vetlladores, una de las figuras clave en la atención de estos alumnos, pasarán de las 40.465 horas del curso 2020-21 a 55.000 en septiembre. Pero también es cierto que el número de alumnos con necesidades especiales no deja de aumentar: de 30.463 en el curso 2016-17 a 39.596 el curso pasado.

El Síndic destaca que la falta de especialistas en los centros ordinarios, junto al colapso de los EAP (los equipos que realizan el dictamen de las necesidades del alumno), está provocando que muchas familias se vean abocadas a un centro de educación especial. Es lo que le sucedió a Rat Basterretxea, con un hijo de 9 años con un dictamen de autismo. “En la escuela ordinaria mi hijo estaba muy bien atendido, pero dejarlo aquí era abocarlo al fracaso. Mi hijo se comunica con pictos y en el instituto no entienden otras formas de comunicación”, explica esta madre, con dolor, ya que es una ferviente defensora del modelo inclusivo. De hecho, hace tres años creó la entidad Suma, en Castellar del Vallès, que organiza actividades de perfil inclusivo y recauda fondos para contratar vetlladores para las escuelas del municipio. “El decreto de la inclusiva no se está aplicando bien, y eso está haciendo sufrir a las familias porque lo que se está haciendo no es inclusión, sino exclusión”, lamenta la madre.

Hay otros escollos, más de carácter político, como son los cambios de altos cargos en el departamento: desde su aprobación, el decreto ha tenido cuatro responsables diferentes (Asso fue nombrada hace tres semanas), una inestabilidad que el sector considera “un problema”. También falta el despliegue de las órdenes vinculadas al decreto, como la que debe regular el nuevo modelo de centros de educación especial, que pasarán a llamarse CEEPSIR y a convertirse en proveedores de personal y recursos de centros ordinarios.

Familias y entidades reclaman un plan de choque que consista en un aumento de recursos y formación de los docentes. “Los profesores tienen pánico a la escuela inclusiva porque no tienen recurso”, tercia Santiveri. Y un cambio radical de concepto. “El sistema está pensado para la atención individual, pero el personal no puede estar en 10 aulas. Esto es un fracaso. Hay que cambiar el sistema, que toda la clase sea inclusiva y adaptar la enseñanza y los materiales a todo tipo de alumnos”, Basterretxea. Para tratar el futuro del decreto se ha creado la Mesa de la Escuela Inclusiva, que se reunirá en octubre. Y el departamento ha encargado una evaluación. “Esperamos tener indicadores para elaborar un mapa de distribución de los recursos”, remata Asso.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal