Guillem, el alumno con discapacidad abandonado en un instituto público

Guillem Rius, de 16 años, asiste cada día al instituto público Costa i Llobera de Barcelona, pero no aprende casi nada. Está matriculado en primero de Bachillerato, tiene un trastorno del lenguaje que le comporta un grado de discapacidad del 33% y pese a la insistencia de su familia no ha conseguido, en los siete meses que lleva en marcha el curso, que le adapten el contenido de las asignaturas, ni el material pedagógico, ni los exámenes. La normativa establece que el alumnado con necesidades educativas especiales matriculado en centros ordinarios debe recibir los apoyos que requiera para su atención.

La madre de Guillem, Juncal Iglesias, cree que el objetivo del centro es que tiren la toalla y lo matriculen en otro sitio. Este periódico ha intentado sin éxito recabar la versión del centro y del Departamento de Educación de la Generalitat, que el 1 de abril aseguró a preguntas de EL PAÍS que iba a estudiar el caso.

El instituto está situado junto a un bosque, en la parte más alta del barrio de Sarrià, desde donde se ven el mar y la ciudad como en una maqueta. “El sitio me gusta. Yo quiero trabajar, pero si no me lo facilitan, qué se le va a hacer”, comenta, sentado en un banco cerca de la entrada, Guillem, un chaval atlético, de mirada atenta y penetrante, que responde a su ritmo a todas las preguntas. El alumno también estudió aquí la Educación Secundaria Obligatoria. Y tampoco en dicha etapa recibió, salvo alguna excepción, apoyo de los docentes, asegura su madre. Pero con ayuda de su familia, que le fue adaptando los materiales, y de profesores particulares de refuerzo fue aprobando las asignaturas y avanzando.

Su trayectoria estuvo a punto de cambiar en junio. Poco antes de terminar el curso, el centro les envió una carta en la que después de felicitar a Guillem por el trabajo que había realizado durante el confinamiento, les comunicó que no le darían el título de la ESO al considerar que no había alcanzado “las competencias necesarias” ni mostraba “el nivel de autonomía y madurez exigible”. Iglesias recurrió y la Administración educativa le dio la razón. Resolvió que el instituto no había “explicitado los criterios según los cuales se decidió no acreditar al alumno”, ni tampoco había concretado previamente en su Plan Individualizado (el documento en el que los centros educativos deben plasmar cómo van a atender a un estudiante con discapacidad) en qué elementos se basaría para decidir si el alumno había superado la etapa, y le concedió el título.

Los fondos necesarios

La madre de Guillem, que trabajó muchos años como neurofisióloga clínica en el Hospital del Mar de Barcelona y ahora es gerente de una fundación de arte, cree que el instituto no quería graduarlo para no tenerlo en Bachillerato. “Es el primer alumno con necesidades educativas especiales que llega a esta etapa en el centro”, afirma. Y también que en las entrevistas mantenidas con la dirección a lo largo de la secundaria le dijeron que el instituto, ubicado en uno de los barrios más acomodados de Barcelona, carece de los recursos necesarios para tratar a su hijo.

La pregunta inevitable es si llegado a este punto ―la familia también ha denunciado el acoso que Guillem sufrió en cursos anteriores por parte, presuntamente, de varios compañeros, con insultos tanto en el centro como a través de las redes sociales, un asunto que instruye un juzgado de Menores de Barcelona― no se han planteado cambiar efectivamente a Guillem de instituto.

“Se nos ha pasado por la cabeza muchas veces”, responde Roger Martínez, un amigo íntimo de la familia, que ha sido como un segundo padre para Guillem. “No sabemos si sería mejor o no, pero lo que no sería es justo. Esta es una escuela pública, que depende de la Generalitat, que tiene el deber de hacer lo que marcan las normativas y las leyes. Cambiar a un alumno porque la Administración no hace lo que manda la ley nos parece una injusticia total. Y además él siempre lo dice, que esta es su escuela”, añade Martínez mirando a Guillem, que asiente.

“Y además”, prosigue su madre, “tampoco tienes demasiadas opciones”. El adolescente fue de pequeño a un colegio privado, pero un día, cuenta Iglesias, recibieron un burofax diciéndoles que no lo llevaran al día siguiente porque no daba “el perfil” del centro. Acabó la primaria en una escuela pública. Y, para hacer la secundaria con una plaza de alumno con necesidades educativas especiales, la familia pudo elegir entre dos institutos públicos de su zona. Descartaron el primero porque los chavales con discapacidad estaban separados del resto en un aula especial y a Guillem no le gustó el lugar. “Parecía una película de terror”, comenta en tono socarrón. Y lo matricularon en el Costa i Llobera.

“¿Qué hago?”

Cataluña es, según un reciente informe publicado por el Ministerio de Educación, una de las comunidades que en los últimos años “han desarrollado decretos con una clara apuesta por avanzar hacia una educación inclusiva”. Pero según Iglesias, cuando a finales del curso pasado acudieron al servicio de orientación del Consorcio de Educación de Barcelona (la entidad que gestiona la matriculación de los alumnos), les dijeron que, en la práctica, los ciclos de Formación Profesional no estaban adaptados para alumnos como Guillem. “En esos momentos piensas: ¿entonces qué hago? ¿Me lo quedo en casa? ¿Y qué va a hacer?”.

De momento, el adolescente está varado en primero de Bachillerato, imaginando que quizá después pueda estudiar “Derecho, Psicología o algo relacionado con la tecnología”. Y su madre va presentando reclamaciones en distintas instancias oficiales, desde el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán), al president de la Generalitat, mientras prepara una demanda judicial (de momento está agotando la vía administrativa) reclamando que atiendan a Guillem.

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