Pedro Sánchez declara bienes por valor de 342.991 euros y Rajoy, de 1,54 millones

El BOE publica hoy un resumen del patrimonio de los altos cargos cuya toma de posesión o cese se han producido en los últimos cuatro años, desde el 1 de julio de 2014 hasta el 26 de junio de 2018. La última vez que se hizo pública esta información fue en septiembre de 2014 y no incluía los datos del anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que contaba con un patrimonio cuando cesó en su cargo de 1.541.514 euros, de los que casi 666.000 correspondían a acciones y participaciones. La declaración del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, indica que tiene un patrimonio de 342.991 euros (180.795 en inmuebles) y un pasivo de 192.027 euros. 

Del actual Ejecutivo, los tres ministros con más patrimonio son el de Exteriores, Josep Borrell, con 2.774.489 euros; Isabel Celaá, con 1.626.932, y Pedro Duque, con 1.520.466 euros. La cifra total de activos incluye los depósitos, acciones, seguros de vida y otros bienes y derechos económicos. De media, los 17 ministros nombrados por Pedro Sánchez declararon un activo de 717.955 euros y un pasivo de 97.754. En total se han publicado casi 1.500 declaraciones de bienes correspondientes a más de 1.000 altos cargos de la Administración General del Estado. Puede consultar todos los datos en este buscador.

El patrimonio de Rajoy ha aumentado apenas un 1,5% desde que tomó posesión en 2011, dato que resulta de comparar esta remesa de declaraciones de bienes, que incluye la de su cese, y la que se publicó en septiembre de 2012 y que reflejaba el patrimonio del Ejecutivo llegado el año anterior. Del cálculo se ha excluido el seguro de vida por valor de 261.000 euros que recoge la actual declaración y que en la anterior no se consignaba, bien porque no lo había suscrito aún o porque no se daba esa información. Sumando esa cantidad, el aumento patrimonial habría sido del 22,2%.

La obligación de declarar los bienes tanto al tomar posesión de un cargo como al cese responde al interés por comprobar si se ha producido algún enriquecimiento sospechoso. De ahí que en algunos casos el BOE incluya un asterisco junto al total y precise que "incluye bienes y derechos provenientes de herencia familiar".  

Están obligados a presentar sus declaraciones de bienes los miembros del Gobierno, los secretarios de Estado, los subsecretarios, secretarios generales, delegados del Gobierno, embajadores e incluso los directivos de entidades del sector público estatal cuyo nombramiento haga el Consejo de Ministros.

La última vez que se hizo público este listado fue el 23 de septiembre de 2014 y afectaba a los altos cargos que hubieran tomado posesión o cesado entre julio de 2013 y junio de 2014. Es decir, los responsables del Gobierno anterior, el Ejecutivo de Mariano Rajoy, no mostraron sus bienes al abandonar el cargo público, algo a lo que obliga la ley que regula el ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de 2015. Con los datos publicados en 2014 se pudo comprobar que decenas de altos cargos declaraban más de un millón de euros en bienes y patrimonio. Uno de ellos era Miguel Arias Cañete, que cesó como ministro de Medio Ambiente en abril de 2014. Según su declaración, contaba con activos por valor de 1,6 millones de euros.

Declarar en tres meses

Los altos cargos están obligados a presentar su declaración patrimonial durante los tres meses posteriores a su toma de posesión y a su cese. El formulario que rellenan para la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, es muy detallado, de casi 20 páginas, y también se les pide copia de la declaración de la renta, pero lo que se publica es solo un resumen puramente cuantitativo.

Hasta ahora se publicaban solo tres cifras: la cantidad en la que están valorados sus inmuebles, otros bienes y el pasivo (deudas, créditos). El Gobierno socialista ha decidido desglosar ese "otros bienes" y ahora se incluyen datos sobre depósitos, acciones y participaciones y seguros de vida. Sigue siendo poca información si se tiene en cuenta lo que prevé la Ley del Alto Cargo: que se publicará "una declaración comprensiva de la situación patrimonial" de los altos cargos, omitiendo los datos referentes a localización y "salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares".

Precisamente eso es lo que hace el Congreso de los Diputados, que publica una declaración más completa de bienes, rentas y actividad. Por ejemplo, en la declaración del Congreso se especifica si el diputado en cuestión declara una vivienda o varias, así como las plazas de garaje que tiene en propiedad. La única indicación geográfica es la provincia. Si el bien inmueble está en el extranjero, tienen que declararlo. El documento incluye también el vehículo o vehículos que poseen los diputados, con marca y el año de adquisición. El detalle llega hasta el estado civil y el régimen económico matrimonial. 

El BOE de hoy también publica el reglamento que desarrolla la Ley del Alto Cargo. La inexistencia de ese reglamento era la explicación que daba el Gobierno del Partido Popular para no publicar la declaración de bienes de sus altos cargos. A diferencia del registro en el que los altos cargos declaran sus actividades, el de bienes y derechos patrimoniales "tiene carácter reservado", señala el texto. Los altos cargos están obligados a declarar la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones, que solo podrán consultar en detalle el Congreso de los Diputados y el Senado, así como las comisiones parlamentarias de investigación, además de los juzgados y el ministerio fiscal cuando investigue a uno de estos altos cargos.