El Gobierno descarta abordar la inviolabilidad del Rey en la supresión de los aforamientos

La reforma de los aforamientos se ha convertido en una patata caliente muy compleja para el Gobierno, sobre todo porque no parece tener apoyos en el Congreso de los Diputados para aprobarla. El Ejecutivo ha descartado este viernes que vaya a abordar la inviolabilidad del Rey o la retirada del aforamiento a la familia real, incluido el Rey emérito, dentro de su iniciativa para limitar esta protección que tienen en distinto grado políticos, jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dejado claro que su grupo no apoyaría una reforma que dejara fuera al jefe de Estado. Otros aliados del Gobierno han dicho cosas similares, mientras Ciudadanos y el PP también han criticado la iniciativa por otros motivos, así que en este momento parece difícil que prospere ya que requiere la aprobación de tres quintos de las dos Cámaras.

El Gobierno además ha decidido, de forma poco usual, no presentar una reforma y luego llevarla al Consejo de Estado, como es preceptivo, sino que sea este órgano quien decida cómo debe ser ese cambio constitucional. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha asegurado que pedirán un informe al supremo órgano consultivo del Ejecutivo para que detalle el procedimiento, para el que no hay un plazo de entrega, y que, cuando esté listo, se llevará al Congreso y comenzarán a contar los 60 días que se marcó Pedro Sánchez este lunes para sacarla adelante. La reforma tiene así un recorrido tanto técnico como político mucho más complejo y largo de lo que parecía el pasado lunes cuando la anunció el presidente.

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La ministra portavoz del Ejecutivo ha detallado que la reforma afectará a "parlamentarios y miembros del Gobierno" con el objetivo de que se reduzca el aforamiento "al estricto ejercicio de las funciones del cargo público" y que la intervención del Consejo de Estado facilitará el "logro del consenso" para aprobar una reforma constitucional para la que son necesarias la mayorías de tres quintos en ambas Cámaras, Congreso y Senado.

El Gobierno también le pide al Consejo de Estado que busque la fórmula para que los delitos vinculados a la corrupción, aunque se realicen en el ejercicio del cargo, queden fuera del aforamiento por su especial gravedad. Entre los expertos del Gobierno aún no tienen claro de qué manera se podría lograr esto, pero Celaá insistió en que esa es la voluntad del Ejecutivo, que había sido muy criticado esta semana por mantener el aforamiento precisamente para este tipo de delitos. Lo más probable es que ese detalle no esté dentro de la reforma constitucional, sino en la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que vendrá después. Pero todo eso, si hubiera apoyo político, algo muy difícil en este momento.

Durante su intervención, Celaá ha precisado que la inviolabilidad del Rey "no entra en absoluto" en la propuesta, ya que modificar la figura del Monarca requería una reforma agravada de la Constitución. Horas antes, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado al Gobierno por "improvisar" con su propuesta de reforma de la Constitución y se ha reafirmado en que no piensan apoyarla si deja fuera a los miembros de la Monarquía. Iglesias ha criticado al Gobierno de Sánchez por plantear este anteproyecto de reforma sin haber llegado antes a un consenso sobre su alcance con el resto de las fuerzas políticas.

El aforamiento es una protección que hace que diputados, senadores y miembros del Gobierno solo puedan ser investigados y juzgados por el Tribunal Supremo ante cualquier presunto delito cometido. En España hay 250.000 personas que gozan de este privilegio de alguna manera, aunque en realidad 232.000 no son políticos, sino guardias civiles y policías nacionales y autonómicos.