El diputado que sustituye a Sáenz de Santamaría, investigado por un delito medioambiental

Mariano Pérez-Hickman, que sustituirá en su escaño del Congreso a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, está citado a declarar como investigado el próximo 19 de septiembre en un juzgado de Pozuelo de Alarcón (Madrid) por un presunto delito medioambiental. Aunque es posible que su cita se cancele tras haber adquirido la condición de diputado, lo que le convierte inmediatamente en aforado, la jornada seguirá siendo intensa: otros diez altos cargos de los Gobiernos del PP en la localidad, incluida la actual alcaldesa, Susana Pérez Quislant (PP), declararán por la gestión de la depuradora municipal del barrio de Húmera, que habría estado vertiendo agua contaminada a la Casa de Campo de forma continuada.

"Es un tema de gestión, administrativo, en un asunto que no dependía de él", argumentan fuentes próximas al diputado. "Confía plenamente en que se archivará su caso, porque solo se le cita por ser teniente de alcalde en una etapa muy corta en la que no tenía competencias en medio ambiente ni fue informado en ningún momento de presuntas irregularidades administrativas por la concejalía que tenía competencias directas".

"Una persona investigada por unos hechos tan graves y que están directamente relacionados con su gestión al frente de un ayuntamiento debería dimitir como diputado en el caso de confirmarse su imputación”, opina Pablo Perpiñá, de Somos Pozuelo, que está personado en el caso como acusación particular. Según esta formación, el Ayuntamiento ya ha sido sancionado en repetidas ocasiones por la Confederación Hidrográfica del Tajo.

La instalación, que da servicio a 30.000 habitantes y fue inaugurada en 1997, llevaría años soltando vertidos tóxicos al arroyo Antequina, que cruza la Casa de Campo para integrarse en el río Guadarrama, según la investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón está en el epicentro del caso Gürtel. Entre esa trama y la polémica de la depuradora hay un nombre en común: Jesús Sepúlveda, exalcalde del municipio, que ha sido condenado en el juicio de la primera parte de la trama y es responsable último como regidor de la reforma de la instalación, en 2006. Con él trabajó Pérez-Hickman como edil entre 1991 y 2011. Siete años después, vive una triple carambola: llega al Congreso por la salida de Sáenz de Santamaría, coincide con que debe declarar, y ahora es aforado, por lo que no puede ser juzgado por un tribunal ordinario.