El futuro laboral de Sáenz de Santamaría: dos años de incompatibilidad para ir a la privada

Los altos cargos no pueden trabajar en empresas privadas “afectadas por decisiones en las que hayan participado” durante los dos años siguientes a su cese, según la ley que regula las incompatibilidades de los cargos públicos. En el caso de Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy, esa incompatibilidad afecta a casi todas las áreas y a casi todas las empresas. Especialmente a los bancos, ya que estuvo al frente de la comisión delegada de asuntos económicos que gestionó el rescate del sistema bancario español.

Si pese a ello alguna empresa intentara ficharla, la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, sería la encargada de decidir si lo permite. Esta oficina, criticada por el Tribunal de Cuentas por su laxitud, ha autorizado el 98% de los pasos a la privada de altos cargos en 10 años.

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La exvicepresidenta podría reincorporarse al cuerpo de abogados del Estado, del que lleva en excedencia desde que la fichó Mariano Rajoy como asesora jurídica en el año 2000, o podría ser nombrada consejera del Consejo de Estado. También podría pedir la indemnización o pensión que durante los dos años posteriores a su cese pueden percibir los altos cargos de la Administración, que funciona como una especie de compensación por el hecho de no poder trabajar en la empresa privada debido al régimen de compatibilidades actual.

Entre los exministros que han solicitado y cobrado esta indemnización está por ejemplo Luis de Guindos, que este año ha percibido 9.382 euros, correspondientes a los dos meses que estuvo desempleado desde que abandonó el Gobierno hasta que empezó a trabajar como vicepresidente del Banco Central Europeo. José Manuel Soria también solicitó el llamado paro de los altos cargos. Percibió 41.803 euros entre mayo de 2016, cuando fue forzado a dimitir después de ser relacionado con los papeles de Panamá, y febrero de 2017, cuando lo fichó una empresa. José Ignacio Wert cobró un mes de indemnización, el que pasó entre su cese en junio de 2015 y su nombramiento como embajador ante la OCDE en París, donde residía su esposa. Esta percepción es incompatible con cualquier otro ingreso.

La secretaria de la Fundación Hay Derecho, Elisa de la Nuez, abogada del Estado como Sáenz de Santamaría, recuerda que un estudio reciente de su organización sobre la Oficina de Conflictos de Intereses mostró que “su funcionamiento es muy mejorable, ya que no ha sido capaz de detectar supuestos de incompatibilidad en altos cargos que después han salido a la luz”.

El Tribunal de Cuentas, en un informe de 2017, también criticó la deficiente fiscalización de la oficina, que entre 2012 y 2014 no tramitó ningún presunto incumplimiento ni instruyó ningún expediente sancionador. El informe desveló que la oficina, que dirige la misma persona desde hace 30 años, no comprueba la veracidad de las actividades y bienes que declaran los altos cargos y que se limita a registrarlas. 

Según el informe sobre puertas giratorias de la Fundación Hay Derecho, elaborado con datos de la propia oficina, este departamento ha concedido el 98% de las solicitudes para pasar a la actividad privada en un periodo de diez años. De 400 solicitudes aprobadas desde finales de 2006 hasta 2016, las denegaciones y sanciones no llegaron a la decena.

Uno de los casos más llamativos de los últimos años es el que protagonizó el que fue mano derecha (subsecretario de Presidencia y también con un papel activo en el rescate bancario) de Sáenz de Santamaría, Jaime Pérez-Renovales, también abogado del Estado. Cuando abandonó su puesto en la Administración, volvió al Banco Santander, donde había trabajado previamente, para ser secretario general. Por supuesto con el visto bueno de la Oficina de Conflictos de Intereses.