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Los españoles presos en Santo Tomé por golpistas dicen ser empresarios de seguridad

El Gobierno de la excolonia africana portuguesa asegura que se trata de tres “mercenarios”

Santo Tome
Uno de españoles detenidos en Santo Tomé, conducido por agentes policiales.

Los tres ciudadanos españoles presos en Santo Tomé y Príncipe, acusados de estar implicados en un intento de golpe de Estado, aseguran que estaban montando una empresa de seguridad privada y que eso explica que hubieran adquirido armamento y uniformes, según fuentes diplomáticas. Los tres españoles, cuya identidad no ha trascendido, fueron detenidos a principios de agosto junto a dos nacionales de Santo Tomé, un exministro y un exmilitar.

La supuesta intentona golpista está rodeada de un manto de opacidad y sospechas. El Gobierno de Santo Tomé y Príncipe (un archipiélago de 1.000 kilómetros cuadrados y 200.000 habitantes en el Golfo de Guinea) anunció el pasado día 3 la detención de cinco personas, tres españolas, “que actuaban en el país como mercenarios”, y dos santotomenses, acusados todos ellos de participar en una “operación terrorista para subvertir el orden constitucional”.

Según la nota oficial, el grupo planeaba “el secuestro del presidente de la República [Evaristo Carvalho] y del presidente de la Asamblea Nacional; y la eliminación física del primer ministro [Patrice Trovoada]”. Este último aseguró que el objetivo de los terroristas eran los representantes de las instituciones del Estado y pidió el apoyo de Interpol y de los Gobiernos de Portugal y España para continuar la investigación del caso.

Un país en precampaña electoral

La inestabilidad que vive Santo Tomé y Príncipe no es ajena a las elecciones generales que celebrará el país el próximo 7 de octubre, en las que el primer ministro Trovoada aspira a la reelección. Una de las decisiones más importantes de su primer mandato la adoptó en 2016, cuando rompió relaciones con Taiwán y se asoció con China, cuyo ministro de Exteriores visitó el archipiélago africano en enero pasado. El desembarco de capital chino coincide con el interés de las compañías petroleras por explotar las bolsas de crudo detectadas en aguas del Golfo de Guinea.

A los tres españoles se les incautó, según las autoridades locales, “material bélico, ordenadores, cuchillos de monte, granadas, gafas de visión nocturna y uniformes extranjeros con distintivos nacionales”. Respecto a los dos santotomenses, se trata de Albertino Francisco, ministro de Juventud y Deporte en el Gobierno de Gabriel Costa (2012-14), y de un antiguo miembro del llamado Batallón de los Búfalos, una unidad de élite al servicio de la Sudáfrica del apartheid que combatió en la guerra de Angola.

España carece de Embajada en Santo Tomé y Príncipe, pero ha ofrecido asistencia a los detenidos a través de su cónsul honoraria en el país, María Teresa Mendizábal, y de la Embajada portuguesa. También ha realizado gestiones la representación diplomática en Libreville (Gabón), según la Oficina de Información Diplomática (OID).

Fuentes diplomáticas aseguran que los españoles niegan todos los cargos y aseguran ser profesionales de la seguridad privada cuyo objetivo era montar una empresa de dicho sector en el país, lo que explicaría la adquisición de armamento y uniformes. Para poner en marcha este proyecto habrían sido inviatados por el ministro del Interior del Gobierno de Costa, pero no por el actual.

Esta es la segunda intentona golpista que las autoridades de Santo Tomé y Príncipe denuncian en pocas semanas. El pasado 21 de junio fueron detenidos el exministro de Agricultura y diputado opositor Gaudencio Costa y el sargento del Ejército Ajax Managuem “por tentativa de subversión el orden constitucional”.

Para irritación del Gobierno, el juez los puso en libertad, alegando falta de pruebas para mantenerlos encarcelados. Esta vez, un juez decidió el pasado día 9 enviar a prisión provisional a los cinco detenidos, aunque después de que varios de sus colegas se inhibieran, lo que medios locales atribuyen a la tensión entre el Ejecutivo y el poder judicial.

Una de las secuelas del caso ha sido la destitución del jefe de la guardia presidencial, Lepoldo Fernandez, más conocido como Rambo. de cuya unidad procederían supuestamente las armas incautadas al grupo.

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