Diez temporeras marroquíes de Huelva acuden a la Audiencia Nacional para denunciar abusos

Diez temporeras marroquíes que trabajaban en la recogida de la fresa en Huelva han acudido a la Audiencia Nacional para denunciar por delitos de lesa humanidad y trata de seres humanos a los empresarios que las contrataron para la última campaña, entre los meses de abril y julio pasados. Las trabajadoras, mujeres rurales con hijos menores a su cargo y en situación de especial vulnerabilidad en España, denunciaron las penosas condiciones de trabajo, salariales y de vida a que supuestamente fueron sometidas, y que, según su escrito, entran en la categoría de esclavitud. También manifestaron haber sido objeto de acoso sexual -e incluso de agresiones sexuales- por parte de sus compañeros de trabajo, de origen rumano, y sus jefes, españoles.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que recibió el escrito por turno de reparto, entiende que los hechos relatados en la denuncia de las trabajadoras pueden ser delictivos. El pasado 6 de agosto, el magistrado abrió un sumario y pidió a la fiscalía un informe sobre si la Audiencia Nacional tiene competencia para asumir la investigación en lugar de los juzgados de Instrucción 1 y 3 de Palma del Condado (Huelva). Estos juzgados onubenses recibieron las primeras denuncias, pero apenas han avanzado en sus pesquisas, según los abogados de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia, que representan a las temporeras y que han optado por acudir a la Audiencia Nacional.

Las diez mujeres fueron contratadas en distintas poblaciones de Marruecos a través de la oficina de empleo de ese país. El contrato, que incluía visado, era de tres meses, con una jornada laboral de seis horas y un salario de 40 euros diarios. La mercantil empleadora, Doñana 1998 SL, que pertenece a la asociación empresarial Freshuelva, se hacía cargo del alojamiento de las trabajadoras, así como del traslado a España y posterior retorno a Marruecos de estas.

Las mujeres, según la denuncia, fueron confinadas en barracones de obra dentro de un recinto vallado de la finca fresera, alejada de núcleos urbanos. Por el alojamiento, sin ventanas ni agua potable se les detraían tres euros diarios del salario, que se quedaba finalmente en menos de diez euros al día frente a los 40 prometidos.

La insalubridad, sumada a los sobreesfuerzos, provocó que muchas trabajadoras enfermaran. Según la denuncia, se les negó la asistencia y el traslado al centro sanitario. Algunas trabajadoras relataron situaciones de extrema necesidad que les llevaron a mendigar o a alimentarse con “comida podrida y hierbas salvajes”.

En esta situación, las temporeras fueron, según su versión, objeto de acoso y agresiones sexuales por varios de sus jefes, e incluso se les incitaba a la prostitución. En la puerta de la finca se apostaban casi a diario “vehículos con hombres desconocidos que hacían proposiciones sexuales”, con el consentimiento de los dueños de la finca.

A finales de mayo, se presentó una lista con más de 100 nombres de mujeres temporeras dispuestas a denunciar las miserables condiciones de vida. La empresa, según la denuncia que maneja el juez Pedraz, trató de convencerlas para que no acudieran a la justicia. Ante su negativa, los capataces deciden expulsar a las mujeres de la finca y de España pese a tener el contrato y el visado en vigor. Seis de las 10 denunciantes escaparon saltando y reptando del perímetro. “Agentes de la Guardia Civil rodeaban en todo momento la finca, impidiendo la salida de las trabajadoras del perímetro”.