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El juez rechaza una denuncia contra 602 inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta

Una letrada solicitaba que dictara prisión incondicional para “los más violentos”

Unos 600 inmigrantes subsaharianos lograron hoy acceder a la ciudad española de Ceuta tras un salto masivo a la valla que separa la ciudad de Marruecos.
Unos 600 inmigrantes subsaharianos lograron hoy acceder a la ciudad española de Ceuta tras un salto masivo a la valla que separa la ciudad de Marruecos.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta ha rechazado en un auto la denuncia presentada el 29 de julio por una letrada del Colegio de Abogados de Málaga que pretendía ejercer la acusación popular contra “los asaltantes” de la valla fronteriza de la ciudad autónoma el pasado 26 de julio como presuntos “autores de atentados contra agentes de la autoridad con objetos peligrosos y lesiones con la circunstancia agravante de banda organizada” y que al menos una parte entrase en prisión incondicional.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juez que se encontraba de guardia la jornada del salto ha apreciado varios errores de forma que no han sido subsanados en el plazo establecido en la denuncia, a la que pretendía adherirse la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC).

La denuncia, que tendría que haber sido querella con poder, procurador y fianza, se registró en nombre de “quienes estamos legitimados para ello, la ciudadanía española”, y pedía que contra los migrantes “más violentos” se dictase orden de prisión incondicional y sin fianza porque “conocían perfectamente el escaso número de efectivos a quienes iban a atacar”, “la escasez de material de medios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado” y “la prohibición de defender la frontera con material antidisturbios o incluso fuego real, como en otros países”.

Además de supuestos delitos de atentado —con pena superior por la utilización de “objetos peligrosos, objetos contundentes y líquidos inflamables”—, imputaba la supuesta comisión de otros de lesiones y de desordenes públicos. La denunciante reclamaba “una minuciosa instrucción con relevante participación del Ministerio Fiscal” y señalaba a “las ONG que defienden la inmigración ilegal” para asumir una hipotética responsabilidad civil subsidiaria o el pago de indemnizaciones.

El salto, que se saldó con 22 guardias civiles y 132 migrantes que recibieron asistencia sanitaria por parte de la Cruz Roja, sigue en vía judicial porque la Guardia Civil remitió el 31 de julio al juzgado un atestado sobre la entrada en grupo de 602 indocumentados nacionales de Guinea, Gambia, Congo, Chad y Camerún.

La diligencia recogió las identidades de todos ellos, según la respuesta que el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) dio al oficio que le trasladó para conocerlas y las de los 18 funcionarios que resultaron heridos. En ella, La Guardia Civil explicó que está revisando las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad para intentar identificar a los extranjeros que protagonizaron los hechos “violentos”.

El juez instructor espera el resultado de esa investigación para darle traslado a la fiscalía y que esta se pronuncie sobre si interesa la continuación de las actuaciones o, en caso contrario, su archivo.

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