La magistrada que señala a Casado fue asesora del Ministerio de Justicia de Catalá

Carmen Rodríguez-Medel, la magistrada que ha investigado el caso máster, tiene una larga experiencia en temas de corrupción. Hace una década, cuando ocupaba el juzgado de instrucción número 1 de Marbella, se enfrentó a los implicados en el caso Malaya. "Comparto plenamente la preocupación de que necesitamos mejores instrumentos legislativos en la lucha contra la corrupción. Esta premisa la comparto plenamente, así como que es necesario proteger de manera más eficaz a los denunciantes en este tipo de delitos", aseguraba en el Congreso el pasado año, cuando acudió al Hemiciclo como asesora de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia —cartera, entonces, en manos de Rafael Catalá—.

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La capacidad de trabajo de Rodríguez-Medel, que ocupa ahora el juzgado número 51 de Madrid, ha quedado verificada durante la instrucción del caso máster. Desde que la causa aterrizase en sus manos, se ha volcado con la investigación abierta por los títulos de Cristina Cifuentes y Pablo Casado. Ha tomado decenas de declaraciones a testigos e imputados, ha dirigido los interrogatorios, ha pedido a la Universidad Rey Juan Carlos numerosa documentación y ha solicitado también a la Guardia Civil que acredite los vínculos de los implicados con partidos políticos e instituciones.

La juez terminó de dibujar la trama la semana pasada con dos jornadas maratonianas de comparecencias que resultaron clave. Una de las alumnas que obtuvo el máster en las mismas condiciones ventajosas de Casado admitió que se lo dieron sin hacer nada y tras seguir las directrices de Álvarez Conde. Testimonio de una "importancia trascendental", según la juez: "Pues se autoinculpa, resulta convincente y no se aprecia ánimo espúreo alguno [contra otras personas]". Otra estudiante, vinculada al PP, dijo que no pisó las clases ni un solo día.