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Doce municipios andaluces, denunciados por la fiscalía por vertidos sin control

La justicia investiga las aguas mal depuradas en una docena de Ayuntamientos

Vertido de aguas residuales al arroyo Mortaja en Coín (Málaga).
Vertido de aguas residuales al arroyo Mortaja en Coín (Málaga).

La fiscalía ha denunciado la mala depuración de aguas urbanas y los vertidos incontrolados en una docena de municipios andaluces de seis provincias —todas excepto Huelva y Cádiz—. Solo en Sevilla hay 12 responsables de tres plantas depuradoras imputados por un juez por la carga contaminante de un millón de vecinos de la capital andaluza, cuyas aguas residuales se vierten al río Guadalquivir y su insuficiente depuración pueden dañar el entorno de Doñana.

Siete de los nueve municipios que han provocado la multa de 12 millones impuesta esta semana a España por el Tribunal de Justicia de la UE son andaluces. La situación es especialmente grave en esta comunidad, donde tras décadas de advertencias aún hoy las aguas urbanas de 650.000 personas —del total de 8,5 millones— se arrojan directamente a los ríos y al mar. Y las aguas de 1,5 millones se limpian pero incumplen la ley por su deficiente depuración, según admite la Junta andaluza. En total, más de dos millones de habitantes sin depuración de aguas o con procesos físicos y químicos insuficientes.

Con este panorama de incumplimientos reiterados, hace un año Ecologistas en Acción denunció ante el ministerio público que 227 de las 668 depuradoras incumplían la ley, y seis de los ocho fiscales provinciales recogieron el guante y denunciaron por delito medioambiental. Eso sí, con la cifra de supuestos delitos muy rebajada. “Las aguas se vierten directamente al río Guadalhorce y así llevamos desde siempre”, admite Fernando Fernández, alcalde de Coín (Málaga). El fiscal denunció el pasado febrero a este Ayuntamiento con 21.560 vecinos ante los tribunales por “dos puntos de vertido de aguas residuales urbanas sin depurar que afectan a la flora y fauna protegidas de los ríos Guadalhorce, Fahala y Pereilas”, reza la denuncia. El problema es que el vertido incontrolado es lo habitual entre los ocho pueblos de la comarca del Valle del Guadalhorce, que aglutina a 130.000 personas cuyas aguas residuales acaban en el mar junto al aeropuerto de Málaga.

“Una cosa es pagar una multa y otra tener detrás a un fiscal”. Inmaculada Cuenca, directora general andaluza de Infraestructuras y Gestión del Agua, describe el salto cualitativo que ha dado el incumplimiento de la depuración de aguas en los últimos meses.

Acostumbrados a pagar multas leves por la nula depuración de aguas, desde este invierno los alcaldes incumplidores le ven las orejas al lobo. La Junta admite que un 8% de la población andaluza vive sin un sistema de depuración de aguas. “Pero el 20% de las depuradoras existentes, un porcentaje significativo, no opera bien o no las opera nadie porque los Ayuntamientos no tienen medios y depurar es caro. El régimen sancionador no tiene poder disuasorio”, admite Cuenca sobre las multas, que oscilan entre los 6.000 y 600.000 euros. La Junta multó al Consistorio de Coín hace un año con 150.000 euros, pero como la obra debe ejecutarla el propio Ejecutivo autonómico, la semana pasada la redujo a solo 6.000 euros. “Si no sancionamos el vertido prevaricamos”, alega Cuenca.

La Junta cifra en 800 millones el coste de pasar del 92% al 100% de la población con aguas depuradas, un escenario que no contempla antes de 2027. “Es difícil explicarle al ciudadano que no estén hechas las depuradoras, pero ha sido muy difícil sacar adelante las obras porque si un Ayuntamiento impugnaba, se paraban las obras”, se lamenta la directora general.

Antonio Amarillo, responsable de aguas en Ecologistas en Acción, critica que la Junta no haga pública toda la información sobre depuración de aguas: “Solo logramos datos de 320 depuradoras del total de 668, no sabemos qué pasa con el resto”. La Junta alega que esta publicidad activa afecta a la protección de datos. Hace un año que sus servicios jurídicos buscan una fórmula para sortearla y cumplir con su política de transparencia para que cualquier ciudadano pueda comprobar si las aguas de su población se depuran correctamente.

Solo en Sevilla hay 12 personas imputadas —entre ellos jefes de las tres plantas y jefes de supervisión de Emasesa— tras una investigación de la Guardia Civil que ha revelado “efluentes contaminantes que podrían afectar gravemente a las aguas públicas” y dañar “la zona sensible del Parque Nacional de Doñana” por la carga contaminante de 1,1 millón de vecinos de aguas residuales urbanas y 427.600 habitantes para las aguas de naturaleza industrial.

En la capital andaluza solo una de las cuatro depuradoras, la de Ranilla, cumple supuestamente la ley. El Instituto armado ha detallado en las plantas de Copero, Tablada y San Jerónimo “vertidos al río [Guadalquivir] de alta potencialidad contaminante de fósforo y nitrógeno” y censuran que “Emasesa [la empresa municipal] no ha hecho nada desde 2013 para ejecutar un tratamiento más riguroso y evitar el vertido de nitrógeno total y fósforo total”. El problema es que el Guadalquivir atraviesa Doñana, zona denominada sensible y que exige mayor nivel de depuración.

“Está en el aire la parcela de responsabilidad y la gravedad del delito”, puntualizan con cautela fuentes del ministerio público, a la espera de nuevos análisis del Instituto Nacional de Toxicología. Mientras, el abogado defensor Juan Carlos Alférez, rebate la investigación policial: “El río recibe tal aporte diario de fósforo y nitrógeno procedente de la actividad agrícola, que las tres depuradoras solo aportan el 1% del total. Además, es imposible que estos elementos puedan dañar el medio natural por sí mismos dado que las periciales demuestran que en un medio turbio como es el río, en el que no pasa la luz, el nitrógeno y el fósforo en sí mismos resultan inocuos”. El Ayuntamiento se limita a recordar que está casi cerrado el acuerdo marco con el Gobierno para una inversión necesaria que ronda los 100 millones, financiados con fondos europeos. En 2010 la Junta y el Gobierno firmaron un convenio con 583 millones para acelerar 300 obras de infraestructuras hidráulicas esenciales, pero solo el 54% (320 millones) están hoy en ejecución.

“Es increíble que hayan transcurrido tantos años de pasividad”

“Yo no bajaba a la playa porque te bañabas y te notabas pringoso, como si te bañaras en agua con azúcar. En pleno verano una lengua amarilla atravesaba la playa entera hasta el espigón”. Juan Diego Alvarado recuerda cómo hasta hace tres años sumergirse en la playa urbana de Barbate (Cádiz) implicaba un riesgo peculiar al nadar con el colector municipal a escasos metros y sin bacterias que eliminaran la materia orgánica en la depuradora. Hoy eso ya no ocurre porque en verano las aguas residuales se vierten por una tubería que se adentra en el mar 200 metros en otra playa alejada tres kilómetros del casco urbano.

Sin embargo, la depuradora de este municipio costero de 22.500 habitantes y que también trata las aguas de Zahara de los Atunes sigue sin cumplir la ley. La nueva que construirá el Gobierno será en 2022 la última en arrancar de las nueve proyectadas para cumplir la directiva europea de 2001 y zanjar la millonaria multa impuesta al Estado por la UE esta semana. Cuatro años de espera “si los plazos previstos se cumplen esta vez”, repiten los vecinos incrédulos.

En 2011 la Junta andaluza prohibió el baño en la playa urbana del Carmen por “la alta presencia de bacterias coliformes fecales”. Y en 2017 la Guardia Civil, a petición de una juez, fue tajante: “Durante 28 años la planta ha estado vertiendo con la apariencia de estación depuradora, si bien nunca ha cumplido los requisitos legales y siempre excediendo los parámetros de control en los vertidos”. El Instituto Nacional de Toxicología remachó: “El vertido de la depuradora puede suponer un riesgo para la salud de las personas”.

Los vecinos y sucesivos alcaldes se han quejado durante años por esta clamorosa situación y los Gobiernos del PP y del PSOE han mirado para otro lado. “La triste guasa es que pagamos la depuradora desde hace años con el canon”, apunta Eni Nyblad, alemana afincada en Barbate desde hace tres décadas, que recuerda cómo los vecinos ya pagan una tasa cada mes para la construcción de la nueva planta depuradora. “La playa del Retín [que ahora soporta el colector] estaba cristalina, ya no lo está”, añade. Eso ocurre durante el estío por un permiso especial de la Junta, el resto del año el colector vierte el agua residual al río Barbate, que muere junto al casco histórico del pueblo, con los consiguientes hedores y tonos oscuros que resaltan a su encuentro con el mar.

“Es increíble tantos años de pasividad y las Administraciones se han tirado la pelota unas a otras”, se lamenta el alcalde, Miguel Molina. El Ministerio para la Transición Ecológica ha anunciado un plan de choque para paliar los retrasos en las obras. De las siete que han provocado la multa de la UE, tres —Barbate, Matalascañas y Nerja— corresponden al Gobierno, que invertirá unos 11 millones en la planta gaditana. Las otras cuatro en Coín, Isla Cristina, Tarifa y Alahurín el Grande —está última prevista para 2021— debe acometerlas la Junta andaluza. Sobre Barbate, el Ejecutivo autonómico sostiene que remitió el proyecto al Ministerio en 2012 y ese año los recortes cerraron el grifo del dinero. Hasta hoy.

Para cumplir la ley, la nueva depuradora debe incluir un tratamiento biológico denominado secundario que incluya bacterias que se coman la materia orgánica. Hoy el tratamiento primario es un proceso físico y químico que asume 2.500 metros cúbicos de aguas al día —duplicado en verano— en el que tras retirar los sólidos (toallitas, restos de obras, bastoncillos), se crean corrientes para favorecer la decantación de las arenas, se apartan las grasas y mediante un proceso químico se agrandan los grumos de materia disuelta para convertirlos en un fango espeso extraído tras la decantación. “Como la legislación cambió justo cuando entró en funcionamiento la planta, siempre ha tenido licencia provisional porque no le podían dar la definitiva. Y el año pasado la Junta se la retiró y multó al Ayuntamiento con 12.000 euros”, dice con sorna Delfín Moreno, de Aqualia, empresa que gestiona la depuradora.

Hace cinco años el Ayuntamiento retiró la licencia de explotación a otra empresa para lograr una “calidad excelente de agua en la playa que hoy ya tenemos”, precisa Moreno. En contra de la gestión de Aqualia se pronuncia la Plataforma ciudadana por la gestión pública del agua en Barbate. “El recibo ha subido un 75% de media y la depuradora actual es una estafa porque no hay ni una sola analítica que cumpla los parámetros”, critica su portavoz, Manuel Soler.

Ante la deficiente depuración de aguas que perjudica el turismo, la asociación de comerciantes Acoza en Zahara de los Atunes, denunció en 2016 al alcalde, la exedil de medio ambiente y sus antecesores respectivos y hoy permanecen imputados en una instrucción a paso lento. “La juez llevaba sin proveer pruebas más de un año”, censura el abogado de los comerciantes, José Baltasar Plaza, sobre la instructora, Ángeles Subias. Esta investigación abierta es la razón que ha evitado que la Fiscalía de Cádiz denunciara al equipo de gobierno del extinto Partido Andalucista.

Un operario, en la depuradora de Barbate (Cádiz). ampliar foto
Un operario, en la depuradora de Barbate (Cádiz).

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