Barcelona asesorará a las comunidades de vecinos para evitar la instalación de pisos turísticos

El Ayuntamiento de Barcelona, junto con el Colegio de Administradores de Fincas y la Cámara de la Propiedad Urbana, ofrecerá un servicio de asesoramiento y acompañamiento a las comunidades de vecinos para evitar la instalación de pisos turísticos en las fincas. El Consistorio lo ha refrendadoo después de que la líder del grupo municipal de ERC, Elisenda Alamany, haya inscrito ese pacto en un acuerdo con el alcalde Jaume Collboni en el marco de los Presupuestos de 2025 para incentivar que las comunidades de vecinos prohíban esta actividad. “Actualmente, las comunidades de vecinos pueden prohibir los pisos turísticos mediante un cambio en sus estatutos, tal y como dice el Código Civil catalán. El problema es que muchos vecinos de Barcelona no lo saben”, ha sostenido en una entrevista a Europa Press.

La medida está destinada para aplicar a las comunidades que en sus edificios tienen un piso con licencia turística y lo quieren revocar y también con los pisos turísticos ilegales. El plan es que se aprobará una convocatoria de subvenciones destinada a las comunidades de propietarios para financiar la creación o modificación de los estatutos de las comunidades para limitar los usos en las viviendas. El Ayuntamiento de Barcelona ofrecerá un servicio de información y orientación a todas aquellas comunidades de propietarios que lo deseen para poder dotarse de las normas de regulación y convivencia que eviten la instalación de viviendas de uso turístico en las fincas. El objetivo es promover la redacción de nuevos estatutos o la modificación de los existentes para que las partes adopten acuerdos para prohibir nuevas instalaciones de actividades económicas que pueden tener consecuencias negativas en la convivencia de las fincas, como es el caso de las viviendas de uso turístico, y que éstas se inscriban en el Registro de la Propuesta.

Para difundir estas posibilidades normativas, se llevará a cabo una campaña de comunicación orientada a informar a las comunidades de propietarios para incentivar la modificación de sus estatutos y se ofrecerá asesoramiento y acompañamiento técnico a las mismas. Paralelamente, el Instituto Municipal de Vivienda de Barcelona aprobará una convocatoria de subvenciones destinada a las comunidades de propietarios para financiar la creación o modificación de los estatutos de su comunidad de vecinos a fin de que prevean la posibilidad de limitar los usos en las viviendas.

Alamany ha indicado que cambiar los estatutos de una comunidad de vecinos no es sencillo económicamente y que, por tanto, habrá una partida específica en las cuentas para que el consistorio acompañe a las comunidades de vecinos en este sentido, así como una campaña de explicación para difundir esta opción entre los barceloneses. Sobre los plazos, Alamany ha afirmado que la medida “será una realidad inmediata” para abordar lo antes posible la, a su juicio, sensación de que Barcelona está perdiendo identidad a través de la problemática de la vivienda y del turismo, situación que afecta directamente a los vecinos y vecinas.

La también número dos de ERC ha señalado que los republicanos están a favor de la reserva del 30% de vivienda de protección oficial en nuevas promociones y con los resultados que persigue pero no así con los resultados. “Es evidente que esta medida necesita ser repensada”, ha señalado, y ha avanzado que en estos momentos no se está produciendo un debate formal en el consistorio sobre si se debe modificar o no, por lo que desde ERC seguirán con su agenda respecto a la vivienda y, llegado el momento, verán donde se encuentran, textualmente.

Asimismo, ha pedido más “serenidad” para poder discutir la medida, ya que, en sus palabras, hay partidos que ven la medida del 30% como si fuera su hijo, hecho que imposibilita hablar con rigor sobre los datos y los resultados de la medida, en referencia velada a BComú. De hecho, la cuestión del 30% enfrenta abiertamente a socialistas y comunes hasta el punto que el alcalde les pidió este viernes que “se bajaran del burro”. Alamany también ha reivindicado que para los republicanos la “política que hay que hacer hoy en día en Barcelona es la de la rehabilitación”, un aspecto que, afirma, no se ha situado como una prioridad los últimos años y que creen que tiene que entrar dentro del 30%.