Vecinos de viviendas turísticas en Barcelona: “Había que poner freno a estos pisos”

Nuria Escurriol, una vecina “de las de toda la vida” de la Barceloneta, es una de las testigos de la transformación de su barrio. Este antiguo enclave pesquero de Barcelona ha pasado de ser un refugio de familias humildes —que convivían en pisos de apenas 25 metros cuadrados— a convertirse en la joya de la corona para los especuladores turísticos. La lucha contra los apartamentos turísticos comenzó en la Barceloneta en 2014, cuando los excesos de los visitantes empezaron a molestar y el precio de los alquileres se disparó expulsando a los vecinos de siempre. Escurriol sufre todos estos cambios: “Ahora vives con una inseguridad constante porque no sabes quién duerme en el piso de al lado. Vienen de madrugada borrachos y te llaman al interfono porque no saben ni dónde tienen las llaves. Vomitan en la escalera día sí y día también. Es horrible”, relata. El calvario es tal que Escurriol, como muchos otros vecinos, no termina de creer que el alcalde Jaume Collboni pueda cerrar todos los pisos turísticos en 2028. “Con la cercanía de la Copa del América estamos viendo alquileres de 25.000 euros al mes. Es una barbaridad. Los vecinos de toda la vida llevamos años siendo expulsados y, además, engañan a los que vienen a alquilar. No sé cómo arreglarán todo esto de la noche a la mañana”, duda.

La teniente de alcalde de Vivienda, Laia Bonet, afirmó este sábado en la radio pública catalana que los cerca de 10.000 pisos con licencia turística que hay en Barcelona dejarán de ser legales en noviembre de 2028. “La prioridad número uno de la ciudad es el acceso a la vivienda. Tenemos que activar muchas herramientas para conseguir ese objetivo y una de ellas es que esos 10.000 pisos vuelvan a la bolsa de vivienda”, argumenta Bonet. Añade que en 2014 había además 6.000 pisos turísticos sin licencia, cuyo número ha ido reduciéndose gracias a las inspecciones y denuncias practicadas por el Consistorio.

Las inmobiliarias que viven del alquiler de apartamentos todavía no habían digerido la noticia —comunicada el viernes por el propio alcalde, Jaume Collboni— este sábado. En la agencia Barceloneta Premium, una de las dependientas se mostró sorprendida ante las preguntas de EL PAÍS: “No estábamos al corriente, pero es un error porque Barcelona es una ciudad eminentemente turística”. Irina Parkhomenko, fundadora de la agencia inmobiliaria Uniko Real Estate, también expresó sus dudas: “No creo que afecte a nuestro negocio porque, si realmente no permiten los alquileres turísticos, los propietarios venderán o encargarán otros alquileres. Aquí quien sale beneficiado son los hoteles que se quedan sin competencia”. Parkhomenko es incrédula: “Creo que 10.000 pisos no mejorarán mucho el parque de vivienda, de la misma manera que poner un tope al precio del alquiler no ha solucionado el problema del acceso”.

Jordi Giró, presidente de la asociación de vecinos de la Vila Olímpica, uno de los barrios con mayor renta per cápita de Barcelona, apoya la medida: “En 2016 teníamos 290 pisos turísticos en el barrio, pero en 2018 ya eran 400. Había que ponerle freno y todo lo que sea regular el turismo es positivo. Aun así, esto va a ser largo e imagino que los afectados llevarán el asunto a los tribunales”, vaticina.

Martí Cusó, vecino del barrio Gòtic y miembro de la plataforma Resistim el Gòtic, así como de la Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico (ABDT), considera acertada la eliminación de los pisos vacacionales, aunque con reservas: “En el Gòtic hay 260 licencias de viviendas turísticas y operan otros 300 de forma ilegal. La medida de eliminarlos es acertada, pero creemos que no garantiza el acceso a la vivienda de los vecinos”. Cusó concluye: “La mayoría de las licencias están en manos de empresas o multipropietarios. Si les prohíben el alquiler turístico, pueden acabar destinándolos a alquileres de temporada o de habitaciones y seguirán expulsando a los vecinos”.

El fenómeno de los alquileres de temporada y de habitaciones se ha disparado en Barcelona coincidiendo con la regulación de precios máximos en Cataluña. Estos contratos no están incluidos en la Ley de Vivienda, lo que permite a los propietarios esquivar cuestiones como el tope de precios y asumir los gastos de la gestión inmobiliaria. De hecho, el PSC y Junts no apoyaron (PSC se abstuvo y Junts votó en contra) el decreto que regulaba los alquileres de temporada y de habitaciones, por lo que este mercado sigue sin control y, lo más evidente, sin un umbral de precios.

Laia Bonet justificó este sábado la abstención de los socialistas argumentando que el Gobierno de ERC quería aprobar un decreto “en plena campaña de las europeas y sin seguridad jurídica”. La teniente de alcalde insiste en la necesidad de una reforma estatal para eliminar la picaresca en los alquileres de temporada y de habitaciones.

Esther Jorquera, otra vecina de la Barceloneta, lleva años sufriendo los excesos del turismo. “Ahora creo que es tarde. Ya no solo son un problema los pisos turísticos. El problema es el turismo en general disfrazado de cualquier cosa. Ahora viene gente con un poder adquisitivo que multiplica el nuestro y pueden pagar 10.000 euros al mes por un piso. La única manera de sobrevivir es con el decrecimiento turístico porque los vecinos estamos en peligro de extinción”, lamenta.

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