Interior justifica las ‘devoluciones en caliente’
El ministerio de Grande-Marlaska asegura que la Guardia Civil cumple la ley y advierte de que cualquier cambio normativo será a escala europea
A la vez que el Gobierno reconoce el colapso del sistema de acogida de inmigrantes tras las llegadas masivas de las últimas semanas, Interior justifica ahora las devoluciones en caliente que pudieron verse este jueves con el salto de 700 subsaharianos a la valla de Ceuta: “La Guardia Civil está cumpliendo con la ley vigente”, señalan en el departamento de Fernando Grande-Marlaska. El Gobierno habló recientemente de “estudiar” esa medida. Pero Interior advierte de que “no habrá ningún cambio legislativo fuera de los acuerdos europeos sobre inmigración”. El ministro aseguró por la noche en la cadena SER que, según sus informaciones, los inmigrantes no habían pisado suelo español y por tanto no podía hablarse de devoluciones en caliente.
El Convenio Europeo de Derechos Humanos acepta las llamadas expulsiones exprés (o devoluciones en caliente) siempre que se verifique la identidad del inmigrante interceptado en la frontera y se le permita explicarse, con abogado, traductor y personal sanitario si lo considera necesario. Por ese motivo dos inmigrantes ganaron un recurso ante el Tribunal de Estrasburgo y España fue condenada en 2017 por expulsarles irregularmente. España recurrió la sentencia y está pendiente de la resolución.
La disposición primera de la Ley de Seguridad Ciudadana, relativa a las medidas de rechazo de extranjeros en la valla de Ceuta y Melilla, establece que “los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”. Y añade: “El rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte”.
Las devoluciones en caliente que se vieron este jueves, durante el salto de 700 inmigrantes a la valla de Ceuta, como en otras ocasiones, no respetaron la normativa internacional de derechos humanos. Sin embargo, el Ministerio del Interior no tiene previsto dar instrucciones a corto plazo para modificar el protocolo de actuación actual. Interior justifica la actuación de la Guardia Civil: “Se tiene que cumplir la ley”. Fuentes de Interior aseguran que el Gobierno “trabaja en la articulación de una política común europea en materia migratoria”. Y añaden: “Una instrucción no se puede hacer de un día para otro cuando hay otro país implicado, una resolución de un tribunal internacional pendiente e incluso un estudio interno sobre la cuestión”. Las mismas fuentes consideran que tomar decisiones unilaterales “puede conllevar consecuencias nocivas”.
En un vídeo difundido de la llegada de los inmigrantes se observa que las personas que no consiguieron cruzar el vallado fronterizo —son cinco vallas: dos una marroquíes y tres españolas— fueron devueltos por los agentes de la Guardia Civil al país africano. "Como viene siendo la práctica habitual en la frontera", critica Paloma Favieres, directora de Políticas y Campañas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). "El Gobierno se comprometió, cuando era oposición y al incorporarse, a acabar con esta práctica", señala Favieres y añade: "En la primera oportunidad que ha habido han continuado con la práctica".
Tras la aprobación de la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy, el pasado 1 de junio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez mostró la disposición a estudiar la reforma de la ley mordaza y poner fin a las devoluciones en caliente. Anteriormente, en el programa electoral de 2015, el PSOE había propuesto derogar esa normativa completa y aprobar una nueva que "refuerce y proteja a las personas".
La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, fue aprobada en 2015 solo con los votos del PP y recurrida ante el Tribunal Constitucional por los demás grupos, encabezados por el PSOE. El texto del recurso consideraba que la norma vulnera una docena de artículos de la Constitución. En concreto, los grupos de la oposición impugnaban la legalización por primera vez las devoluciones en caliente, que según el recurso, vulneran tres artículos de la Constitución: el 9.3 que habla de “el principio de legalidad” y “la seguridad jurídica”; el 106 que asegura que “los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa” y el 24.1 sobre “la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.
"Tierra de nadie"
"Existe una zona que supuestamente es tierra de nadie", explica el abogado José Luis Pizarro, miembro de la Subcomisión de Extranjería de Ceuta. "Pero es un término coloquial que tiene poca lógica. O es España o es Marruecos", ha aclarado el letrado. La sentencia condenatoria del Tribunal de Estrasburgo considera que la frontera entre España y Marruecos "no puede ser modificada a instancia de uno de estos Estados por las necesidades de una situación concreta de hecho". "La jurisdicción española también se ejercería sobre el terreno situado entre las vallas", afirma el texto. El tribunal consideró en ese caso que "desde el momento en que los demandantes descendieron de las vallas fronterizas se encontraron bajo el control continuo y exclusivo, al menos, de facto, de las autoridades españolas".
