El Defensor del Pueblo alerta de que los CIE “se han convertido en centros para personas llegadas en pateras”

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), creados para “detener y custodiar” a inmigrantes y “garantizar su expulsión”, según recoge la normativa, “se han convertido en centros de acogida y para personas llegadas en pateras”. Así alerta el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, en el informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura presentado este jueves en el Congreso y el Senado. La institución critica que estos centros cumplen “un papel diferente al inicialmente predeterminado por la ley” y propone reformar el modelo.

La ocupación de los CIE “es proporcional al número de llegadas irregulares a España”, apunta el informe. En 2017, solo un 37% de las 8.814 personas internadas fueron repatriadas, según precisa el documento. Sin embargo, se produjeron más expulsiones o devoluciones que en 2016, cuando fue repatriado el 29% de los migrantes en CIE.

De los más de 8.000 extrajeros internados en estos centros durante 2017, más de 7.500 habían sido detenidos a su llegada a las costas. “Esto pone de manifiesto que estos centros se están utilizando como instrumentos de contención de la entrada irregular por las costas”, apunta. Los migrantes en centros de internamiento el año pasado fueron en su mayoría ciudadanos de Argelia (31%), Marruecos (18%), Costa de Marfil (14%), Guinea Conakry (9%) y Gambia (9%). Y aunque se realizaron repatriaciones a 59 estados, nueve de cada diez fueron expulsados o devueltos a Argelia o Marruecos.

El Defensor del Pueblo insta a modificar el modelo de forma “urgente” y propone como alternativa el retorno voluntario o el uso de brazaletes con geolocalizaores. Fernández Marugán ha detectado “importantes deficiencias” en los todos los CIE españoles —salvo el de Valencia, que ha estado cerrado gran parte del año— y ha considerado que "son espacios no idóneos para la recepción y primera acogida de personas que han sido rescatadas de la mar".

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En el CIE de Tarifa, el Defensor del Pueblo ha detectado las mismas deficiencias que manifestó en informes anteriores, como la ausencia de aseos que salvaguarden la intimidad y la inexistencia de un espacio para poder recibir visitas. Tras visitar el de Algeciras (Cádiz), insistió en que el centro no reúne los mínimos requisitos para la estancia de personas extranjeras. Tampoco consideró que esas condiciones pudieran alcanzarse mediante una reforma, por lo que sugirió que se cierre. En el CIE de la ciudad de Murcia, se detectaron las carencias habituales aunque presenta mejores condiciones que los CIE de Algeciras y Tarifa, según señala el informe.

El documento también reitera que se incumplen "cuestiones elementales" que afectan a las garantías jurídicas básicas de los migrantes. El Defensor del Pueblo ha comprobado la ausencia de información sobre protección internacional, por ejemplo, o que la asistencia jurídica se prestaba de manera colectiva y no de manera individualizada.

En la mayoría de los establecimientos ha denunciado, además, que no hay presencia médica durante las 24 horas, ni asistencia psicológica y psiquiátrica, y no se realizan analíticas en el momento del ingreso para detectar enfermedades. Tampoco se garantiza que el personal médico tenga acceso inmediato a un intérprete cualificado durante los reconocimientos y consultas médicas.

Además, ha destacado la presencia de madres con hijos pequeños que permanecen en celdas. "Debería garantizarse que, en la medida de lo posible, estas personas no se vieran obligadas a ingresar en un calabozo y se priorizara sobre ellas la atención más inmediata", sugiere el documento.