En pabellones y polideportivos
El Defensor del Pueblo critica los alojamientos a los que se ha recurrido
Un pabellón antiguo con capacidad para 90 personas en las que se hacina un centenar largo de migrantes. Un polideportivo mal equipado para otro medio centenar de personas. Y poco más: en la parte central de la costa granadina, Motril trata de dar cobijo a decenas y decenas de migrantes en infraestructuras que no reúnen “unas mínimas condiciones para la asistencia humanitaria”, según el Defensor del Pueblo.
Una plantilla policial escasa y de prestado, y unos equipamientos manifiestamente insuficientes son los instrumentos con los que ese municipio de apenas 60.000 habitantes afronta una acogida de inmigrantes que va camino de récord. Solo en julio han llegado 927 personas. En los casi siete meses que van de 2018, 3.784: prácticamente las mismas que en todo 2017, según las cifras del Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias de la Cruz Roja. Pero el drama nunca se plasma solo en las cifras. Motril está en alerta permanente: hasta 60 personas viven pendientes las 24 horas del día de la llamada de Juan Alcausa. Alcausa es el responsable del equipo de voluntarios de la Cruz Roja motrileña para hacer frente a la llegada de embarcaciones. Cuando convoca a ese equipo, lo primero es preparar algo de comida, mantas y el equipo sanitario básico. A partir de ahí, esperar al barco y a los inmigrantes: esa es una operación que han tenido que repetir infinidad de veces este año. En estos siete meses, tantas como en todo el año pasado.
A poco más 200 kilómetros de Motril, el colapso es parecido. En Algeciras, a primera hora de la mañana de ayer, el Sindicato Unificado de la Policía difundió fotografías y un vídeo de más de 50 inmigrantes, aparentemente subsaharianos, hacinados en el patio de acceso a los calabozos de la comisaría. Unos aparecen sentados, otros acurrucados en el suelo e incluso uno de ellos está de pie, apoyado contra un muro. “Estuvimos dudando si difundir o no el material, pero lo hemos hecho por si se remueve alguna conciencia. Esto no puede soportarse más”, reconocen fuentes del sindicato policial.
La complicada situación ha llevado a que al menos 90 migrantes acaben también hacinados en módulos de obra del puerto de Barbate. El colapso es tremendo: el plazo máximo de detención es de 72 horas, pero en esos tres días “no da tiempo ni a identificar a los recién llegados”, según denuncia un policía de la zona. “Se les pone en libertad directamente porque no nos da tiempo. No somos máquinas; ya no damos más de sí”, denuncia el mismo agente.
Ese problema se repite en Motril: César Calín, representante del Sindicato Unificado de Policía, explica que los trabajos relacionados con la migración absorben tantos efectivos que “la labor habitual de prevención de la delincuencia está abandonada en Granada y en Motril”. “Aquí la gente ya no llama a la policía nacional porque sabe que no podemos ir; llaman a la local”.
Donde no llegan las instituciones intentan hacerlo las ONG. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado fleta autobuses desde Motril para trasladar a los migrantes a alguna de sus 1.000 plazas de acogida por toda España. Si todo va bien, tendrán un primer periodo de residencia en suelo español bien asistidos. Si no, acabarán abandonados en alguna estación de autobús.
