La justicia europea impone multas semestrales a España para que depure sus aguas urbanas

Los municipios o aglomeraciones de más de 15.000 habitantes que todavía no depuran correctamente sus aguas residuales –y, por lo tanto, no cumplen con una directiva de 1991– son siete de Andalucía (Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Nerja y Barbate), uno de Asturias (Gijón Este) y otro de Canarias (Valle de Güímar). El Ministerio para la Transición Ecológica –cuya titular, Teresa Ribera, ya advirtió hace unos días de la sanción que le venía encima a España– ha explicado este miércoles que, con la planificación actual de depuradoras, no será hasta 2022 cuando las nueve aglomeraciones urbanas cumplan con la normativa europea. La última será Barbate (Cádiz), según la planificación que ha difundido el ministerio. Pero este departamento también ha recordado que se está preparando ya un plan de choque. Y, tal vez, se aceleren los plazos.

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El ministerio sostiene que los Ayuntamientos son los que tienen las competencias en este asunto. "Y, subsidiariamente, las comunidades autónomas, salvo que exista una declaración formal de interés general del Estado o se haya suscrito un convenio específico con las comunidades", añade este departamento. En el caso de Andalucía, por ejemplo, en este momento cuatro de las actuaciones pendientes son competencia de la Junta y otras tres son del Estado.

Para forzar a España a que cumpla de una vez con la directiva, el tribunal europeo ha impuesto este miércoles esa sanción coercitiva de 11 millones cada seis meses mientras persista el incumplimiento de esas nueve localidades. Cada semestre se revisarán todos los casos pendientes. Y la multa de 11 millones se reducirá en función del grado de cumplimiento, es decir, de las depuradoras que empiecen a funcionar correctamente.

Agravantes

En su sentencia, el tribunal europeo ha resaltado que "el carácter especialmente prolongado de la infracción constituye una circunstancia agravante". Las sanciones llegan después de que la Comisión Europea demandara a España en abril de 2017 tras un sinfín de avisos, cartas de emplazamiento e, incluso, una condena, aunque sin multa, del mismo tribunal en 2011.

España tiene abiertos varios expedientes por incumplimientos de la directiva europea de tratamiento de las aguas residuales urbanas. Pero el caso sobre el que ha sido condenada ahora hace referencia a las aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes –la norma es más o menos estricta en función del tamaño de las localidades–. La directiva de 1991 establecía que estos municipios tenían que cumplir una serie de requisitos sobre colectores y tratamiento de aguas. Y la fecha tope que se daba era el 1 de diciembre de 2000.

Pero España no cumplió ni en 2001 ni una década después. La Comisión Europea demandó entonces al país. Y fue condenado en 2011 por el incumplimiento en 37 aglomeraciones de más de 15.000 habitantes. Aquella primera sentencia no acarreaba multa alguna y la Comisión dio a España un nuevo plazo para que esos 37 municipios cumplieran con la directiva. El plazo expiró en julio de 2013, pero 17 aglomeraciones –con una población aproximada de 1,4 millones– seguían sin depurar correctamente. Bruselas esperó aún casi cuatro años más para llevar a España ante la justicia de nuevo. En abril de 2017 presentó la demanda por la que España ha sido ahora condenada ahora.