Un psiquiátrico bajo sospecha

En Santiago de Compostela hay enfermos que llevan medio siglo ingresados en el hospital. Son pacientes del sanatorio psiquiátrico de Conxo, un reducto de la vieja psiquiatría que enclaustraba de por vida en manicomios a quienes perdían la cordura y que España se propuso erradicar hace 30 años. Una inspección de oficio del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente del Defensor del Pueblo, ha detectado en el centro que gestiona la Xunta excesos en los tratamientos, irregularidades en los ingresos y falta de vigilancia y seguimiento de los internos, cerca de la mitad despojados de cualquier esperanza de rehabilitación. La fiscalía de A Coruña ha abierto una investigación tras una denuncia de la asociación El Defensor del Paciente.

“Conxo es un sumidero de los derechos humanos”, advierte Miguel Anxo García, portavoz del Movimiento Gallego de Defensa de la Salud Mental, integrado por una veintena de sindicatos, colectivos sociales y organizaciones científicas. García, psicólogo clínico del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago al que está unido el psiquiátrico, explica que en el sanatorio conviven más de un centenar de “personas asiladas, que están allí como residentes”, con pacientes en proceso de rehabilitación (42 plazas) y afectados por alteraciones psiquiátricas “intensas” ingresados en la unidad de cuidados especiales (42 plazas). “La reforma [psiquiátrica] en Conxo fue eternamente pospuesta y en parte no llegó; nunca se hicieron las inversiones necesarias”, explica García.

Dos técnicos del Defensor del Pueblo, dos técnicas externas y una asesora del Valedor do Pobo de Galicia se presentaron por sorpresa en el hospital de Conxo el pasado 29 de noviembre. Durante dos días se entrevistaron con miembros de la dirección, del equipo médico y del resto de la plantilla; bucearon en los archivos para examinar los expedientes personales e historias clínicas; y celebraron encuentros reservados con algunos de sus 221 pacientes.

De aquella visita los inspectores concluyen que el sanatario, abierto en 1885 por la Iglesia con dos sacerdotes como primeros pacientes y que llegó a ser el más grande de Galicia al acoger a 1.500 enfermos, se aleja de la “concepción actual de las unidades psiquiátricas” y sigue siendo más un “centro residencial de salud mental de larga estancia”.

Tan larga que en el caso de algunos internos se mueve entre los 30 y los 50 años. Son los olvidados de la reforma psiquiátrica que emprendió España con la Ley General de Sanidad de 1986, pacientes aislados de este mundo, con el cuerpo desgastado por décadas de intensa medicación y cuya capacidad jurídica ha sido reducida a la de un niño. Enfermos a los que, según registra el Defensor del Pueblo, el hospital no practica seguimiento y que han tenido y tienen un “menor o mínimo acceso a actividades encaminadas al incremento de su autonomía e independencia”.

“Un dispositivo así es ilegal, no debería existir, porque permite la violación sistemática de derechos de personas discapacitadas con una vulnerabilidad extrema”, lamenta Xosé Ramón Girón, presidente de la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Galicia (Feafes). Pese a que los inspectores del Defensor del Pueblo concluyen que el personal trata a los internos con “respeto, cariño y cercanía”, el centro sufre una “insuficiencia general de recursos adecuados para su atención extrahospitalaria y sociosanitaria”, con instalaciones “obsoletas” y habitaciones “de aspecto impersonal”, en las que sus moradores ni siquiera se rodean de sus enseres y pertenencias.

El Servicio Gallego de Salud (Sergas) replica que sí existen recursos extrahospitalarios y de rehabilitación y que se han ejecutado reformas en el recinto: “Las personas en unidades de larga estancia tienen una amplia oferta de actividades, aunque en ocasiones sus limitaciones físicas y/o psíquicas no les permiten participar en alguna”.

Sobremedicación y habitaciones sin cámaras

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es un órgano independiente que inspecciona recintos donde haya personas privadas de libertad con el fin de prevenir “la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. En los últimos años ha visitado diversas unidades de salud mental por toda España, pero en ninguna, según la información difundida, se han constatado las graves irregularidades de Conxo. Asegura que en el hospital compostelano no existe un control oficial que registre los historiales legales y administrativos de los pacientes, algo que la Administración sanitaria niega, ni siquiera un procedimiento para realizarles un seguimiento.

Ningún médico firma en Conxo los ingresos voluntarios, por lo que no se comprueba “la suficiente capacidad del paciente para emitir un consentimiento válido”, una carencia que la Xunta promete subsanar. Y se han detectado “casos de sobremedicación de psicofármacos en las unidades destinadas a personas con más difícil manejo”. El Sergas responde que es "responsabilidad" de los médicos ajustar las dosis y admite el uso de neurolépticos para sedar a pacientes con graves alteraciones de conducta, pero solo en casos extremos y por breve tiempo.

Ni los pabellones donde residen los internos ni las habitaciones en las que se realizan “contenciones mecánicas” cuentan con cámaras que registren lo que allí ocurre. Algunos pacientes han denunciado haber sido sometidos a “medidas de contención” como castigo, una práctica prohibida, inciden los inspectores. Para las “contenciones” los enfermos son encerrados en estancias inadecuadas, por lo que el Defensor del Pueblo recomienda a los responsables de Conxo que instalen en las salas “al menos una cama anclada en el medio”, un “interfono para la comunicación con enfermería” y un sistema para que se pueda controlar desde el exterior lo que ocurre dentro. El Sergas se compromete a instalar videovigilancia y mejorar las habitaciones de "contención”, pero niega rotundamente que se inmovilice a los enfermos para castigarlos, una acusación que atribuye a que “algún paciente pueda vivenciarlo”.

La inspección ha constatado importantes carencias de personal que la Xunta también niega. En el hospital trabaja una única psicóloga clínica y un solo médico internista y las trabajadoras sociales soportan una carga de trabajo “alta” porque, señala el informe del Defensor del Pueblo, se ven obligadas a suplir las funciones de los tutores de los numerosos enfermos incapacitados.

El Movimiento Gallego de Defensa de la Salud Mental sostiene que debería aumentarse la plantilla con tres psiquiatras, siete psicólogos clínicos, 23 enfermeros, cuatro terapeutas ocupacionales y dos trabajadores sociales. Su portavoz rememora uno de los lemas de la reforma psiquiátrica, que abogaba por cerrar la puerta delantera de los manicomios y abrir la trasera para liberar a los enfermos, al resumir cómo debería saldar la Administración las cuentas pendientes con Conxo: "Hay que cerrar su puerta delantera y dotarlo de recursos para rehabilitar a las personas que están allí y que puedan salir".