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La justicia investiga una supuesta agresión sexual en un psiquiátrico de Santiago

Un colectivo de profesionales y pacientes atribuye el suceso a los recortes en la atención a la salud mental

Hospital psiquiátrico de Conxo, en Santiago.
Hospital psiquiátrico de Conxo, en Santiago.

El Movemento Galego da Saúde Mental vincula con los recortes sanitarios una presunta agresión sexual a una paciente y el suicidio de otra en la Unidad de Salud Mental del hospital público de Santiago de Compostela, ambos sucesos bajo investigación judicial. El colectivo, integrado por psicólogos, profesionales de la Administración de Justicia (Jueces Por la Democracia, Unión Progresista de Fiscales), Colegio Oficial de Educadores, sindicatos y otras asociaciones de profesionales y usuarios de la sanidad pública gallega, sostiene que lleva varios años alertando del “deterioro progresivo” de la atención a la salud mental en Galicia, causado por los “recortes y las formas de gestión sin planificación”, así como de las “constantes agresiones al personal”.

La gerencia del hospital compostelano niega relación de estos hechos con los recortes y sostiene que en ambos casos, “que siguen su curso judicial”, fueron “activados los protocolos” necesarios. El colectivo que ha hecho pública la denuncia tiene claro que los acontecimientos evidencian que se está “comprometiendo la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes” psiquiátricos del Hospital Médico Quirúrgico de Conxo, dependiente del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS). El Movemento da Saúde Mental insiste en alertar de la “escasa dotación” de la unidad psiquiátrica y de la “frecuente retirada de personal de enfermería” que se destina a “cubrir necesidades en otros servicios del mismo hospital, también debilitados por los recortes de personal”.

La asociación sostiene que cada vez es más escasa actividad de los pacientes ingresados debido a la “carencia de terapeuta ocupacional en el equipo y a la falta de medios para la coordinación y la elaboración de planes terapéuticos” que, detalla, deriva en “la repetición de agresiones al personal”. En su opinión, los hechos denunciados no solo “se pueden prevenir” sino que “no pueden aceptarse silenciándolos o permaneciendo pasivos ante ellos” y menos, puntualiza el colectivo, “los profesionales de la salud mental”. “La sociedad tiene derecho a conocer” lo que está ocurriendo, señalan estos profesionales sanitarios convencidos además de que los responsables del Servizo Galego de Saúde (Sergas) deben considerar ambos acontecimientos “como graves indicadores de que algo va muy mal en la atención a la salud mental” en la sanidad pública gallega.

Lejos de ello, la gerencia hospitalaria de Santiago asegura que ambos hechos no tienen relación alguna con los recortes en la Unidad de Salud Mental porque “no los ha habido”. “Más bien al contrario”, sostiene, el servicio “se ha potenciado con la apertura de nuevos dispositivos como la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Infanto-juvenil, única en Galicia y referente para toda la comunidad”. El equipo asistencial, zanja el Sergas, “ya ha transmitido las condolencias a los familiares y continúa en la búsqueda de la mejora continua en la asistencia sanitaria de todos los pacientes”.