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IU pone al PSOE en el brete de abolir el Concordato con la Iglesia

La formación de Garzón presenta una proposición de ley para revisar los Acuerdos con la Santa Sede

Alberto Garzón, antes de presentar la proposición que plantea eliminar el Concordato.
Alberto Garzón, antes de presentar la proposición que plantea eliminar el Concordato. EFE

IU insta al Gobierno a cumplir una vieja reclamación de la izquierda: denunciar el Concordato con la Santa Sede para dejar sin efecto el acuerdo de 1953 entre el Vaticano y la dictadura franquista, además de los Acuerdos del Estado y la Iglesia de 1976 y 1979. La formación de Alberto Garzón cuenta con el respaldo de Podemos en su presión a Pedro Sánchez, que se ha declarado en el pasado a favor de derogar los acuerdos con la Iglesia, aunque en el PSOE reconocen la dificultad para cumplir con la exigencia de sus principales aliados.

La propuesta de IU supondría sustituir los Acuerdos con la Iglesia en el plazo de un año por un nuevo acuerdo bilateral “basado en los principios de laicidad e igualdad entre hombres y mujeres” basándose en la condición aconfesional de España que recoge la Constitución. El primer paso sería la denuncia de los acuerdos alcanzados, para a continuación iniciar el proceso de revisión de los pactos con la Iglesia.

Privilegios en vigor desde hace 65 años

  • El Concordato de 1953 firmado por la dictadura de Franco con la Santa Sede otorgó a la Iglesia católica privilegios como la exención de impuestos y contribuciones de índole estatal o local a iglesias y capillas destinadas al culto, a las residencias del obispado y universidades eclesiásticas y a los seminarios destinados a la formación del clero.
  • También establecía subvenciones para la construcción de nuevos edificios como diócesis y catedrales y el mantenimiento de su patrimonio. Otra garantía era la “inviolabilidad” de palacios y curias episcopales, seminarios, iglesias y demás complejos religiosos incluida la fuerza pública “salvo en caso de urgente necesidad”.
  • Los Acuerdos de 1979 se firmaron para adaptarlos al carácter aconfesional del Estado recogido en la Constitución. El Estado se comprometía a colaborar con la Iglesia en “su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa”. Uno de los compromisos era asignar a la Iglesia “un porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta o el patrimonio neto u otra de carácter personal, por el procedimiento técnicamente más adecuado”.

La pretensión de la dirección de Garzón es forzar al PSOE a que se retrate después de defender durante años la revisión, en términos similares al resto de la izquierda española, de la relación con la Santa Sede. “Animamos al Gobierno español a denunciar el Concordato para que impulse un acuerdo bilateral con la Santa Sede que se base en los principios de igualdad y laicidad”, explica Garzón.

El PSOE ha gobernado en España 21 años —seis más que el PP—, pero desde La Moncloa abordó en sus etapas en La Moncloa el tipo de relación con la Iglesia católica. No obstante, los socialistas incluyeron en su programa para las elecciones generales de 2016 “denunciar los Acuerdos de España con la Santa Sede”. Las resoluciones del Congreso Federal del PSOE de hace un año, donde Sánchez celebró su reelección como secretario general tras imponerse en las primarias a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, incidían en la misma línea. “La condición laica del Estado requiere la derogación de normas y acuerdos constitutivos de privilegios heredados del pasado. Por ello es preciso proceder a la denuncia de los cuatro Acuerdos suscritos entre España y la Santa Sede en 1979, que dieron continuidad al Concordato establecido en 1953 entre el Régimen franquista y la Santa Sede”, se contempla dentro del apartado dedicado la “consolidación” de una sociedad laica.

La intención de la proposición de ley integral de memoria democrática y de reconocimiento y reparación a las víctimas del franquismo y la Transición de IU se comprende en toda su dimensión si se contextualiza con los gestos de Sánchez al sentido laico del Estado —prometió el cargo sin crucifijo ni Biblia por primera vez en democracia— en su primer mes de presidencia. La intencionalidad que se buscaba ya viene recogida en la Constitución, que en el artículo 16.3 establece que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Asimismo, los poderes públicos “tendrán en cuenta”, según la Ley Fundamental, las creencias religiosas de la sociedad española y “mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

La ausencia de objetos religiosos en la toma de posesión de Sánchez el pasado 2 de junio fue coherente con los principios que el presidente defendió desde antes de que la militancia del PSOE le eligiera secretario general de los socialistas por primera vez en julio de 2014. “No somos anticlericales, pero sí laicos (...) Derogaremos los acuerdos de la Santa Sede”, afirmó Sánchez semanas más tarde en el congreso del PSOE en el que fue ratificado.

La “denuncia” de los acuerdos con la Santa Sede y su carácter aconfesional es un compromiso que el predecesor de Sánchez en la secretaría general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, también adoptó en el congreso federal en el que se impuso en 2012 y mantuvo en sus dos años de mandato. Sánchez retomó el mismo ideario, cuya defensa resulta más compleja estando en el Gobierno que en la oposición, según reconocen cuadros socialistas de distintas federaciones.

La iniciativa de IU tiene un precedente reciente. El Congreso instó el pasado febrero al Gobierno de Mariano Rajoy a derogar los acuerdos con la Santa Sede y a sacar la religión del currículo, del horario lectivo y del ámbito escolar. La proposición no de ley, presentada por Unidos Podemos y Compromís y transaccionada con el PSOE, fue aprobada en la comisión de Educación por 18 votos a favor, 17 en contra y una abstención.

“La denuncia de los acuerdos con la Santa Sede es algo muy asumido por el PSOE desde el 39 congreso. No es que estemos de acuerdo con esta reivindicación de Unidos Podemos, es que es nuestra”, afirma el secretario de Laicidad de la ejecutiva federal del PSOE, José Manuel Rodríguez Uribes, informa Elsa García de Blas. “Si queremos avanzar en muchas materias, como la educación, hay que revisarlos”, incide. Ahora bien, el PSOE considera que corresponde al Gobierno “marcar el ritmo”. “El Ejecutivo tiene que decidir si es el momento de hacerlo”, señala Rodríguez Uribes. Los socialistas entienden además que una decisión como esta requiere consenso.

El traslado de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos refleja también la sensibilidad del Ejecutivo socialista con la memoria histórica. La proposición de ley de IU plantea el derribo de la cruz que se erige en el Valle de los Caídos y sacar del recinto los restos del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, además de los de Franco. También incluye la creación de una Fiscalía especial para las desapariciones forzosas y el robo de menores. Y reconoce el derecho a una indemnización de 80.000 euros a las personas beneficiarias de quienes fallecieron o sufrieron lesiones incapacitantes por la represión franquista hasta 1977.