Los nacionalistas aminoran la presión sobre el Gobierno de Sánchez

El PNV, de manera evidente, y los nacionalistas catalanes, en menor medida, han levantado la presión de sus demandas sobre el Gobierno tras la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia. Sánchez se ha entrevistado este lunes con el lehendakari, Íñigo Urkullu. El traslado de los presos etarras a cárceles cercanas al País Vasco y el traspaso de la gestión de la Seguridad Social —sin tocar la caja única— se estudiará en comisiones bilaterales sin plazo. El Gobierno descarta que esa demandasobre la Seguridad Social se concrete en esta legislatura.

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La reunión de este lunes entre Pedro Sánchez e Iñigo Urkullu en La Moncloa puso en evidencia que el nacionalismo vasco no quiere colocar en una situación demasiado incómoda al nuevo jefe de Gobierno. Desde el Ejecutivo catalán, con actitudes mucho más difíciles y demandas insuperables para el Estado, se apreció también un aminoramiento de la tensión durante la breve conversación que mantuvieron Sánchez y el presidente catalán, Quim Torra, el pasado viernes en la inauguración de los Juegos Mediterráneos en Tarragona. Ambos se verán en La Moncloa el próximo 9 de julio.

Sánchez ha comenzado con Urkullu la ronda de reuniones que va a mantener con todos los presidentes autonómicos. La cita con el lehendakari podría haber acabado mal si este hubiera planteado a Sánchez a modo de exigencia el traspaso de la gestión de la Seguridad Social y de las prisiones. No fue así, sino que ambos quedaron en crear una comisión bilateral que estudie las 37 transferencias que están pendientes de ser asignadas a la Administración vasca, según visión unilateral del País Vasco que Madrid quiere comprobar.

De todas ellas las prioridades están en la gestión de la Seguridad Social y los centros penitenciarios, que forman parte, además, del acuerdo de gobierno de coalición firmado y en vigor entre el PNV y el PSE-PSOE en el País Vasco. De todo ello se hablará sin tiempo limitado ni previsión de fechas, según reconoció ayer Urkullu tras su reunión de casi 90 minutos con el presidente del Gobierno.

Aunque Urkullu insistió en que el traspaso que solicita es de “la gestión” de la Seguridad Social y no de la competencia, por lo que no se produciría una ruptura de la caja única, en fuentes gubernamentales se precisa que el asunto es igualmente muy delicado y no está entre sus previsiones que pueda llevarse a efecto en esta legislatura. El Gobierno vasco no parece que vaya a hacer de esta demanda su caballo de batalla, como tampoco del traspaso de la gestión de las cárceles. No existe esa presión aunque sí el recordatorio de los peneuvistas de que ambas cuestiones forman parte del acuerdo de gobierno de coalición entre el PNV y el PSE-PSOE.

Todos los asuntos delicados se pasan a sendas comisiones: a la primera, con las 37 competencias pendientes, se añade otra para estudiar el traslado de los presos etarras a cárceles próximas al País Vasco, que el Gobierno central estudiará. Pocas reticencias se observan al respecto una vez que ETA ha anunciado su disolución, lo que favorece el fin, con condiciones y caso por caso, de la política de dispersión de los presos etarras.

La reunión sí terminó con la certeza de que asuntos mucho menos llamativos pero muy prácticos saldrán adelante. No habrá problema ni necesidad de esperar para que haya traspasos al País Vasco de determinadas autopistas, como la A-68 y parte de la A-1 y el Puerto de Pasaia.

A pesar de que su relación con el anterior Gobierno presidido por Mariano Rajoy no fue mala, como se apreció con la aprobación de los Presupuestos y de inversiones muy relevantes para el País Vasco, parece que con el Ejecutivo de Pedro Sánchez el contacto puede ir mejor. “Ya hay algunas diferencias con respecto al Gobierno anterior”, señaló Urkullu. “En mi segundo mandato como lehendakari, nunca he sido recibido en Moncloa, y tampoco se creó ningún grupo de trabajo para materializar los traspasos”, remarcó Urkullu para establecer diferencias entre el presidente popular y el socialista.

Además, también se van a estudiar los recursos ante el Tribunal Constitucional que el Gobierno de España, presidido entonces por Mariano Rajoy, presentó contra leyes del Ejecutivo autonómico. En la medida que el Gobierno estime que el Ejecutivo vasco pueda tener razón, se retirarán algunos de los recursos presentados y pendientes de estudio.

Respeto a las víctimas

Durante la reunión no se produjeron exigencias de Urkullu para que de todas estas comisiones bilaterales salgan plazos concretos para llevar adelante las transferencias que se piden.

Del lado del Gobierno central hubo también pocas objeciones, ya que sólo se trataba en principio de hacer comisiones de estudio. No obstante, las máximas “cautelas”, según expresión de Urkullu, que expresó Pedro Sánchez se referían a las víctimas del terrorismo de ETA. El presidente del Gobierno, explicó Urkullu en la rueda de prensa posterior a la reunión, quiso dejar claro que la política penitenciaria de acercamiento de presos tendrá siempre muy en cuenta el sentimiento y el respeto a las víctimas del terrorismo.

El lehendakari entiende “las razones de cautela” de Sánchez y le ha dado cuenta de las iniciativas que lleva a cabo el Gobierno vasco para “la memoria, reconocimiento y reparación a las víctimas”. A su juicio es el momento de “avanzar en la convivencia normalizada”. Dentro de ese objetivo incluye “la necesidad de un nuevo enfoque para la política penitenciaria en este nuevo tiempo tras la disolución definitiva de ETA”. Dentro de la legalidad, sí cree Urkullu que es el momento de “una reorientación legal de la política penitenciaria y el acercamiento de personas presas”.

Sin utilizar el lenguaje de su antecesor Juan José Ibarretxe, que decidio llevar adelante una reforma del Estatuto en clave netamente soberanista que fue rechazado por las Cortes, Urkullu sí se aproximó a reivindicaciones clásicas del nacionalismo vasco. Pero sin rupturas. “Vemos la necesidad de abordar una reflexión sobre el actual modelo de Estado desde la asunción de su propia realidad plurinacional y la existencia de hechos diferenciales que demandan un tratamiento propio y singular”, dijo el lehendakari. Y apostilló: “No hemos hablado de ruptura, sino de convivencia desde el respeto mutuo”.

Sí pidió a Sánchez “explorar la vía de una convención constitucional que permita interpretar el espíritu originario del pacto que supuso la Constitución”. “Esto supone apostar por un constitucionalismo útil al servicio de resolver los problemas y no enconarlos”, dijo. A estas apreciaciones no ha hubo respuesta del Gobierno salvo el principio general establecido por la ministra portavoz, Isabel Celaá, en días previos: “En una mano, diálogo; en otra, la Constitución”.