El Supremo suspende la declaración de la secretaria judicial que salió por la azotea de la Conselleria de Economía

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha suspendido este miércoles la declaración como testigo a Montserrat del Toro, la secretaria judicial que tuvo que salir por la azotea de la Conselleria de Economía el pasado 20 de septiembre debido a la concentración de miles de personas ante las puertas del edificio en protesta por el registro que estaba llevando a cabo la Guardia Civil. Llarena había citado a Del Toro a petición de las defensas del exvicepresidente y econsejero de Economía, Oriol Junqueras, y el exconsejero de Exteriores Raül Romeva, ambos en prisión provisional y procesados por rebelión y malversación. Pero las defensas han retirado su petición después de que la Fiscalía solicitase que se considerara a Del Toro testigo protegido.

La secretaria judicial ha llegado al Supremo a las diez de la mañana, una hora antes de la hora prevista para su declaración. Según fuentes presentes en la comparecencia, la Fiscalía ha solicitado que se la considerase testigo protegido y que no se grabara su declaración porque De Toro había expresado su temor a ser reconocida y perseguida en Cataluña. El juez Llarena ha aceptado esta petición, y, según estas fuentes, el magistrado ha manifestado que comprende el temor de la secretaria porque él también lo sufre. "Me miran siete veces en cada esquina", ha dicho Llarena, según estas fuentes.

Las defensas de Romeva y de Junqueras han decidido que, en esas circunstancias, renunciaban a la testigo. Los letrados han señalado que conocen a la secretaria porque es funcionaria del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, por lo que consideraban que la petición no estaba motivada. Llarena ha dado por terminada la vista y Del Toro ha abandonado el Supremo sobre las 12.00.

La declaración de la secretaria judicial podía aportar datos relevantes porque el instructor de la causa abierta en el Supremo contra los líderes del procés cree que lo que ocurrió ante la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 fue un “asedio” al dispositivo policial y judicial orquestado por los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, con la connivencia de la cúpula de la Generalitat. Estos hechos se han convertido en una de las patas de la causa porque Llarena los considera como uno de los episodios “violentos” en los que se asienta el delito de rebelión.

En estos hechos el instructor implica directamente a Sànchez y a Cuixart porque sus asociaciones impulsaron las movilizaciones "sabiendo" que, aunque la mayor parte de los ciudadanos estaban comprometidos con evitar situaciones violentas, "se iban a infiltrar necesariamente comportamientos agresivos". Llarena considera también responsables a Junqueras (porque “acudió” a la concentración ante la sede de su departamento) y al exconsejero de Interior Joaquim Forn, porque era el responsable de los Mossos, que, según ha destacado el instructor en sus autos, "favorecieron o no desplegaron ninguna actuación que pudiera poner término" a lo que estaba sucediendo.

Tras la comparecencia de Del Toro, el juez ha citado para el jueves a otros tres testigos, en este caso, trabajadores del departamento de Economía y de Òmnium pedidos por la defensa de Cuixart.