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Billy el Niño, acusado de torturas durante el franquismo, cobra un plus en su pensión por una medalla policial

El exinspector de la policía política de la dictadura Juan Antonio González Pacheco disfruta desde 1977 de un incremento del 15% en su paga por una condecoración

Billy el Niño Ampliar foto
El exinspector Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño', en 1981 en Madrid.

El exinspector de la Brigada Político Social —la policía política del franquismo— Juan Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, cobra desde 1977 una pensión vitalicia incrementada en un 15% por una medalla al mérito policial concedida ese mismo año, según ha informado este jueves la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que pedirá la retirada de este plus. Billy el Niño, de 72 años, es conocido por las torturas que infligió, por ejemplo, a centenares de estudiantes en la sede de la Dirección General de Seguridad, en Madrid. González Pacheco, nacido en el seno de una humilde familia de Aldea del Cano (Cáceres), dejó su huella en cada interrogatorio por la violencia y el sadismo con los que se empecinaba en maltratar a sus víctimas, según han relatado decenas de ellas.

La ARMH, nacida en el año 2000, solicitó al Gobierno de Mariano Rajoy información sobre la pensión de Billy el Niño. El Ministerio del Interior ha confirmado a la asociación que González Pacheco disfruta de un 15% más en su paga gracias a la medalla de plata al Mérito Policial que recibió en 1977 por el entonces ministro de Gobernación —después renombrado como del Interior—Rodolfo Martín Villa. El Boletín Oficial del Estado del 1 de julio de 1977 recoge que García Pacheco recibe esta condecoración "en atención a los méritos que concurren en el interesado [...] para premiar servicios de carácter extraordinario".

La distinción al entonces inspector está fechada el 13 de junio de 1977, dos días antes de las primeras elecciones libres en España desde la Segunda República, las que constituyeron las Cortes para la legislatura constituyente, que terminó en diciembre de 1978 con la aprobación en un  referéndum —con más de un 94% de apoyo— de la Constitución española. "Se sabía que a Billy el Niño no se le podría otorgar la condecoración con un parlamento democrático dos días después. Está dada con alevosía", opina Emilio Silva, presidente de la ARMH. El 24 de enero de ese mismo año Madrid sufrió la conocida como matanza de Atocha, un atentado terrorista cometido por la extrema derecha en el centro de la capital contra un bufete en el que trabajaba, por ejemplo, la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. El suceso, en el que cuatro abogados y un trabajador del bufete vinculados a Comisiones Obreras y al Partido Comunista fueron asesinados, fue llevado al cine por el director español Juan Antonio Bardem. En la película, titulada Siete días de enero, el actor Alberto Alonso interpreta a Billy el Niño.

El Ministerio del Interior ha explicado a la ARMH que la condecoración de Billy el Niño "lleva aneja una pensión anual vitalicia equivalente al 15% de 14 mensualidades de sueldo y trienios" y no tiene relación con la retribución por jubilación. "No tenemos ningún cálculo de cuánto dinero anual es el 15% a mayores que recibe [González Pacheco] porque la Seguridad Social y el Ministerio del Interior no nos han dado más detalles, pero es escandaloso que se le siga otorgando un premio por haber sido la punta de lanza de la policía política en los últimos años del franquismo", explica Silva, que está preparando una petición, que entregará al Gobierno la semana que viene, para que el Ejecutivo retire la condecoración a Billy el Niño: "Si alguien recibe una medalla y después se demuestra que no la merece, se le debe quitar. Un policía debe ser un protector, no un agresor".

Dos juzgados de Madrid no admitieron a trámite el pasado marzo sendas querellas presentadas por dos víctimas del franquismo contra González Pacheco al considerar que no existe delito de lesa humanidad y que el delito de tortura ha prescrito. Hace dos años la juez argentina María Servini de Cubría, que admitió en 2010 la querella contra los crímenes del franquismo presentada en Buenos Aires, envió sin éxito un exhorto a la Audiencia Nacional para interrogar a 19 imputados en la causa, entre los que estaba González Pacheco. Servini pretendía tomarle declaración en España entre el 4 y el 22 de abril. La magistrada también quería que declarara, entre otros, el exministro de Gobernación Martín Villa por la represión de la concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que murieron cinco personas y sufrieron heridas más de 150.

La justicia española cerró en 2014 la puerta a la investigación abierta por Servini al rechazar extraditar a Argentina al exinspector al considerar que los 13 delitos de torturas por los que le reclamaba este país sudamericano no podían ser calificados de lesa humanidad. En el caso de que hubieran sido reconocidos como genocidio, el delito no tenía plazo de prescripción, pero al ser calificadas de torturas, el abanico temporal era de diez años y ya se habían cumplido: los hechos por los que era reclamado fueron cometidos entre febrero de 1971 y septiembre de 1975.

Una de las víctimas del exinspector fue Luis Suárez, un arquitecto urbanista que cayó en sus manos en 1973, cuando tenía 24 años y militaba en la Liga Comunista Revolucionaria (LCR). Según relató Suárez, fue detenido por Billy el Niño y varios compañeros suyos en su casa del barrio madrileño de Chamartín. "Era verano, hacía mucho calor y te ponían un anorak cerrado para pegarte puñetazos y dejarte menos marcas. Me hicieron hacer el pato. Tenías que andar de rodillas con las manos esposadas y los pies descalzos. Cuando llegabas a una esquina, te golpeaba con una porra en las plantas de los pies. Disfrutaba, lo hacía por afición. Estaba encantado de estar allí. Tenía un interés personal en que le recordaras. Le obsesionaban nuestras relaciones personales y preguntaba quién se follaba a quién. Me decía: ‘Los trotskistas hacéis el amor libre, ¿verdad?’. Me pareció un tipo enfermizo", contó Suárez a este diario en 2013. El interrogatorio duró tres días.

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