La búsqueda de la “habitación acorazada” del ‘caso Lezo’

Más de un año después de que la Guardia Civil detuviera a los principales implicados en el caso Lezo, los investigadores siguen haciendo registros en busca de pruebas y del dinero no recuperado. El último, el pasado 26 de abril. Ese día, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García-Castellón, ordenó de manera urgente la entrada en dos viviendas propiedad del imputado Ildefonso de Miguel -gerente del Canal de Isabel II hasta el verano de 2009 y hombre de la máxima confianza del expresidente madrileño Ignacio González- en un intento de localizar documentación comprometedora. El registro se realizó ese mismo día e incluyó la participación de arquitectos del Instituto armado, además de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO). El motivo: buscaban lo que el magistrado denominaba en el auto una “habitación acorazada” ante la sospecha de que De Miguel pudiera ocultar pruebas del caso. Fuentes cercanas a la investigación señalan a EL PAÍS que la Guardia Civil localizó el habitáculo secreto, pero que en su interior solo había servidores informáticos. Ni rastro de papeles ni dinero.

La autorización del juez se produjo después de que la UCO remitiese a la Audiencia Nacional un oficio en el que alertaba de la posible existencia de un habitáculo secreto en el domicilio que el imputado tiene en la calle Burgohondo, de Madrid, y que figura como sede social de Zubelnelgenubi SL, “matriz del entramado societario” del propio De Miguel. La sospecha había surgido tras analizar un “archivo informático” intervenido en el que se apuntaba la existencia de antiguas obras de reforma en la vivienda para levantar una nueva habitación con “fuertes medidas de seguridad”. Los agentes sospecharon que el presunto cabecilla de la trama podía estar utilizando “para guardar de manera segura documentación y bienes que podrían estar relacionados con los hechos delictivos que se investigan”.

En su escrito, la Guardia Civil pedía también el registro de un segundo inmueble de De Miguel, este situado en un chalé de la calle Paseo del Río, de Pozuelo de Alarcón (Madrid), así como el de posibles trasteros, garajes y “cualesquiera otras dependencias anexas” que ambas construcciones pudieran tener, incluidos “cuartos de contadores, de calefacción” y azoteas. Para asegurar el éxito de la búsqueda, el juez García-Castellón pidió a los ayuntamientos donde se encuentran dichas viviendas –Madrid y Pozuelo de Alarcón- que entregasen a los agentes los planos de ambas construcciones y cualquier documentación sobre “reformas estructurales realizadas con posterioridad” en los inmuebles. Asimismo, reclamaba a dos empresas de construcción que supuestamente había contratado De Miguel para dichos trabajos que facilitaran de manera “inmediata y urgente” a la Guardia Civil los proyectos de obra realizados en dichos edificios y la identificación de la persona responsable de dichos trabajos con el objeto de localizar “la cámara acorazada”.

El auto del juez que autorizaba el registro señalaba que la UCO podía estar acompañado de “personal especialista en arquitectura” de la propia Guardia Civil para que auxiliara “en la interpretación de los planos” para localizar la habitación. También permitía “el uso de la fuerza proporcionalmente necesaria” para acceder a las viviendas y a la habitación buscada, así como a cajas fuertes “o muebles cerrados”. Y ordenaba el clonado de los dispositivos informáticos y de telefonía que se encontrasen, así como la intervención de cualquier documentación relativa a cuentas y productos financieros, aunque figurasen a nombre de terceras personas, y de “obras de arte, joyas y similares”. Todo ello con carácter de urgencia “para garantizar la sorpresa de su ejecución”. Incluso contemplaba que se adoptaran “medidas de vigilancia para evitar la fuga de personas supuestamente implicadas” en la ocultación de las hipotéticas pruebas que se buscaban.

Fuentes cercanas a la investigación confirman a EL PAÍS que el registro se realizó el 26 de abril, como indicaba el auto judicial, y que se encontró una habitación oculta. Sin embargo, señalan que en el interior de la misma no se halló documentación contable de la trama ni dinero. Solo los servidores informáticos con los que trabajaban las sociedades de De Miguel, en cuyo primer análisis los agentes no localizaron material relevante para la causa.

De Miguel, considerado estrecho colaborador del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, a quien acompañó en el polémico viaje a Cartagena de Indias en 2008, está acusado de los delitos de blanqueo, prevaricación, fraude, cohecho y pertenencia a organización criminal. La investigación lo relaciona tanto con las supuestas irregularidades en la compra de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II como con el presunto cobro de comisiones en la adjudicación del campo de golf que se construyó en unos terrenos de la empresa pública en Madrid. Tras su detención en abril de 2017, el entonces juez instructor de la causa, Eloy Velasco, le impuso una fianza 100.000 euros para eludir la prisión provisional.